sábado. 20.04.2024
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SENTENCIAS DE DERRIBO

‘Casas de papel’, la historia y lucha de los afectados por buscar una solución a los derribos de sus casas

El libro de Antonio Vilela se presentará el día 11 de diciembre, a las 11.00 horas, en el Centro Cultural de Argoños

Acto de la AMA en Argoños. R.A.
Acto de la AMA en Argoños. R.A.
‘Casas de papel’, la historia y lucha de los afectados por buscar una solución a los derribos de sus casas

Con el título ‘Casas de papel: la historia interminable’, el Centro Cultural de Argoños acogerá el día 11 de diciembre, a las 11.00 horas, la presentación de este libro que narra la historia, la lucha y las vivencias de los afectados por buscar una solución a los derribos de sus viviendas.

“La historia de las familias que componen la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), sinceramente, creo que merecía ser contada y recordada. Es la vieja lucha de David contra Goliat, de unos “Quijotes” contra los molinos de las Administraciones Públicas, de la defensa de los derechos de cientos de familias contra la corrupción que anida en el poder y sus aledaños”.

Así lo aseguró su autor, Antonio Vilela Fernández, presidente de la AMA, que ha vivido, junto a muchas familias esta situación, impensable al adquirir una vivienda, y que califica de interminable.

“Así ha sido, empecé a escribirlo hace casi una década, esperando que se solucionaran los problemas; pero, lamentablemente, lo tenemos que publicar sin que los culpables, las Administraciones públicas, hayan reparado el daño causado”, indicó el autor.

Pero Antonio Vilela no ha estado solo en esta iniciativa. Para publicar este libro, ha contado con la ayuda de varios miembros de la asociación, sobre todo con Ciriaco García, José Luís Tranche,  Koldo Talavera y Ángel Macías, así como el equipo de Luis Barquín.

No obstante, la idea es realizar varias presentaciones por los principales ayuntamientos de Cantabria y del País Vasco, aunque el punto de partida será Argoños, coincidiendo con el  acto de la AMA en apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El objetivo del libro es mostrar el daño que pueden hacer las instituciones con sus ilícitas decisiones y su mal funcionamiento, con la desidia, la inoperancia y la corrupción. Al mismo tiempo, recoge en sus líneas la lucha de la población civil por defender sus legítimos derechos, “los de tantas familias que se han dejado el alma en el camino y la de muchos amigos que se han quedado en el mismo. El libro muestra esa solidaridad y respeto que impregna nuestra asociación, la fuerza y el coraje de personajes que merece la pena que sean conocidos y recordados”, declaró Vilela.

Portada del libro 'casas de papel'.

Por ello, la publicación describe, en 30 capítulos, su marcha por los caminos de Cantabria, por las calles de Santander, por las instituciones, pero sobre todo habla de que mientras luchas, puede haber esperanza.

Aun así, después de tantos años los ánimos en la actualidad están bajos en este colectivo, ya que han perdido a muchos amigos y compañeros de lucha y estos últimos años han sido muy duros. Mientras tanto, la reparación del daño causado parece ya olvidado, incidió Antonio Vilela.

En su opinión, los Planes Generales de Ordenación Urbanos siguen sin aprobarse definitivamente, y el engaño, la mentira, es tan patente como la decepción que sufren. “Siempre me gusta poner un punto de esperanza, sin embargo, cada vez cuesta más encontrarlo”, recalcó.

En esta larga andadura, los peores momentos que ha pasado el colectivo coinciden con la pérdida de un amigo y compañero, como antes ha señalado el presidente de la AMA. “Para ello ya no hay solución, no hay justicia. La esperanza viene cuando a pesar de tantos mazazos, seguimos trabajando para que se haga justicia y ayudando en lo que sea posible”.

Tampoco se olvida el escritor de dar su punto de vista sobre cómo ha afectado esta experiencia a los niños, muchos de ellos jóvenes hoy en día. “Ver a tus padres sufrir no es plato de gusto para nadie, cualquiera se puede poner en nuestro lugar, pero también han visto lo valores positivos que aporta la solidaridad, la amistad, el trabajar por un mundo más justo”, señaló.

Por este motivo, el presidente de la AMA manifestó, como una obligación, su intención de enseñarles valores y herramientas para lograr un mundo más justo, más humano, menos contaminado, en todos los sentidos, sea donde puedan vivir.

Marchas, concentraciones, jornadas del deporte, representaciones teatrales, exposición de cuadros o plantación de árboles, han sido algunos de los actos organizados por este colectivo en su andadura. Y a ello se une que Antonio Vilela ha participado recientemente en la Comisión de Urbanismo del Parlamento de Cantabria donde se está tramitando el nuevo proyecto de Ley del Suelo, con el fin de exponer su punto de vista ante la necesidad de dar soluciones o los ciudadanos, “en lugar de crearles graves problemas como lo que han hecho con nosotros”.

Me sirven declaraciones de hace 20 años

En cuanto a la situación actual, Vilela la califica con un escueto “la de siempre”, hasta el punto que llegó a afirmar que le pueden valer unas declaraciones de hace casi 20 años, esperando que quienes mandan asuman sus responsabilidades y reparen el daño causado. Y en esa lucha, los afectados siguen trabajando, pero con los años las fuerzas son menos y siguen perdiendo compañeros que se van para siempre, puntualizan.

