Cuatro asociaciones piden a la Justicia anular el convenio privatizador con Santa Clotilde

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Asamblea de Mujeres de Cantabria, Ecologistas en Acción y Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, a iniciativa y bajo coordinación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, presentan un recurso Contencioso-Administrativo contra el oscuro convenio que desvía a un hospital privado al menos 256 millones de euros.

Con esta iniciativa judicial, los colectivos demandan la nulidad del irregular y oscuro “convenio singular” por el que el Servicio Cántabro de Salud (SCS), bajo las órdenes del consejero de Salud, César Pascual (PP), ha puesto en manos del hospital privado Santa Clotilde (HSC) una porción importante de determinadas áreas asistenciales que de esta forma se sustraen del servicio público. 

En concreto, el Gobierno regional entregará a dicho hospital un total de 256 millones de euros, a lo largo de 16 años ampliables a 20, no sólo por la prestación de servicios ese centro ya venía prestando en menor (hospitalización de pacientes crónicos, geriátricos y dependientes, fracturas de caderas y rehabilitación), sino también por derivarle unas nuevas e importantes prestaciones que, como los cribados de cáncer de mama y de colon, la sanidad pública venía realizando hasta ahora de manera exclusiva e integrada, con fiabilidad y eficacia.

“Al hurtarse al control de la Sanidad Pública, la generosa dotación presupuestaria a una empresa privada obviamente impide la mejora de los servicios correspondientes en los hospitales que a todos pertenecen y que con nuestros impuestos se pagan”, inciden en la rueda de prensa. Ante esta situación, se cuestionan “cómo vamos a paliar los acuciantes problemas de dotación material y de personal que nuestro sistema público padece si el dinero destinado a tales mejoras se destina a un hospital privado y a un negocio particular”.

Tal desvío de dinero público se efectúa, además, sin que la entidad concesionaria disponga de los recursos necesarios para suplantar a la Sanidad pública en las prestaciones correspondientes. Lejos de ello, y según confesión del consejero Pascual, la dotación se efectúa para “dar estabilidad” a la orden religiosa que lo gestiona, San Juan de Dios, porque “quiere hacer una inversión muy importante de casi 60 millones” y “pronto empezará a construir un bloque con nuevos quirófanos” y a dotarse “de tecnología que hasta ahora no tenía”.

Además, y pese a estar reservado este tipo de convenios a las entidades sin ánimo de lucro, Santa Clotilde no sólo funciona como un hospital privado a todos los efectos, sino que subcontrata servicios clave que no puede realizar por sí sola. Es el caso de las mamografías, resonancias, Tomografía Axial Computarizada (TAC) y ecografías que realiza para el centro la empresa HT Médica, controlada a su vez por un fondo internacional de capital riesgo, Fremman Capital, con oficinas en Londres, Luxemburgo, Madrid, Múnich y París. “Más multinacional y más privado, imposible”, declaran. 

El convenio del SCS con el HSC se firmó en la oscuridad, sin anunciarse debidamente ni incluirse en el muy publicitado, pero nada justificado ni argumentado económicamente Plan de Salud 2025-2029. La adjudicación se firmó inicialmente por 216 millones y enseguida se incrementó en 40 millones más.

El acuerdo se pactó rehuyendo el concurso con otros posibles prestadores y recurriendo a una disposición extraordinaria para la contratación directa introducida en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria para situaciones urgentes o excepcionales. Pero se hizo, tal como aducirá nuestra demanda en cuestión, sin cumplir las exigentes condiciones y justificaciones legales requeridas para tal excepcionalidad.

Resulta especialmente preocupante para los usuarios que el convenio con el HSC extraiga de la sanidad pública servicios clave, incluidas cirugías de diverso rango, y partes fundamentales de tratamientos y programas de prevención de dolencias que, como el cáncer de mama y de colon, precisan de un seguimiento unitario y coordinado, no fragmentario.

Mientras los pacientes atendidos en los centros públicos seguirán contando con la necesaria garantía de una alta calidad asistencial, con plena coordinación en las distintas etapas de los tratamientos, los destinados al centro privado llegarán a él sin saber dónde, cuándo y en qué empresa se analizarán las pruebas que el HSC les tenga que hacer. Asistimos, de este modo, a la partición de la asistencia en dos modelos: uno conocido y probado, el de la Sanidad Pública, y otro que desconocemos.

La cesión al HSC hipoteca una parte de la asistencia sanitaria en Cantabria por un mínimo de 16 años, y hasta un total de 20, en un escenario de constante cambio de las necesidades asistenciales y de las formas de afrontarlas.

