El Ayuntamiento de Santander, obligado a suspender el examen de 10 plazas de auxiliar administrativo debido a una sentencia judicial

El Ayuntamiento de Santander deberá suspender la celebración del primer examen para 10 plazas de auxiliar administrativo del próximo sábado, día 24 de enero, tras la notificación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que declara caducada una plaza convocada en el año 2022.

Así y a raíz de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019, anula, a su vez, todos los actos administrativos posteriores a la misma, lo que afecta a la convocatoria cuyos procesos selectivos estaban a punto de comenzar.

Así lo ha informado hoy el concejal de Recursos Humanos, Calidad y Patrimonio, Daniel Portilla, quien ha remarcado que se trata de una medida que se toma por causas ajenas al Ayuntamiento, que tratará de agilizar al máximo los trámites necesarios para que se apruebe una convocatoria en las mesas de negociación y las pruebas de selección se puedan convocar y celebrar en un plazo aproximado de seis meses.

Portilla ha remarcado, además, que se devolverán las tasas de examen a los aspirantes que han concurrido a este proceso. De esta manera, en próximas fechas se informará a los aspirantes admitidos del procedimiento para solicitar la devolución de las tasas abonadas en el año 2022

“Lamentamos enormemente los inconvenientes que conlleva la suspensión de este proceso selectivo para las personas que van a opositar a estas plazas, pero como consecuencia de la sentencia del TSJC y, ante la inseguridad jurídica creada, no nos queda más remedio que tomar esta decisión”, ha subrayado el edil, quien ha insistido en que la convocatoria se retomará lo antes posible.

El responsable municipal de Recursos Humanos ha detallado que el Ayuntamiento de Santander tuvo conocimiento, en el día de ayer, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en la que se declara caducada una plaza convocada en el año 2022, a raíz de la OEP del año 2019, lo que supone, de facto, que la convocatoria de la plaza decae, anulando todos los actos administrativos posteriores a la misma.

La sentencia, asimismo, recoge como fundamento jurídico la reciente sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2025, en la que se modifica la jurisprudencia vigente sobre la caducidad de las plazas convocadas en OEP.

En dicho auto, el Supremo resuelve que el plazo de tres años para entender caducada una plaza y que fija el Estatuto Básico del Empleado Público no es hasta la convocatoria de la misma, como se venía interpretando hasta la fecha, sino que esos tres años deben entenderse como el plazo máximo para su completo desarrollo (convocatoria, exámenes y nombramiento).

Como consecuencia de esta sentencia y ante la inseguridad jurídica creada, el Ayuntamiento de Santander no tiene otra opción que suspender la convocatoria de 10 plazas de auxiliar administrativo, vinculadas a la OEP de 2019, convocadas en el año 2022 y que iban a celebrar su primer examen el próximo sábado, día 24 de enero.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento había optado por ejecutar la OEP buscando el equilibrio entre la sentencia del Supremo, que en su cláusula decimosexta afirmaba que podía prolongarse dicho plazo por interés general, y el perjuicio que causaría a terceros (aspirantes ya admitidos al proceso selectivo).

“No obstante, ante la sentencia conocida ayer y a la vista de los informes jurídicos y técnicos al respecto, la decisión resulta ya incuestionable, toda vez que el TSJC asume la jurisprudencia del TS en su totalidad”, ha apuntado el concejal.

Portilla ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento se compromete a que, una vez se declaren caducadas dichas plazas, se negocie y se convoque con la mayor celeridad posible la OEP de 2026, en la que se incluirán de nuevo y como mínimo estas mismas 10 plazas, que se sumarán a las siete ya aprobadas en las OEPs de 2023, 2024 y 2025; de manera que los nuevos exámenes se puedan celebrar en los próximos seis meses.

Dimisión

Izquierda Unida (IU) en Santander ha exigido la dimisión del concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Daniel Portilla, tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que obliga a suspender y anular el proceso selectivo de 10 plazas de auxiliar administrativo, al considerar caducadas las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2019.

