Confirmada la pena de un año prisión y ocho de inhabilitación al exalcalde de Castro-Urdiales, Fernando Muguraza, por prevaricación urbanística en caso La Loma
El Tribunal Supremo corrobora la condena al exsecretario municipal de la misma localidad César Saiz Alonso, de dos años de prisión por delito de falsedad en documento público
La Sala segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de un año de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Castro-Urdiales, Fernando Muguruza Galán, como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa y de prevaricación urbanística en el denominado ‘caso La Loma’.
El tribunal también confirma la condena al exsecretario municipal de la misma localidad César Saiz Alonso, de dos años de prisión por delito de falsedad en documento público y oficial y como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa a seis de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El Supremo rechaza los recursos de Muguruza y de Sáiz contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 30 de septiembre de 2020, que estableció las penas aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a ambos.
En cuanto al tercer condenado por la Audiencia cántabra, Valentín Galdós Tobalina, administrador de una sociedad inmobiliaria, el Supremo estima parcialmente su recurso y reduce de dos años a cuatro meses su pena de prisión por delito de falsedad, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y rebaja de cinco a cuatro meses la pena de multa con cuota diaria de 50 euros.
La sentencia de la Audiencia cántabra declaró además la nulidad del Plan Parcial del sector de Suelo Urbanizable No Programado número 12 de Castro Urdiales, así como de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron (Proyectos de Compensación, Urbanización y Licencias de Obras).
Demolición
Y añadió que procederá la demolición de las once viviendas construidas sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras, correspondiendo el control y restauración de la legalidad urbanística a los órganos de la Administración competentes.
Los gastos de demolición serán sufragados, conjunta y solidariamente, por los tres acusados, condenados y con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales, según dispuso la sentencia.
