El PP de Santander rechazó elaborar un estudio sobre las necesidades de aparcamiento de los autónomos

El Pleno del Ayuntamiento de Santander rechazó la moción del PSOE para elaborar un estudio sobre las necesidades de aparcamiento de los autónomos. La iniciativa contó con el apoyo de socialistas y regionalistas; las abstenciones de IU y Vox y en voto en contra del PP.

El PSOE argumentó que el estacionamiento regulado sólo permite dos horas de aparcamiento como máximo lo que conlleva al profesional a mover el vehículo e interrumpir el trabajo. Por ello, pide una tarjeta con un coste anual de 50 euros y zonas de carga y descarga para ellos.

En el debate, Vox presentó una transaccional con el fin de que se suspenda la Zona de Bajas Emisiones por el grave impacto que ocasiona a los autónomos y pequeñas y medianas empresas, aunque los socialistas rechazaron la propuesta al considerar que no guarda sentido con la petición inicial.

Desde IU se interesaron sobre la entrada en vigor de la nueva OLA y el PRC registró una enmienda para incorporar una tarifa mensual o anual sin retirar los vehículos. Aun así, el PP criticó que con esta iniciativa quieren acabar con la OLA y no se puede privilegiar a ciertos sectores, además que indicó que no hay espacio porque supondría eliminar plazas para residentes.

Otra de las mociones fue defendida por Vox consistente en realizar una revisión integral de la senda del Mirador de La Peña. Tras presentar el PP una enmienda que incluye realizar una auditoría de las infraestructuras verdes y azules, la propuesta salió adelante por consenso.

De igual forma, se dio el visto bueno, por unanimidad, a la moción del PSOE para habilitar un espacio municipal para el archivo del patrimonio comercial en colaboración con la asociación Santatipo, que recoja grafismo, rótulos y etiquetas, entre otros elementos. El objetivo es conocer la memoria del comercio y la evolución de los barrios y podría ubicarse en la sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac) en el Mercado de este una vez que se traslade a su nuevo espacio.

También, se pide crear un archivo municipal para investigar y conservar el contenido, así como un inventario del patrimonio. La propuesta contó con una enmienda del PP para crear un depósito y colaborar con la asociación.

Para finalizar, se desestimó por el PP y el apoyo de la oposición la moción del PRC para convocar una comisión espacial, en el plazo de un mes, y realizar un diagnóstico de la situación y las carencias de la Policía Local en cuanto a medios, plantilla y protocolos.

Vox, IU y PSOE consideran necesario la iniciativa, aunque la portavoz de Vox, Laura Velasco, considera que es insuficiente das las carencias que arrastra el Cuerpo desde hace años y culpa de su situación al equipo de Gobierno y a la alcaldesa Gema Igual (PP).

Para el PSOE se debe debatir si las tomas de decisiones del Ayuntamiento han sido las adecuadas y revisar si las demandas de los agentes fueron atendidas y las consecuencias, mientras que el PP remarcó que sólo traen esta moción por El Bocal.

IU

Izquierda Unida (IU) de Santander ha denunciado la “deriva reaccionaria y sin complejos” del Partido Popular tras amparar desde el Ayuntamiento una programación contra el aborto y la muerte digna, además de iluminar la fachada consistorial en apoyo a estas posiciones.

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha afirmado que “el PP ha decidido quitarse definitivamente la careta de modernidad y de consenso”. “Lo vimos hace en el último pleno municipal, asumiendo el argumentario de la extrema derecha con sus propuestas sobre inmigración, y queriendo condicionar el acceso a los servicios públicos de las personas migrantes en situación regular a sus años de cotización, y ahora lo vemos con este ataque directo a derechos fundamentales de las mujeres y a la libertad individual”, ha señalado.

Martínez ha criticado además la colaboración con asociaciones que “no se limitan a expresar una opinión, sino que se dedican a acosar a mujeres en las puertas de las clínicas”, algo que ha calificado de “inaceptable en una institución pública”.

La formación ha insistido en que no se trata de un hecho aislado, sino de una forma de actuar sostenida. “Mucho iluminar de morado el Ayuntamiento el 8M, mucho minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, pero luego mantienen a hombres condenados por violencia machista en su entorno político más cercano y promueven discursos que cuestionan derechos conquistados”, ha denunciado Martínez.

El edil ha añadido que “este doble discurso es una práctica habitual del PP de Santander”. “Recurren al greenwashing para vender una falsa sostenibilidad, presumen de Ciudad Amiga de la Infancia mientras normalizan la presencia de menores en los toros y hablan de accesibilidad sin garantizar baños públicos ni medidas reales para las personas con movilidad reducida”, ha afirmado.