Así se ha expresado el concejal de la formación, Keruin Martínez, tras conocer la noticia. Martínez ha señalado directamente a la alcaldesa, Gema Igual (PP), y ha calificado lo ocurrido como “un episodio gravísimo que no puede saldarse con explicaciones técnicas”. “Esto debe tener responsabilidades políticas tanto en el responsable directo del área como de la alcaldesa, Gema Igual, por permitir una gestión negligente y reiterada del personal municipal, que nos está llevando a una situación insostenible”, ha criticado.

Martínez ha señalado que “lo que estamos viendo no es un error puntual, sino una dinámica de caos y mala gestión de todo lo que tiene que ver con el personal municipal”. Para él, esta sentencia es solo “la última consecuencia de años de improvisación, retrasos y desprecio por la planificación”.

Asimismo, ha pedido el cese del director de Recursos Humanos, Juan Dañobeitia, quien ya el pasado mes de septiembre fue advertido por los representantes sindicales de la enorme inseguridad jurídica que rodeaba este proceso selectivo. “Nos consta, por medio de los sindicatos, que el director de Recursos Humanos fue advertido de que seguir adelante con esta convocatoria suponía un riesgo jurídico evidente. Aun así, se optó por continuar, entre otras razones, para evitar devolver las tasas a los aspirantes. En última instancia, han perjudicado gravemente a los más de 1.300 inscritos en el proceso a apenas una semana de celebrarse la prueba. Esa decisión política y administrativa es inaceptable”, ha afirmado Martínez.

Izquierda Unida ha subrayado que la resolución judicial, basada en la reciente doctrina del Tribunal Supremo, deja en evidencia la incapacidad del equipo de gobierno del Partido Popular para ejecutar correctamente las ofertas de empleo. “Han generado inseguridad jurídica, frustración entre los aspirantes y un perjuicio directo al funcionamiento de los servicios públicos”, ha lamentado el concejal.

En este sentido, Martínez ha insistido en que este no es más que el último episodio de una larga lista de conflictos laborales y carencias denunciadas durante los últimos años por Izquierda Unida, los sindicatos y otros grupos de la oposición, entre los que destacan las protestas por el incumplimiento de acuerdos y el enfrentamiento de la alcaldesa con la Policía Local.

“Cuando faltan policías en la calle, cuando no se abonan las horas extra o cuando los servicios sociales están desbordados por la falta de personal, no estamos ante un problema técnico, sino político”, ha advertido el edil. “Si falla la gestión local, fallan todos los servicios públicos. Y cuando este fallo es estructural y sostenido en el tiempo, alguien tiene que rendir cuentas y asumir responsabilidades”.

Por último, Izquierda Unida ha anunciado que, dentro del contacto constante que mantiene con representantes de la Junta de Personal del Ayuntamiento, ha solicitado una reunión urgente para principios de la próxima semana con el fin de abordar tanto la anulación de los procesos selectivos como el conjunto de problemas laborales y organizativos que el Consistorio viene arrastrando.

“El Ayuntamiento es la primera parada en la atención a la ciudadanía, no el último recurso cuando ya no queda otra cosa, que es lo que piensa el PP y los destructores de lo público”, ha insistido Martínez, quien ha concluido que, en este caso, “lo que está en juego no es solo una oposición anulada, sino la credibilidad del Ayuntamiento y la calidad de los servicios públicos que se prestan a los vecinos y vecinas de Santander”.

PSOE

El secretario General del PSOE en Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha exigido responsabilidades políticas inmediatas a la alcaldesa Gema Igual )PP) por el colapso en la gestión de personal del Ayuntamiento, tras conocerse la caducidad de más de 1.200 plazas públicas aprobadas en 2022 que ni se han convocado ni se han cubierto en cuatro años.

“Esto no es una anécdota ni un olvido administrativo. Es la consecuencia de años de abandono, de falta de planificación y de una alcaldesa que ha dejado morir la gestión del Ayuntamiento por pura dejadez política”, ha afirmado Fernández, quien ha calificado los hechos como un “escándalo institucional de primer nivel”.

