Anulada la convocatoria de la constitución de la comisión de investigación del contrato de basura por las ilegalidades del procedimiento

La convocatoria de la comisión de investigación del contrato de recogida de residuos y limpieza ha quedado anulada por un decreto de Alcaldía sustentado en un informe jurídico en el que estima el recurso de la concejala Margarita Rojo y establece que la modificación del reglamento quedaría declarada nula “por la dificultad insalvable” de acreditar que se haya respetado el procedimiento bifásico exigido en la Ley para su aprobación.

Los servicios jurídicos municipales insisten en que el día 5 de septiembre los cuatro letrados que integran el servicio ya emitieron informe conjunto para proponer al Pleno allanarse ante el recurso formulado contra la modificación del Reglamento, debido a que el acuerdo del día 23 de diciembre “cuenta con vicios de forma y fondo insoslayables”.

Por ello, los jurídicos advierten que la nulidad que afecta a esa norma “no es un hecho intrascendente que haya que limitarse a advertir sin más, a la espera de lo que en un futuro determinen los tribunales de justicia”, sino que arroja “consecuencias inmediatas” sobre las resoluciones posteriores”.

De esta forma, el examen de la jurisprudencia y la doctrina científica existente sobre la materia, conduce a la necesidad de “inaplicar” la modificación reglamentaria del día 23 de diciembre de 2021, lo que conlleva que “el acto administrativo que se emitió a partir de esta última quede sin la preceptiva cobertura jurídica”.

Recalcan asimismo los servicios jurídicos que, “si la disposición a cuyo amparo se dicta o ejecuta el acto es nula de pleno derecho, éstos quedan afectados por idéntico vicio invalidante, y, por consiguiente, son también radicalmente nulos de pleno derecho”, a la vez que recuerdan que “el deber de inaplicar las normas ilegales atañe no solo a los tribunales sino también a las administraciones públicas”.

Por todo lo anterior, el informe emitido señala que ha estimarse el recurso de reposición contra la convocatoria de la comisión presentado por la concejala Margarita Rojo y que procede la anulación de la convocatoria del día 4 de agosto de 2022 emitida por la alcaldesa y el rechazo de las alegaciones formuladas por el edil Miguel Saro.

Igualmente, se determina que, una vez anulado el acto administrativo procede instar al Pleno municipal a que inicie la revisión de oficio de la modificación reglamentaria, a fin de declarar su nulidad a todos los efectos.

Como se recordará, el primer informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal, procedía a suspender la convocatoria de la comisión, “a tenor del tipo de vicios invocados, de la posible irreparabilidad de los perjuicios que se producirían, así como de la correspondiente ponderación de los intereses en liza, y en cuanto no recaiga la resolución del procedimiento respecto al fondo del asunto”.

Incidencia lesiva

El informe jurídico estima que se puede constatar que la ejecución del acto administrativo objeto de la impugnación, la convocatoria de la comisión, puede tener una incidencia lesiva sobre los derechos de la concejala recurrente y que tales perjuicios podrían resultar irreparables.

“Entendemos que, mientras que la suspensión cautelar de la convocatoria podría evitar otros daños y no impediría constituir más tarde la Comisión de Investigación, restando, además, varios meses hasta el fin del mandato de la Corporación; en cambio, en el caso de estimarse el recurso, sin que se haya suspendido previamente la eficacia del acuerdo, los perjuicios causados a la recurrente y a terceras personas, la propia alcaldesa, los grupos políticos y el resto de ediles, ya no tendría fácil reparación o podrían verse afectados de forma irremediable”, recoge el informe de la Asesoría Jurídica Municipal.

De esta manera, y basándose estrictamente en los criterios de los dos informes jurídicos, la alcaldesa ha estimado el recurso de reposición y ha anulado la convocatoria de la sesión constitutiva y de trabajo de la comisión de investigación, procediendo, inmediatamente a dar traslado de todo ello a los miembros de la misma y a la Junta de Portavoces.

Valoración del PP

El portavoz del Partido Popular de Santander, César Díaz, ha afirmado que la “huida hacia adelante” de la oposición y Cs para la  modificación del reglamento del Pleno ha provocado la nulidad de la constitución de la comisión de investigación, dado que según han sentenciado los servicios jurídicos “todas las iniciativas que cuelgan de un acuerdo igual son nulas de pleno derecho”.

“Los grupos de la oposición y C,s son los responsables de esta surrealista situación y de este despropósito jurídico, dado que el secretario municipal ya les advirtió antes de la celebración del Pleno de diciembre que los vicios legales de forma y contenido eran insalvables”, ha incidido.

Al respecto, ha explicado que “era tan fácil como seguir el procedimiento establecido por Ley” pero, en su opinión, la oposición y Cs no lo han querido hacer “porque lo único que les interesa es el ruido y el circo mediático”. “Han preferido incurrir en un cúmulo de ilegalidades antes que cumplir la normativa para constituir la comisión”, ha aseverado.

