Concentración de la Abogacía cántabra en los Juzgados de Santander y Medio Cudeyo para reivindicar el Turno de Oficio
En Cantabria, durante 2025 se registraron 10.506 asuntos de Turno de Oficio, atendidos por 490 profesionales de la Abogacía cántabra
La Abogacía cántabra se ha concentrado hoy, jueves, en los Juzgados de Santander y Medio Cudeyo para conmemorar el Día de la Justicia Gratuita, reivindicar un derecho esencial de la ciudadanía y poner en valor el trabajo de los profesionales que lo hacen posible.
Los actos comenzaron en la sede judicial del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo y continuaron en la sede de Salesas, en Santander. En ambos se dio lectura al Manifiesto en Defensa de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, bajo el lema ‘Es el turno de defender la Justicia’.
En el acto de Medio Cudeyo, estuvieron presentes profesionales; la alcaldesa maría Higuera (PRC), la concejala de Vox, María Luisa Jorrín, y la portavoz parlamentaria de este partido, Leticia Díaz, así como la candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, entre otros.
La vicedecana Cristina Pelayo fue la encargada de la lectura del manifiesto en el que se recuerda que “la Justicia Gratuita no es una concesión, es un derecho de la ciudadanía” y que el Turno de Oficio “no es una labor gratuita ni voluntaria”, sino “un trabajo profesional, especializado, permanente y comprometido” prestado por abogados y abogadas que sostienen cada día la defensa de quienes más lo necesitan.
El texto subraya además que “sin defensa no hay igualdad, sin igualdad no hay tutela judicial efectiva, y sin tutela judicial efectiva no hay verdadero Estado de derecho”. Por ello, la Abogacía cántabra ha reclamado a los poderes públicos un compromiso real, inmediato y sostenido con la Justicia Gratuita y con el Turno de Oficio.
En la concentración de Santander han participado además de Juan Sáez Bereciartu, director General de Justicia; Joaquín de la Serna, secretario del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC); Javier García Ruiz, en representación del Ayuntamiento de Santander y representantes de la Asociación de Jóvenes Abogados.
Los datos de Cantabria
En Cantabria, durante 2025 se registraron 10.506 asuntos de Turno de Oficio, atendidos por 490 profesionales de la Abogacía cántabra. Además, según los datos del Observatorio de Justicia Gratuita, se presentaron 8.340 solicitudes de Justicia Gratuita, de las que 4.716 obtuvieron el reconocimiento del derecho.
En 2025, la comunidad contó con 377 profesionales adscritos a la Asistencia Letrada al Detenido, 157 en violencia de género y 76 en extranjería. La presencia femenina es mayoritaria en varios servicios, especialmente en violencia de género y extranjería.
La evolución respecto al año anterior evidencia la presión que soporta el sistema. Los asuntos de Turno de Oficio aumentaron en cerca de 500 de 2024 a 2025, mientras que la inversión total descendió de 2.809.890 a 2.770.799 euros y el número de profesionales adscritos al Turno de Oficio bajó de 502 a 490.
Esta reducción progresiva de profesionales, unida al incremento de asuntos y al descenso de la inversión, conecta con una de las advertencias centrales del Manifiesto: “sin recursos suficientes, sin inversión estable y sin una financiación adecuada, no puede existir un Sistema de Justicia Gratuita eficaz”.
El documento también insiste en que “todo trabajo efectivamente realizado por la abogacía de oficio debe ser reconocido y retribuido” y reclama “compensaciones justas, dignas, suficientes y acordes con la complejidad técnica, la responsabilidad asumida y el tiempo dedicado”.
La Abogacía cántabra ha alertado de que la falta de mejora de las condiciones compromete la continuidad y la calidad del servicio. Tal y como recoge el Manifiesto, “cuando se debilita la defensa de oficio, se pone en riesgo el acceso a la Justicia y, con ello, el propio Estado de derecho”.
Por todo ello, la jornada ha servido para reivindicar una nueva Ley de Justicia Gratuita, financiación suficiente, retribuciones dignas y actualizadas, reconocimiento institucional y medidas urgentes que eviten el deterioro del servicio.
