Enfrentamiento entre Vox y el PP por dejar en el aire el Pleno para impulsar la investigación del contrato de basuras

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Guillermo Pérez-Cosío, ha criticado la actitud de la alcaldesa, Gema Igual (PP) al dejar en el aire la convocatoria del Pleno extraordinario para impulsar la comisión de investigación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.

Así lo ha manifestado el edil tras la Junta de Portavoces Extraordinaria en la que Gema Igual ha trasladado a los diferentes grupos políticos que los acuerdos que se adopten en ese Pleno también podrán ser posteriormente anulados, porque la solicitud registrada por 16 concejales del Consistorio presenta algunos defectos.

El portavoz del Grupo popular, César Díaz, indicó que el acuerdo propuesto por los Grupos municipales Socialista, Regionalista, Ciudadanos, Unidas por Santander y Vox para modificar el reglamento y regular las comisiones de investigación podría ser nulo de pleno derecho.

Díaz informó que en la Junta de Portavoces se ha presentado un informe del Secretario General del Pleno que asegura que dicho acuerdo vulnera el procedimiento legalmente establecido. "Al mismo tiempo, se ha trasladado a los grupos la opción de revisar y modificar su propuesta para ajustarla al procedimiento establecido", remarcó.

Aun así, Vox apuntó que “el PP está demostrando una falta de respeto total a los principios democráticos, al libre debate de propuestas y a la transparencia que tiene que servir de norte a toda actividad política”, ha apuntado.

Asimismo, para Pérez-Cosío la postura reticente de la alcaldesa “perjudica ante todo a los santanderinos, a los que no se quiere informar de las causas que han motivado el deterioro del servicio de basuras”.

Asimismo, añade que también perjudica al propio Ayuntamiento al no rendir cuentas ni aclarar las responsabilidades en las que han podido incurrir quienes han venido gestionando un área municipal que ha causado, y sigue causando, tanta queja como desconfianza entre los vecinos, que son quienes pagan ese servicio”, ha matizado.

El concejal de Vox ha aclarado que “no se trata de una guerra política, sino una exigencia de responsabilidades que resulta lógica y obligada tras lo sucedido con el contrato y para que la ciudad recupere cuanto antes la normalidad y no vuelvan a cometerse los mismos errores que nos han llevado a esa situación”.

El edil Guillermo Pérez-Cosío incidió en que “el comportamiento de los populares con el tema de las basuras está siendo muy censurable, ya que además de negarse a dar explicaciones, ha encomendado el control del contrato a una empresa externa sin respetar el acuerdo del Pleno que pedía que ese control se llevase a cabo directamente por personal funcionario”, ha explicado. En su opinión, también por conceder a dedo tanto el contrato de limpieza por 16,5 millones de euros anuales como su control.

Por último, el concejal de Vox ha señalado una vez más que “Santander sigue estando sucia, aunque se diga lo contrario, y los vecinos siguen denunciando el estado lamentable de sus barrios con las aceras llenas de basura y la presencia de ratas”.

Versión del PP

Como ha detallado César Díaz, portavoz del grupo municipal Popular, el informe deja constancia de que los acuerdos de Pleno deben sustentarse en un expediente con los informes, certificados y documentos que resulten necesarios o incluso obligatorios, y deben incluir la razón justificativa por la que no se somete la modificación reglamentaria, a nivel de anteproyecto, a un proceso de participación ciudadana.

Igualmente, al tratarse de un acuerdo que precisa el voto de la mayoría absoluta de la Corporación, el expediente debe contar con el informe preceptivo del Secretario General del Pleno.

El informe constata que la propuesta vulnera el procedimiento, con trámite intermedio de información pública por plazo de 30 días, y alerta de que el sometimiento de un asunto directamente al conocimiento del Pleno, sin mediar razones de urgencia justificadas y sin previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, supone la vulneración del derecho de los concejales a formular enmiendas y votos particulares para su defensa.

Todas estas consideraciones podrían suponer la nulidad de pleno derecho del acuerdo propuesto “por vulneración del procedimiento legalmente establecido y quebrantamiento del derecho de los concejales a la participación en la vida pública” y recuerda que de los acuerdos plenarios son responsables los concejales que votan a favor, mientras que están legitimados para recurrirlos quienes votan en contra.

Díaz explicó que el informe también deja constancia de que la solicitud del Pleno cumple con los requisitos establecidos y, por tanto, la Alcaldía debe proceder a su convocatoria, que deberá celebrarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud, a más tardar el próximo jueves 23 de diciembre.

Y culmina asegurando que “dado que la aprobación de la propuesta de acuerdo podría estar viciada de nulidad, sería deseable la revisión de su contenido y ajustar su tramitación al procedimiento establecido para la aprobación de reglamentos locales”.