Por ello, los servicios jurídicos están intentando “poner orden y sentido común” en este inexplicable espectáculo explicando “en varios informes y con la firma de todo el equipo” que lo que procede es que el Pleno se allane ante el recurso formulado por el PP contra la modificación del reglamento.

Díaz ha incidido en que “es muy difícil entender”, cómo la oposición y C,s “tienen la osadía y el atrevimiento de ignorar no solo los informes de los cuatro letrados que forman la asesoría jurídica municipal, sino también de la jurisprudencia y la doctrina científica existente sobre esta materia”.

“Han estirado el chicle de despropósitos hasta que no da más de sí”, ha remarcado el concejal, “porque todo cuelga de un acuerdo ilegal con vicios de forma y fondo insoslayables que se transmiten y contagian a sus actos de aplicación, por lo que su sorprendente obcecación ha dado este lógico resultado, del que ya fueron advertidos desde antes de la celebración del Pleno”.

El portavoz del PP ha aclarado que su Grupo municipal no rechaza la constitución de la comisión sino que está en contra “de las flagrantes ilegalidades que se han cometido para su creación, como no puede ser de otra forma, porque las leyes están para cumplirse y más en el caso de los cargos públicos”.

Por último, ha insistido en que tanto la oposición como Cs “disponen de todos los documentos, informes, dictámenes y demás información relativa a la licitación, adjudicación, ejecución y resolución del anterior contrato porque se les da cuenta todos los meses en las comisiones de Desarrollo Sostenible”.

“Si quieren investigar pueden hacerlo, porque les hemos facilitado todo con la máxima transparencia y rigor, así que les animo a leerse la documentación y realizar las preguntas que consideren oportunas para obtener una conclusión basada en la realidad de los hechos”, ha concluido.

PSOE

El portavoz del Grupo Socialista, Daniel Fernández, ha asegurado que el contencioso de las basuras entre el Ayuntamiento de Santander y la anterior empresa concesionaria del servicio supondrá una “hipoteca” de varios millones de euros que tendrán que sufragar los santanderinos, tras cifrar provisionalmente las pérdidas para las arcas municipales en casi 700.000 euros en las primeras 5 sentencias de las 18 reclamaciones judiciales.

Así ha reaccionado Fernández a las últimas declaraciones de la concejala de Medio Ambiente del PP, Margarita Rojo, a quien ha acusado de “mentir”, “hacerse trampas al solitario” y “reírse a la cara de los santanderinos” por afirmar que estas sentencias no suponen sobrecostes para el Ayuntamiento. 

Como ha destacado el portavoz socialista, “no hemos hecho más que empezar a pagar la enorme factura de la huida hacia adelante electoralista y el lavado de imagen de Gema Igual”, que rompió “unilateralmente” el contrato de las basuras “sin seguridad jurídica”, como advirtió en su día el PSOE, porque “su única motivación fue eludir su responsabilidad política”. 

“La ciudad está más sucia que nunca por las condiciones que firmó el PP en 2013 con la empresa, un recorte de 50 millones de euros que sacó a 80 barrenderos de las calles y eliminó frecuencias de recogida, pero para eludir su responsabilidad política, Gema Igual nos ha llevado a un contencioso judicial sin importarle las consecuencias económicas”, ha advertido.

En este sentido, ha asegurado que ya son cinco sentencias judiciales que dan la razón a la empresa y llevarán a pagar casi 700.000 euros, pero es que quedan aún otros 13 fallos hasta llegar a las 18 reclamaciones judiciales, incluyendo las más cuantiosas, las que tienen que ver con la propia resolución del contrato y con el contrato de emergencia.

De esta manera, Fernández ha recordado que el Partido Popular se lanzó a una resolución del contrato no indicada por el control financiero del servicio y plagada, por lo tanto, de inseguridades jurídicas. “Se lo advertimos en su día, las indemnizaciones pueden ser multimillonarias, una auténtica hipoteca para los santanderinos”, ha alertado.

“Y serán muchos más los sobrecostes”, añade Fernández, porque “en la operación de lavado de imagen a través del contrato de emergencia adjudicado a dedo a la nueva empresa, producto de que el Ayuntamiento ha asumido algunas partes del servicio, como las campañas de imagen, que antes realizaba la anterior empresa”. 

Prueba de ello, señalan los socialistas, son los más de 2,5 millones de euros de sobrecostes incorporados al borrador del presupuesto de 2022, que “no llegó a tramitarse al Pleno incumpliendo la Ley de Haciendas Locales por la falta de apoyos políticos al documento como consecuencia de que el PP ha demandado al Ayuntamiento que gobierna para evitar la comisión de investigación de las basuras”.

“Les da igual todo, es una completa sinrazón. Están dispuestos a todo, a cargar a todos los santanderinos con pérdidas económicas millonarias y a saltarse la ley las veces que haga falta para ocultar a los vecinos toda la verdad del contrato de las basuras antes de la cita con las urnas de mayo de 2023”, ha sentenciado finalmente.