“Porque defender el Turno de Oficio es defender a la ciudadanía. Porque defender la Justicia Gratuita es defender la igualdad. Porque sin defensa no hay Justicia”, concluyó el Manifiesto.
Consejera
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), ha reafirmado hoy el compromiso del Gobierno de Cantabria con la mejora del sistema de asistencia jurídica gratuita y las condiciones de los profesionales del turno de oficio, y ha anunciado que el Ejecutivo autonómico espera aprobar antes de que finalice este año un nuevo decreto regulador que sustituirá al vigente desde 2023.
Urrutia, que ha participado en los actos con motivo del Día de la Justicia Gratuita, organizados por el Colegio de la Abogacía de Cantabria en la sede judicial de Las Salesas, ha asegurado que el nuevo texto normativo será fruto del diálogo mantenido con los colegios profesionales y permitirá incorporar sus principales reivindicaciones, sin esperar a “las tantas veces” anunciada reforma estatal de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pospuesta por el Ministerio.
La consejera del Gobierno cántabro ha subrayado que la justicia gratuita “es garantía de igualdad, cohesión social y protección de los derechos fundamentales” porque garantiza que ninguna persona vea limitado su acceso a la justicia por carecer de recursos económicos.
“Nuestro compromiso es irrenunciable para que este derecho pueda ejercerse sin trabas burocráticas innecesarias, con el máximo rigor en su reconocimiento y siempre en las condiciones que merecen los profesionales que intervienen en la defensa y representación de los ciudadanos”, ha subrayado.
Más recursos y mejores retribuciones
Con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita, Isabel Urrutia ha apuntado las medidas adoptadas por el Gobierno cántabro durante la presente legislatura para mejorar las condiciones económicas del turno de oficio.
Entre ellas, ha destacado la actualización de los módulos y baremos aprobada en 2024, que supuso un incremento del 37 por ciento respecto a los importes vigentes en 2022 y que tuvo efectos retroactivos desde el día 1 de enero de 2024.
Asimismo, la consejera de Justicia ha recordado la aprobación este año de una nueva orden que regula por primera vez la compensación económica de los profesionales que intervienen en los nuevos procesos de mediación que introduce la última reforma judicial, los medios adecuados de solución de controversias (MASC), y que también ha contado con efectos retroactivos desde la entrada en vigor de la nueva normativa estatal.
En paralelo, como ha recordado Urrutia, el presupuesto autonómico de este año destina 3.485.000 euros a la remuneración de abogados y procuradores del turno de oficio, lo que representa un incremento de 687.000 euros respecto a 2023, un 24,5 por ciento más.
La consejera de Justicia ha enmarcado todas estas actuaciones en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Pacto para la Justicia y ha asegurado que el Ejecutivo seguirá impulsando mejoras tanto en el procedimiento como en las condiciones de trabajo de los profesionales.
En este contexto, ha destacado la reciente finalización de las obras de remodelación de los espacios destinados al servicio de guardia en la sede judicial de Las Salesas, en Santander, actuación en la que el Gobierno cántabro ha invertido más de 39.000 euros para dignificar las condiciones de prestación del servicio.
Además, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja conjuntamente con Cermi Cantabria y el Colegio de la Abogacía en la elaboración de una guía sobre el funcionamiento de la justicia gratuita adaptada a lectura fácil y accesible para personas con discapacidad sensorial o intelectual.
“Seguimos trabajando para recuperar el tiempo perdido y seguir dotando a nuestra Justicia de los mejores medios y recursos para que los profesionales puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones, en beneficio de todos los ciudadanos”, ha concluido.
La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita tramitó durante el pasado ejercicio 6.552 expedientes, de los que fueron resueltos 6.476. De ellos, 5.233 solicitudes, el 80,8 por ciento, obtuvieron el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, mientras que 1.221 fueron denegadas.
Estas cifras suponen una reducción del número de solicitudes del 7,18 por ciento respecto a 2024 y un descenso del 10,1 por ciento de los expedientes estimados.