Los vecinos de Santander pagarán un 2,7 por ciento más por las tasas del agua y alcantarillado al aplicarse el IPC
El Pleno aprobó la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones con los votos del PP, en contra de Vox, PRC e IU y las abstenciones del PSOE
Los vecinos de Santander pagarán un 2,7 por ciento más por las tasas del agua y alcantarillado al aplicarse el índice de precios al Consumo (IPC). Así, lo expuso en el Pleno extraordinario el equipo de Gobierno del PP donde se encontró el posicionamiento contrario del PSOE, Vox, PRC e IU.
De hecho, el portavoz de este último Grupo, Keruin Martínez, echó en falta otro modelo para este servicio que calificó de obsoleto y lleva sin revisión desde hace 11 años y tiene vigencia hasta 2031. En su opinión se deben aclarar las cuentas de la empresa concesionaria y solucionar los problemas de perdida de presión, alcantarillado y mala canalización. “La calidad del servicio es mejorable”, subrayó.
Por su parte, el regionalista Felipe Piña, comenzó su intervención diciendo que la alcaldesa Gema Igual (PP) se cuelga medallas con estas tasas sin explicar los motivos de su privatización cuando el servicio fue rentable para el Consistorio. “La empresa tiene unos beneficios de tres millones de euros al año y desde 2022 ha aumentado la tasa un 16 por ciento”, aclaró.
Sin embargo, desde su punto de vista la ciudad está que da pena con suciedad en las alcantarillas e inundaciones.
En el caso de Vox tomó la palabra Lucia Velasco quien indicó que no ha recibido el contrato actual de este servicio donde el beneficio ha sido de tres millones de euros en 2024; en 2025 está previsto 3,4 y en 2026, 3,2 millones de euros.
De igual forma, recordó que la Asociación de Vecinos ha denunciado las ordenanzas fiscales ya que exigen su nulidad y que devuelvan dinero a los usuarios.
Por si fuera poco, la portavoz de Vox remarcó que el PP lleva 10 años sin preocuparse por el cumplimiento del equilibrio económico-financiero.
En el debate, el PSOE, por medio de Daniel Fernández, resaltó que la propuesta se presenta sin diálogo y con un mensaje manipulado por la alcaldesa sobre la realidad de las tasas. “Es una subida camuflada del 2,7 por ciento, no hay congelación, y el Tribunal de Cuentas incidió en que se cobraron más de 700.000 euros por el suministro de agua”, matizó.
No se ha olvidado el PSOE de exponer que la empresa concesionaria debería invertir cuatro millones de euros en mejoras que no ha llevado a efecto, mientras continúa su mal funcionamiento con roturas de tuberías y fugas en diversas zonas.
Para cerrar el punto en el orden del día, la regidora municipal se quejó de la falta de contenido y conocimientos de la oposición sobre este servicio donde las tasas se han actualizado y les conduce a hablar de otros temas. “Si la economía lo permite en 2026 no se subirán los impuestos”, adelantó.
El PP mantiene bonificaciones, lo que supone un ahorro para los vecinos de 9,5 millones de euros, mientras se ha conseguido tener una deuda baja y se cumplen las reglas fiscales.
El Pleno aprobó la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones con los votos del PP, en contra de Vox, PRC e IU y las abstenciones del PSOE.
El secretario General y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha advertido que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada por el Partido Popular “no resistirá el examen de la Fiscalía”, después de que la Fiscalía General del Estado haya solicitado información a los ayuntamientos sobre el cumplimiento de la normativa en materia de calidad del aire y movilidad sostenible.
“La Fiscalía está pidiendo cuentas a los municipios, y lo que presenta el PP no cumple los requisitos mínimos legales, técnicos ni ambientales”, ha señalado Fernández durante su intervención en el Pleno extraordinario. “No basta con dibujar un cuadrado en un plano y llamarlo Zona de Bajas Emisiones”.
El portavoz socialista ha denunciado que el proyecto del PP es una ZBE mínima y vacía de contenido, sin delimitaciones significativas ni estudios de reducción real de emisiones, lo que podría derivar en sanciones por incumplimiento.
“Santander necesita una Zona de Bajas Emisiones de verdad, no un trámite para aparentar que se cumple la Ley. La Fiscalía está advirtiendo de que los municipios que no lo hagan correctamente podrían enfrentarse a consecuencias jurídicas”, ha subrayado.
El Grupo Municipal Socialista ha defendido que la Zona de Bajas Emisiones debe formar parte de un plan integral de movilidad sostenible, con objetivos claros, medidas de apoyo y participación vecinal. Fernández ha reclamado un refuerzo del transporte público, con más frecuencias y líneas bien conectadas; carriles bici seguros y coherentes, no tramos inconexos; prioridad peatonal en calles residenciales y entornos escolares; aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad y aparcamientos en altura para residentes, aprovechando los más de 400 solares vacíos existentes.
“Queremos que Santander funcione, que tenga una ZBE útil, eficaz y planificada. Pero el PP va con las manos vacías: sin plan, sin memoria técnica y sin diálogo con los vecinos”, ha criticado el portavoz socialista.
Responsabilidad política y jurídica
Fernández ha recordado que este no es solo un debate medioambiental, sino también de responsabilidad política y jurídica, ya que el incumplimiento de las obligaciones legales puede tener consecuencias administrativas para el Ayuntamiento.
“La Fiscalía les está avisando: no bastan los anuncios ni los planos sin fundamento. Si no cumplen la ley, habrá consecuencias. Les pedimos que rectifiquen antes de que la justicia medioambiental les pase factura”, ha concluido.
El PSOE Santander ha reiterado su exigencia de retirar la ordenanza actual, ampliar la delimitación de la ZBE con criterios técnicos, presentar la memoria completa y abrir un proceso real de participación ciudadana antes de su aprobación definitiva.
Para finalizar, la ordenanza para el control ambiental de instalaciones y actividades fue aprobada por el PP, Vox e IU y la abstención socialista y regionalista.