El Ministerio Fiscal dicta alejamiento del menor a los cuatro investigados por presunto acoso escolar en el instituto Torres Quevedo en Santander
Los padres del alumno defienden el derecho de su hijo a seguir en el mismo centro, aula y con los mismos profesores
El Ministerio Fiscal, Sección de Menores, ha dictado, como medida cautelar, una orden de alejamiento del menor a los cuatro investigados por presunto acoso escolar en el instituto Torres de Quevedo en Santander. La orden incluye el alejamiento de su domicilio, del centro de estudios y la prohibición de comunicación por cualquier medio hasta que se ponga fin al proceso.
También, aseguró que los hechos se investigan como posibles delitos de lesiones o maltrato de obra y de discriminación a un menor con parálisis cerebral y en silla de ruedas.
La petición de la Fiscalía se resolverá conforme a la Ley del Menor, Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero una vez oídas las defensas.
Los padres del alumno defienden el derecho de su hijo a seguir en el mismo centro educativo, aula y con los mismos profesores.
Auto
La titular del Juzgado de Menores de Santander ha acordado una medida cautelar para los cuatro menores expedientados por presuntamente maltratar a un compañero de instituto consistente en la prohibición de acercarse y de comunicar contra el alumnos por cualquier medio o por medio de terceras personas hasta que recaiga una sentencia firme.
En un auto hoy dado a conocer y contra el que cabe recurso, la magistrada atiende de este modo a la petición realizada por la Fiscalía de Menores, que el pasado viernes solicitó la adopción de esta medida. La juez entiende que “se estima guarda la necesaria proporcionalidad con los hechos que han motivado la incoación del expediente”.
Y es que “de lo hasta ahora instruido y sin ánimo de prejuzgar, se desprende indiciariamente que los mismos pudieran tipificarse como delitos de maltrato, trato degradante y delito de odio, de especial gravedad atendida la situación de vulnerabilidad de la víctima, el entorno escolar en el que se producen y demás circunstancias concurrentes”.
Por eso, acuerda la adopción de la medida cautelar de prohibición de acercarse al menor, a su domicilio, lugar de estudios o cualquier otro en el que se encontrara, y de comunicarse con el mismo por cualquier medio o a través de terceras personas.
Del mismo modo, acuerda que se comunique la decisión al instituto y a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, “debiendo garantizarse en todo caso el derecho a la educación de los menores expedientados”.