IU ha anunciado que pedirá explicaciones en el próximo Pleno municipal y exigirá que el Ayuntamiento “deje de utilizar recursos públicos para difundir una agenda ideológica reaccionaria que ataca derechos reconocidos de las mujeres”.

Comisión 8M

Una delegación de la Comisión 8 de Marzo y de la Asociación Derecho a Morir Dignamente han mostrado hoy, jueves, su rechazo en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Santander al respaldo del consistorio a los actos organizados por colectivos provida y la iluminación de la fachada consistorial con motivo del denominado “Día de la Vida”.

La Comisión 8 de Marzo y de la Asociación Derecho a Morir Dignamente critican la hipocresía del ayuntamiento santanderino por participar de manera activa en una iniciativa sin reconocimiento internacional que responde a una agenda ideológica abiertamente contraria a derechos individuales, opcionales y claramente constitucionales, como la interrupción voluntaria del embarazo o la muerte digna.

“Lejos de tratarse de un gesto inocuo, estos hechos evidencian una preocupante deriva institucional: el uso de recursos públicos y espacios simbólicos de toda la ciudadanía para cuestionar derechos plenamente reconocidos por la legislación vigente; derechos que no son opinables ni están sujetos a la moral particular de ningún gobierno, que son expresión de libertad individual y que no van contra nadie”, subrayan las dos plataformas en un comunicado.

Para la Comisión 8 de Marzo y la Asociación Derecho a Morir dignamente, “lo ocurrido desmonta la imagen de compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres que el Ayuntamiento y la Concejalía de Igualdad intentan proyectar”.

“No se puede sostener un discurso institucional de respeto a los derechos mientras se colabora activamente con organizaciones que trabajan para restringirlos; Esa careta cae cuando los hechos hablan”, agrega el comunicado.

En opinión de la Comisión 8 de Marzo y la Asociación Derecho a Morir Dignamente “la implicación directa del equipo de Gobierno en estos actos, junto a entidades que promueven la criminalización del aborto y cuestionan la autonomía personal en el final de la vida, constituye una forma de violencia institucional”.

“Supone trasladar a la ciudadanía, y especialmente a las mujeres y a las personas gravemente enfermas, que sus decisiones, aunque legales, pueden ser señaladas, cuestionadas y estigmatizadas desde las propias instituciones que deberían protegerlas”, recalcan.

La Comisión 8 de Marzo y la Asociación Derecho a Morir Dignamente consideran que la decisión del Ayuntamiento de Santander “no es solo una toma de posición ideológica, es la normalización desde lo público de discursos que históricamente han servido para culpabilizar, estigmatizar y controlar a las mujeres y a quienes quieren decidir sobre su propia muerte”.

Estrategia, no hechos aislados

El comunicado advierte de que “este tipo de iniciativas no son hechos aislados, sino parte de una estrategia más amplia de normalización de discursos reaccionarios desde lo público, que buscan reabrir debates ya saldados en el marco democrático, de igualdad y de derechos humanos”.

“Cuando una Administración Pública utiliza su legitimidad para dar cobertura a posiciones que niegan derechos, está fallando en su función esencial. No es neutralidad: es alineamiento ideológico con quienes quieren recortar libertades”, subraya el comunicado, que recuerda que “el aborto y la eutanasia son derechos reconocidos legalmente y prestaciones integradas en el sistema sanitario público, y que cuestionarlos desde las instituciones supone un grave retroceso democrático”.

Por todo ello, la Comisión 8 de Marzo y la Asociación Derecho a Morir Dignamente reclaman “el cese inmediato de cualquier colaboración institucional con organizaciones contrarias a derechos fundamentales; la retirada de cualquier acción simbólica o programática que contribuya a estigmatizar decisiones legales de la ciudadanía; y un compromiso real, no meramente discursivo, con la defensa de los derechos de las mujeres y de los enfermos terminales”.

“La defensa de los derechos no puede ser selectiva ni oportunista y las instituciones no están para representar la moral de unos pocos, sino para garantizar la libertad de todas y todos”, añaden ambas organizaciones, que matizan que “Santander merece un Ayuntamiento que proteja derechos, no que los ponga en cuestión”.

“La careta institucional ha caído. No estamos ante un error puntual, sino ante una forma de gobernar que utiliza lo público para imponer una agenda ideológica contra derechos reconocidos”, concluye el comunicado que advierte que “frente a eso, vamos a responder con organización, con denuncia y con movilización porque nuestros derechos no se negocian, no se recortan y no se someten a la moral de ningún Gobierno”.