Marina de Cudeyo exige la retirada del estudio de la nueva línea ferroviaria entre Bilbao y Santander

Vías del tren de la línea Santander-Bilbao.

El alcalde Pedro Pérez (PSOE) y miembros del equipo de Gobierno mantuvieron ayer una reunión con los vecinos afectados

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo exige la retirada del estudio de la nueva línea ferroviaria entre Bilbao y Santander. Así, se desprende de la reunión mantenida ayer entre el alcalde Pedro Pérez (PSOE) y el equipo de Gobierno con los vecinos afectados.

Entre los argumentos expuestos, el Consistorio hace referencia a que el coste estimado asciende a 3.985 millones de euros, incluyendo obra civil, señalización, comunicaciones, electrificación y reposición de servicios, además de que el estudio reconoce que el proyecto, una infraestructura de altas prestaciones con velocidad de diseño de 250 kilómetros por hora, no resulta rentable desde el punto de vista socioeconómico.

A ello, añade que el impacto ambiental y paisajístico sería extremadamente elevado, forzando la orografía local hasta límites inaceptables. “Y es que históricamente, la complejidad del terreno y el trazado sinuoso han impedido mejoras sustanciales en velocidad y capacidad ferroviaria”, comentó el regidor municipal.

No se olvida del estudio de rentabilidad de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el cual demuestra que ninguna de las alternativas propuestas alcanza los criterios habituales de viabilidad económica exigidos por el Ministerio de Transportes y la Unión Europea, situando la tasa interna de retorno (TIR) entre el 0,40 y el 0,51 por ciento, muy por debajo del tres por ciento de referencia y reconoce que la previsión de demanda se considera insuficiente para justificar una inversión de esta magnitud.

De igual forma, incide en que no existen precedentes de proyectos que hayan salido adelante con previsiones tan desfavorables como las que recoge este estudio de la ADIF. al tiempo que comenta que el proceso administrativo podría prolongarse más allá de 2040, ya que el estudio entra ahora en fase de información pública durante 30 días y en tramitación ambiental ante el Ministerio para la Transición Ecológica.

“Sin calendario ni financiación asignada, el proyecto parece responder más a una aspiración técnica y política a largo plazo que a una planificación real”, remarca.

Entre las razones esgrimidas, el alcalde hace mención a las consecuencias sobre los derechos de los afectados son graves, ya que la suspensión de licencias entre 12 y 18 meses genera una situación de inseguridad jurídica inaceptable, sin dejar de lado la preocupación por el impacto humano. En su opinión, las viviendas y los negocios afectados pertenecen a personas que viven y trabajan en el municipio y “resulta descorazonador comprobar cómo la Administración actúa bajo una lógica deshumanizadora, ignorando el sufrimiento emocional causado por un acto administrativo ajeno a la realidad del territorio”.

Para concluir, el equipo de Gobierno manifiesta que no está justificada ni la utilidad pública ni el interés social, requisitos legales imprescindibles para iniciar cualquier proceso expropiatorio, y resaltan que Cantabria carece de un plan regional de ordenación del territorio, lo que hace inviable este proyecto y cualquiera de características similares.

Retirada

El alcalde Pedro Pérez, tras hacer públicos estos argumentos, se refirió a las actuaciones que el Ayuntamiento llevará a cabo para su retirada.

El primer paso consistirá en la presentación de alegaciones antes del día 22 de diciembre de tal forma que se apurará el plazo hasta la semana del 15 de diciembre para que sean lo más sólidas, argumentadas y completas posible, recabando toda la información e informes necesarios.

También, se desarrollará un trabajo conjunto con la oficina técnica municipal para reforzar las alegaciones en la línea expresada y se contratará a una prestigiosa ingeniería para elaborar un informe que permita dar la mejor respuesta técnica posible.

Ambos trabajos, a su entender, serán fundamentales tanto para las alegaciones como para la oposición política ante las administraciones y en el ámbito mediático.

Las iniciativas contemplan ofrecer información continua a los afectados que así lo deseen acerca de cada novedad o acción realizada por el Ayuntamiento, la preparación de un modelo de alegación para quienes quieran utilizarlo y establecimiento de un día y hora para ofrecer ayuda presencial, y contactar con los demás ayuntamientos afectados, especialmente los más próximos, para conocer su postura y coordinar propuestas e iniciativas.

Durante el encuentro, el alcalde trasladó a los asistentes su solidaridad y apoyo en nombre del Ayuntamiento tras el encuentro.