CCOO exige la dimisión del edil de Torrelavega, Pérez Noriega (PRC), tras el fallo que obliga a invertir más de 550.000 euros en el servicio de Bomberos

Parque de Bomberos de Torrelavega. R.A.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía lamentó la desviación del dinero a otros gastos municipales 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha reclamado la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega (PRC) tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que obliga al Consistorio a invertir más de 550.000 euros no destinados al servicio de Bomberos entre 2020 y 2023.

El sindicato ha criticado la gestión municipal, señalando que los fondos, procedentes de aportaciones vinculadas a las aseguradoras por medio de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), debían haberse utilizado para reforzar el Servicio contra incendios y Salvamento (SCIS), algo que no se ha producido, y ha considerado “incomprensible” que haya sido necesario que los propios trabajadores recurrieran a la vía judicial para que se cumpla la ley en un ámbito tan sensible como la seguridad ciudadana.

En este sentido, ha subrayado que la falta de inversión se ha traducido en carencias estructurales del servicio, como falta de estudios técnicos sobre mapeos y sectorización, inexistencia de acciones preventivas que permitan conocer el entorno urbano donde se realizan las intervenciones, ausencia de protocolos y planes de acción ante emergencias, insuficiente formación y prácticas para la plantilla, así como una grave situación en el parque móvil, con vehículos obsoletos, falta de mantenimiento y adquisición de unidades de segunda mano en mal estado.

El sindicato ha advertido que esta situación, que CCOO ha denunciado de forma reiterada, repercute directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias y pone en riesgo a la ciudadanía, por lo que entiende que existen responsabilidades políticas claras al considerar que la gestión ha sido incompatible con la correcta prestación de este servicio esencial.

La federación ha manifestado que esta falta de interés por parte de las administraciones públicas pone en riesgo a la población, y ha recordado la reciente tragedia de El Bocal, donde seis jóvenes perdieron la vida por el mal estado de las infraestructuras y la falta de inversión.

“Cuando ocurre una tragedia de esta magnitud es cuando nos echamos las manos a la cabeza, pero lo cierto es que esta forma de actuar está a la orden del día y la responsabilidad última es de los responsables políticos que siempre miran hacia otro lado”, indicó.