El líder socialista ha recordado que esta inacción supone, además, la devolución de tasas a cientos de personas que confiaron en una convocatoria pública que nunca llegó a materializarse. “Una estafa a la ciudadanía y una bofetada al esfuerzo de quienes se prepararon para acceder al empleo público”, ha señalado.

Fernández también ha advertido que a estas 1.200 plazas anuladas hay que sumar otras 22 vacantes de Policía Local que han caducado por falta de seguimiento y previsión. “¿Cómo puede ser que en una ciudad que necesita más agentes, más personal, más servicios, se dejen perder plazas sin hacer absolutamente nada?”, se ha preguntado.

Además, ha puesto como ejemplo del abandono institucional la falta de sustitución del director del MAS (Museo de Arte de Santander), cuya plaza sigue sin convocarse. “El Ayuntamiento no se puede gestionar desde el abandono, la improvisación y la excusa técnica permanente. Gobernar implica asumir responsabilidades y cuidar lo público. Y este PP no está cumpliendo”, ha reprochado.

Fernández ha acusado a Gema Igual de “esconderse detrás de sus concejales y técnicos”, mientras los servicios públicos se deterioran y los trabajadores municipales denuncian la falta de rumbo. “La máxima responsable es ella. Y en política, no asumir responsabilidades es también una forma de mentir a la ciudadanía”, ha dicho.

El portavoz del PSOE ha anunciado que exigirá explicaciones en el próximo Pleno y que planteará un plan de choque inmediato para evitar que siga cayendo la estructura de personal municipal, ya muy tensionada por las jubilaciones no cubiertas y la precariedad en algunas áreas.

“No puede ser que tengamos un Ayuntamiento que no convoca plazas, que no cubre jubilaciones y que encima castiga a quienes confían en lo público. Si Santander funciona es por el compromiso de sus trabajadores y trabajadoras, no por el equipo de gobierno del PP”, ha concluido.

PP

El concejal de Recursos Humanos, Calidad y Patrimonio del Ayuntamiento de Santander, Daniel Portilla, ha acusado hoy al PSOE de “intentar generar crispación y confusión entre los opositores a base de mentiras y manipulaciones”.

Portilla ha salido así al paso de las afirmaciones realizadas por el portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, sobre la suspensión del proceso selectivo de auxiliar administrativo, y ha señalado que estas declaraciones “están viciadas por tergiversaciones, e incluso con errores o datos falsos”.

En este sentido, ha criticado que el responsable socialista asegure que estas plazas no se han convocado. “Es una afirmación tan falsa que se desmiente por sí misma: la convocatoria estaba tan aprobada y el proceso tan avanzado que la fecha de examen ya estaba fijada para el próximo 24 de enero”.

Portilla ha vuelto a detallar que lo que ha motivado la suspensión del examen ha sido la sentencia del TSJC que declara la caducidad de una plaza vinculada a la OEP de 2019, que el Ayuntamiento conoció el pasado jueves, y que genera inseguridad jurídica sobre el resultado del proceso.

“El PSOE manipula deliberadamente, generando una alarma innecesaria y absolutamente injustificada entre las personas que están preparando esta oposición”, ha subrayado el edil.

Portilla ha insistido en que no se trata de una decisión política ni discrecional del Ayuntamiento, sino de una obligación legal derivada de una resolución judicial firme, por lo que ha lamentado que el PSOE “opte por utilizar una situación compleja desde el punto de vista jurídico para hacer ruido político, en lugar de explicar la realidad con rigor y responsabilidad”.

El responsable municipal ha recordado que el Ayuntamiento devolverá íntegramente las tasas de examen a todos los aspirantes y que ya se está trabajando para agilizar la aprobación de una nueva Oferta Pública de Empleo, en la que se incluirán, como mínimo, estas mismas 10 plazas, con el objetivo de que las nuevas pruebas puedan celebrarse en un plazo aproximado de seis meses.

Igualmente, Portilla ha señalado que el PSOE tampoco acierta al referirse a las plazas de Policía Local, afirmando que no son 22, como sostienen, sino 20 plazas de promoción interna, correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de 2021, publicadas en diciembre de 2022.

