Cantabria no se vende denuncia la promesa incumplida de duplicar el número de inspectores de pisos turísticos ilegales

El Gobierno de Cantabria no ha cumplido su compromiso de duplicar el número de inspectores de turismo en los pisos turísticos ilegales. Así, lo afirmó el colectivo Cantabria no se vende, pese a que en noviembre de 2024 el consejero Luis Martínez Abad (PP), anunció un incremento de seis efectivos.

Una investigación de Cantabria No Se Vende (CNSV) confirma que la plantilla continúa un año después exactamente igual y denuncian que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte está “arrastrando los pies” para “permitir un descontrol en el sector que sólo beneficia a unos pocos a costa del bienestar de la mayoría de los cántabros”.

Estos inspectores forman el cuerpo de funcionarios encargado de vigilar que las viviendas de uso turístico cumplen la normativa vigente en Cantabria y entre sus funciones se encuentran verificar que los propietarios han presentado la declaración responsable obligatoria, comprobar que el alojamiento cuenta con la autorización de la comunidad de propietarios y asegurarse de que las viviendas disponen de los seguros, equipamientos de habitabilidad y dispositivos de emergencia exigidos por la Ley, recuerdan.

“Su labor es esencial para detectar pisos turísticos ilegales y garantizar un sector compatible con la vida de los vecinos. Con alrededor de 8.000 pisos turísticos operando en Cantabria, la Consejería cuenta únicamente con cinco inspectores y un administrativo para su control”, indican.

En los últimos meses, CNSV ha analizado de manera sistemática las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería, así como sus modificaciones y actualizaciones internas, de tal forma que hasta diciembre de 2025 se confirma que no se ha creado ni un solo puesto adicional de inspección turística en este periodo. La organización subraya que los únicos cinco inspectores existentes durante 2025 son los mismos que antes de la promesa por parte del consejero Martínez Abad en 2024.

La investigación también revela importantes deficiencias en las obligaciones de transparencia del Gobierno de Cantabria, remarcan. A su juicio, a lo largo del último año, la Consejería ha acumulado retrasos reiterados en la entrega de la información solicitada a través de la Ley de Transparencia, demorando sus respuestas más allá de los plazos legalmente establecidos. En varios casos, la información sobre la plantilla de inspección solo fue remitida tras varios requerimientos formales y fuera del plazo máximo permitido.

Además, el pasado día 10 de noviembre de 2025, durante la presentación del presupuesto de su departamento para 2026, el consejero volvió a anunciar una ampliación de inspectores, aunque esta vez rebajó a cinco y sin hacer referencia al incumplimiento de su compromiso anterior. Tres días antes, el día 6 de noviembre, la Consejería aprobó una modificación de la RPT para incorporar nuevos inspectores a partir de 2026, trasladando al futuro la promesa realizada en 2024.

Así, Abas presentó como compromiso para el próximo ejercicio lo que era, en realidad, el reconocimiento implícito de que la ampliación comprometida el año pasado nunca llegó a realizarse.

Según CNSV, la previsión para 2026 ha quedado así desfasada y supone “una promesa vacía”, dado que no corrige el incumplimiento previo y no sirve para enfrentarse a “la magnitud actual del problema”.

La falta de ampliación del cuerpo de inspección junto con la opacidad en la gestión de la información plantea, de acuerdo con CNSV, “serias dudas sobre la capacidad y el interés de la Administración autonómica para poner orden en el sector y velar por un turismo regulado, sostenible y respetuoso con la ciudadanía”.

Este incumplimiento se produce en un momento de fuerte crecimiento de las viviendas de uso turístico. En el último año, su número ha aumentado más de un 25 por ciento, y solo en el mes de julio se registraron 132 nuevas VUT. Esta tendencia tiene un impacto directo en la dificultad de acceso a la vivienda en régimen de alquiler a largo plazo, encareciendo los precios y reduciendo la oferta disponible para residentes.