La adjudicación puede considerarse además un auténtico regalo o un chollo en cuanto a las exigencias de calidad, pues una reciente adenda al contrato publicada en el BOC establece que la máxima penalización económica al HSC por posibles incumplimientos será del uno por ciento si no se alcanza el 80 por ciento de los objetivos pactados, y del cero por ciento si se supera ese umbral.

Para mayor preocupación de los ciudadanos y usuarios de la comunidad autónoma, la denunciable actuación privatizadora del Gobierno regional se beneficia de una posición de debilidad del primer partido de la oposición en este asunto, el PSC-PSOE. Y es que una de sus diputadas en el Parlamento cántabro, Eva Salmón, es al mismo tiempo la directora de Recursos Humanos del Hospital Santa Clotilde. Un conflicto de intereses que explicaría su ausencia en la votación de los presupuestos de Cantabria el pasado día 24 de noviembre, donde evitó pronunciarse, junto el resto de su grupo político, en contra del documento económico que consagra la dotación económica al centro médico en cuya gestión participa.

PSOE

El PSOE de Cantabria ha denunciado hoy que el convenio singular con Santa Clotilde tendrá garantizada la financiación comprometida sin alcanzar los objetivos marcados.

El secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Marcos Agudo, ha afirmado que casi tres meses después de la “oficiosa” inclusión del centro privado Santa Clotilde en la red hospitalaria del Servicio Cántabro de Salud, y tras la entrada en vigor del convenio que lo posibilita, el PP ha añadido “otra vez por la puerta de atrás” una adenda que garantiza el 99 por ciento del dinero comprometido con la entidad privada, aunque ésta incumpla la consecución de los objetivos adquiridos.

Para el portavoz de políticas sanitarias de la dirección autonómica del PSOE en Cantabria, “este viernes, 16 de enero, y de manera subrepticia, el PP nos ha vuelto a colar a todos los cántabros y cántabras una medida discrecional que evidencia un trato de favor injustificable con Santa Clotilde”.

Según Agudo, “Pascual y Buruaga no creen en la libre concurrencia ni en la cortesía parlamentaria que debiera regir la acción de cualquier gobernante en democracia. Ya nos colaron a través de la ley de acompañamiento de la ley presupuestaria de 2024 el marco legal que permite la firma de convenios singulares entre el Gobierno de Cantabria y entes privados sin concurso público y totalmente a dedo”.

“Así nació el escándalo que supone hipotecar Cantabria durante 20 años y por 256 millones de euros con el hospital privado Santa Clotilde”, ha enfatizado.

Agudo ha señalado que “ahora nos la vuelven a colar con la publicación del convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander en la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del día 16 de enero”.

Para el responsable de Salud, “no es más que la evidencia del abuso y del pelotazo que el PP quiere garantizar a este centro sanitario privado. Ahora queda demostrado que les da igual la consecución de los objetivos de reducción de listas de espera y descongestión de la demanda sanitaria, porque lo cumplan o no, Buruaga y Pascual se comprometen a pagarles el 99 por ciento de los 256 millones comprometidos”.

También, ha asegurado que “esta publicación en el Boletín Oficial de Cantabria ya es la evidencia absoluta de que el PP lo único que pretende es garantizar un buen negocio para Santa Clotilde. Aunque las listas de espera no se reduzcan y las complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas se multipliquen, Santa Clotilde tendrá garantizada la práctica totalidad de la financiación comprometida”.

“Esto es un auténtico escándalo que evidencia que la apuesta de este gobierno de Cantabria nunca fue mejorar en nada la sanidad pública sino regar con dinero de todos, a dedo, sin concurso y sin necesidad de resultados que manifiesten el cumplimiento de los objetivos, a sus amigos de la sanidad privada.

Finalmente, Marcos Agudo ha afirmado que “el PP prefiere regalárselo a sus amigos”. “256 millones que perderemos todos los cántabros en veremos qué resultados, cuando podríamos estar dedicándolos a la red de hospitales netamente públicos como el Comarcal de Laredo, a la mejora de las instalaciones sanitarias del SCS o a la atracción de personal para nutrir nuestro sistema público”, ha concluido.

Podemos

Podemos Cantabria ha denunciado hoy que el Gobierno regional ha introducido una adenda al convenio de vinculación del Hospital Santa Clotilde que abre la puerta a un posible aumento del coste del acuerdo, que compromete cientos de millones de euros de dinero público durante sus 16 años de vigencia.