Como ha explicado, dichas plazas se han visto afectadas por la misma doctrina jurisprudencial y fueron declaradas caducadas el pasado mes de diciembre. No obstante, ha aclarado que, a diferencia del proceso de auxiliar administrativo, en el caso de la Policía Local no se había iniciado ningún trámite del proceso selectivo, por lo que no existen aspirantes admitidos, pruebas convocadas ni actos administrativos posteriores que deban ser anulados.

“Estamos ante dos situaciones completamente distintas que el PSOE mezcla de forma interesada o por desconocimiento, demostrando una preocupante falta de seriedad en un asunto que afecta a empleados públicos y aspirantes”, ha señalado Portilla.

Además, ha reseñado que este caso, al tratarse de un proceso de promoción interna, no tiene una repercusión directa sobre la incorporación de nuevos efectivos a la plantilla municipal.

El concejal ha reiterado que la previsión del Ayuntamiento es agrupar estas plazas de Policía Local en la próxima Oferta Pública de Empleo de 2026, junto con aquellas que pudieran quedar pendientes de OEPs anteriores, para que todos los procesos selectivos puedan ponerse en marcha a la mayor brevedad.

“Frente a la desinformación y el alarmismo del PSOE, este equipo de Gobierno ha actuado con transparencia, respeto a la legalidad y responsabilidad hacia los opositores, que son los verdaderos afectados y a quienes hemos aportado explicaciones claras y veraces”, ha añadido.

Vox

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, ha acusado a la alcaldesa Gema Igual y al equipo de Gobierno del PP de una gestión “irresponsable y carente de planificación” que está llevando al límite a los servicios públicos municipales.

Así lo ha señalado tras reunirse nuevamente con la Junta de Personal del Ayuntamiento para abordar los incumplimientos del equipo de Gobierno con los empleados públicos y tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que anuló el proceso de selección de diez plazas de auxiliar administrativo al haber caducado la convocatoria.

Velasco ha afirmado que “este episodio evidencia la falta de rumbo del Gobierno del Partido Popular, una situación que se extiende a todos los ámbitos del Ayuntamiento”.

La portavoz de Vox ha recordado que “desde 2015 el Ayuntamiento sabía que cerca de 400 trabajadores se jubilarían en los años siguientes, sin que el Gobierno municipal adoptase medidas preventivas ni diseñase un plan de relevo generacional”. Como consecuencia, ha explicado, “nos encontramos con una plantilla mermada, incapaz de asumir con normalidad sus funciones, con dificultades para garantizar los servicios mínimos y sometida a una sobrecarga constante”.

En este sentido, Velasco ha denunciado que “es una negligencia permitir que ofertas de empleo público caduquen y que promociones internas permanezcan bloqueadas durante años”.

También ha advertido de que la Oferta Pública de Empleo de 2023 caduca el 22 de abril de 2027, mientras que procesos iniciados en 2022 siguen sin resolverse y la promoción interna se convoca de manera excepcional, aproximadamente cada diez años, siendo la última en 2015. “Todo ello refleja una gestión caótica y sin rumbo de los recursos humanos municipales”, ha subrayado.

Asimismo, ha considerado “muy preocupante” que, mientras no se cubren plazas estructurales, “se priorice la creación y cobertura de jefaturas de carácter político, desplazando a personal funcionario que debería desempeñar estas funciones”. Para Vox, esta práctica supone “una utilización partidista de la Administración y un desprecio a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad”. Como ejemplo, Velasco ha señalado la existencia de un director general de Recursos Humanos, “con un coste de más de 72.000 euros anuales para los santanderinos”.

Otro de los asuntos tratados ha sido el bloqueo de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, que permanecen paralizados en Intervención “sin explicaciones claras ni voluntad de resolverlos”. Esta situación, ha advertido, afecta tanto a la correcta aplicación de la normativa vigente como al reconocimiento profesional de los empleados públicos.

Desde Vox exigen “responsabilidades políticas inmediatas”, la comparecencia del concejal del área y del director general de Recursos Humanos para dar explicaciones sobre los procesos caducados y los incumplimientos con los empleados públicos, así como la presentación urgente de “un plan transparente de reorganización y refuerzo de la plantilla municipal”.