El Congreso aprobó la figura de agentes de la autoridad para los trabajadores de prisiones con hasta cuatro años de cárcel en caso de agresión
Según el sindicato CSIF, la modificación de la Ley Orgánica de la General Penitenciaria también incluye la indemnización por daños personales o materiales, presunción de veracidad, formación específica teórica y práctica obligatoria y garantía de seguridad al personal laboral
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, jueves, reconocer con la figura de agentes de la autoridad a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias con hasta cuatro años de cárcel en caso de agresión.
Así, lo ha adelantado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), de tal forma que se ha logrado este objetivo mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.
Además, la reforma que aprueba el Congreso implica una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas, formación y seguridad jurídica.
Este reconocimiento, explican los representantes sindicales, es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.
“CSIF exige refuerzos de personal en Instituciones Penitenciarias y alerta del hacinamiento y sus consecuencias: hay 6.200 nuevos internos desde 2024 y más de 500 agresiones anuales: se produce una cada 18 horas”, indican.
En su opinión, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone un reconocimiento legal ante todas las Administraciones, sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario, y contempla una compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.
A ello, se une la garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión, recibir una formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración y garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.
Falta de personal, hacinamiento y agresiones
La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos, aseguran desde la CSIF. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.
De igual forma, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos, en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de CSIF, y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia y en trato directo con los internos, Médicos, Sanitarios y otras categorías.
Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal debido a la existencia de módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; y reclama a Interior y la Secretaría General de Prisiones que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Régimen General Penitenciario adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, entre otras.