La formación señala que la adenda, publicada hoy en el Boletín Oficial de Cantabria, incorpora un nuevo sistema de indicadores y un mecanismo de ajuste económico anual que puede incrementar la facturación hasta un uno por ciento sin que el Gobierno haya explicado cuál será el impacto real sobre el gasto público ni haya acompañado la medida de una memoria económica detallada.

“No entendemos que, en plena investigación del Tribunal de Cuentas sobre este convenio, el Gobierno siga introduciendo modificaciones económicas sin transparencia y sin aportar información suficiente. Es una irresponsabilidad seguir comprometiendo fondos públicos sin explicar cuánto dinero supone realmente este cambio”, ha afirmado Podemos.

La organización reconoce como elemento positivo que la adenda incorpore un nuevo Anexo nueve con indicadores de actividad, calidad y resultados, pero critica que el Ejecutivo no haya publicado los datos previos, los informes de seguimiento ni los criterios concretos con los que se aplicarán los ajustes de facturación. “Nos preocupa que este sistema pueda convertirse en un mecanismo opaco que permita aumentar pagos sin un control externo efectivo. El Gobierno habla de calidad, pero no aporta ningún documento que permita verificar que estos indicadores se aplicarán de forma rigurosa”, señalan.

Podemos recuerda que esta modificación se suma a un convenio cuya tramitación ya fue cuestionada por colectivos sociales y profesionales por su falta de transparencia, y que actualmente está siendo analizado tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Fiscalía. “No es razonable ampliar o modificar un convenio de esta magnitud precisamente cuando existe una investigación en marcha. El Gobierno debería aclarar de inmediato cuál es el impacto económico real de esta adenda y publicar el expediente completo”, han afirmado.

La formación anuncia que este modificado será puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que mantiene abierta la fiscalización del caso. “Los cántabros y cántabras tienen derecho a saber qué se está pagando, por qué y con qué controles. Un convenio de esta envergadura no puede gestionarse con esta falta de transparencia”, concluye Podemos.

Podemos concluye afirmando que este modificado será puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que mantiene abierta la fiscalización del caso. “Los cántabros y cántabras tienen derecho a saber qué se está pagando, por qué y con qué controles. Un convenio de esta envergadura no puede gestionarse con esta falta de transparencia”, concluye Podemos.

Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento hoy, miércoles, de la Adenda número uno al Convenio Singular de Vinculación del Hospital Santa Clotilde a la Red Hospitalaria Pública del Servicio Cántabro de Salud (SCS), suscrita el día 30 de diciembre de 2025. Esta adenda se incorpora al convenio vigente desde el 1 de enero de 2026 y da cumplimiento a las previsiones de modificación contempladas en su cláusula vigesimotercera.

La adenda tiene como finalidad incorporar un nuevo Anexo dedicado a los indicadores de resultados en salud, que permitirán evaluar de forma precisa la calidad asistencial, la accesibilidad, la eficiencia y los resultados clínicos del hospital vinculado. Estos indicadores incluyen tasas ajustadas de mortalidad, reingresos, complicaciones, tiempos de espera y estancias hospitalarias, entre otros parámetros clave.

Los resultados obtenidos serán revisados periódicamente por la Comisión de Seguimiento del convenio, que verificará el cumplimiento de los estándares establecidos y propondrá, en su caso, mejoras o medidas correctoras.

Con esta modificación, el Gobierno de Cantabria incide en que refuerza el modelo de vinculación público–privada con criterios de transparencia, evaluación continua y mejora de la calidad asistencial, asegurando que la atención prestada por el Hospital Santa Clotilde se alinee plenamente con los estándares del Servicio Cántabro de Salud.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Adenda de prórroga del Convenio suscrito entre la Tesorería General de la Seguridad Social de Cantabria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Servicio Cántabro de Salud, destinado a regular la gestión y participación en los gastos comunes del inmueble de uso compartido ubicado en Calvo Sotelo 8, Santander. La prórroga extiende la vigencia del convenio por cuatro años adicionales (2026–2030), tal y como permite su cláusula duodécima y la normativa estatal y autonómica aplicable.

El acuerdo mantiene el reparto de gastos establecido según los metros cuadrados ocupados por cada entidad, correspondiendo al Servicio Cántabro de Salud (SCS) el 10,98 por ciento del total, al ocupar 1.629,33 metros cuadrados de la superficie global del edificio. Este espacio alberga un centro de salud de la Gerencia de Atención Primaria cuya ubicación es estratégica y esencial para la prestación asistencial. La prórroga resulta necesaria para garantizar la continuidad de este servicio sanitario.