El autor de ‘Casas de papel: la historia interminable’ añadió que es incomprensible que el PGOU de Piélagos pueda llevar 20 años tramitándose y el de Argoños más de 10. “Solo ese dato habla de la indiferencia de quienes mandan por el dolor de nuestras familias”, matizó.

Entre tanto, se han realizado ya derribos en Piélagos, Ajo (Bareyo), Arnuero y Argoños.  Actualmente el 90 por ciento de las viviendas con sentencias de derribo están en suelo urbano consolidado, donde en el caso de demoler se puede volver a construir en el mismo lugar y en algunos casos más viviendas que las actuales, recordó este vecino de Argoños. El artículo 105.2 de LJCA habla de causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia.

Lo que queremos es que acabe esta situación, dormir tranquilos; que si hay, y yo así lo creo, la posibilidad de la regulación de las viviendas cumpliendo la legalidad vigente, que se haga ya, en caso contrario que se apliquen los convenios. Que termine esta situación, esta injusticia”,  reiteró.

Por otro lado, considera que se están dilapidando grandes recursos, que tanto necesita Cantabria, en procesos judiciales interminables y planes urbanísticos que nunca ven la luz. “Que actúe la justicia y la Fiscalía, esto es una irracionalidad y una locura política y judicial”, subrayó.

Durante más de 20 años, la AMA ha tenido que realizar gestiones con diferentes consejeros de Urbanismo, nunca ha repetido uno en esta materia. Miguel Ángel Revilla (PRC-1997-2003), José Vicente Mediavilla (PRC-2003-2007), José María Mazón (PRC-2007-2011), Javier Fernández (PP-2011-2015), Rosa Eva Diez Tezanos (PSOE 2015-2019) y José Luis Gochicoa (PRC-2019- actualidad), todos han manifestado su intención de resolver el problema de las sentencias de derribo y los únicos avances se han producido por los convenios entre Administración y afectados, recordaron desde la AMA.

Sin embargo, no llegan a todos, y por la incorporación a nuestra legislación del tercero de buena, seguimos esperando esa resolución definitiva tantas veces prometida como incumplida.

Cobrar las indemnizaciones nunca han sido ni el propósito ni el objetivo de los afectados. Confiesan que el dinero de los daños morales apenas llega para el pago a asesores legales y peritos, y en cuanto a las indemnizaciones tienen dos graves problemas: el primero,  perder el arraigo de donde tienes una gran parte de tu vida, y segundo, gastar los recursos económicos de Cantabria.

La indemnización es un derecho de la víctima, proclaman, que “sin duda tenía que ejercer, sin tener que esperar décadas, con la zozobra de no saber qué va a pasar con su patrimonio, secuestrado durante tanto tiempo”.

Su trabajo, desde el principio, ha tenido un fin: buscar una solución a las demoliciones. Con esta predisposición que han tenido desde el principio, reclaman que es necesario dar una oportunidad a los jueces para observar si con los PGOU, con los expedientes de regularización de las viviendas, se cumple la legalidad vigente.

En caso contrario, sostienen, que las viviendas de sustitución tienen un coste menor, si se hace bien, y se puede seguir viviendo en el mismo municipio.

Aun así, Vilela incidió en que la legislación en el ámbito del urbanismo es mejorable el colectivo, con la aprobación sobre todo del artículo 108.3 LJCA, ha abierto un camino en la protección de muchas familias, pero es claramente insuficiente.

Ahora que se está tramitando la Ley del Suelo de Cantabria, los propietarios de las casas se consideran un cadáver, fruto de todo lo mal que se pueden hacer las cosas por las instituciones. Ante lo sucedido y vivido, los afectados exigen que se diseccione lo que ha producido estos graves daños y se pongan los medios para evitar la corrupción y no se pueda meter la mano en el cajón de todos. Sin duda, reiteran “estamos ante una oportunidad de hacer la cosas mejor. Bueno, todos los días amanece, que no es poco, esa quizás sea nuestra única esperanza”.

Nacimiento de la AMA

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) nació oficialmente en la Semana Santa de 2005, si bien, llevaba funcionando desde lo que fue el embrión de la misma desde año 2001.

La AMA,  inscrita en el Ministerio del Interior por ser una asociación de carácter nacional, tiene más de 4.000 socios la mayor parte de Cantabria y el País Vasco, pero también de otras Comunidades como Castilla-León, Asturias, Galicia y Madrid.

El objetivo de la Asociación es luchar contra las injusticias en el ámbito de urbanismo, más concretamente la protección de tercero de buena fe. Los errores e ilícitos de las Administraciones Públicas han provocado enormes daños a miles de familias, tenían el deber constitucional de proteger nuestros derechos, han sido quien los han incumplido, vulnerado, y nos han atropellado.

En Cantabria hay más de 30 sentencias firmes que condenan al Gobierno regional y a los ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante y Piélagos por los daños morales y materiales ocasionados a más de 500 familias.