Hacemos Laredo rompió el voto con el equipo de Gobierno y se cargó la modificación de crédito de 2,2 millones de euros

El Grupo municipal de Hacemos Laredo rompió ayer el voto con el equipo de Gobierno y se cargó la aprobación de la modificación de crédito de 2,2 millones de euros para acometer diversas inversiones.

La portavoz Rosalina Josefa López argumento la posición contraria de su Grupo que dejó a sus socios de Gobierno, PP, OlaCantabria, IU y el edil no adscrito Alejandro Abad en minoría con ocho votos a favor.

Lo primero que hizo es mostrar su malestar por no contar con este Grupo, que tiene tres concejales, para confeccionar esta modificación de crédito, en el que no está de acuerdo con todo. De hecho, comentó que es sangrante destinar 390.000 euros a la reforma de las Casas Amarillas y de Piedra cuando existe el compromiso de ejecutarlo por el Gobierno regional, al igual que en el campo de fútbol.

En su opinión, se debe incluir en el presupuesto de 2026 y más cuando hay otras necesidades, como por ejemplo la mejora de la Casa del Deporte, del Centro Social, que tiene goteras, la Puebla Vieja, la Torre del Merino y la antigua muralla a punto de caerse, y la limpieza de solares.

De igual forma, recordó que entró a formar parte del equipo de Gobierno con el objetivo de mejorar los barrios de Laredo, sacar adelanta el Plan General de Ordenación Urbana, el Plan de la Puebla Vieja y mejorar los servicios de la playa La Salvé.

En la rueda de intervenciones, Alejandro Abad declaró que los vecinos están ilusionados con las pistas de pádel municipales, la modernización del campo de fútbol y el cambio de la maquinaria del gimnasio del pabellón Emilio Amavisca que está obsoleta.

Para Pedro Diego (PRC), algunas inversiones son necesarias y otras no, además de suponer una irresponsabilidad, ya que pone en riesgo la situación económica del Ayuntamiento cuando existe una sentencia de derribo del Tenis que se debe valorar su coste y puede originarse un desequilibrio presupuestario. “Será millonario y por lo tanto debe dinero en el remante de tesorería para hacer frente a este fallo judicial”, comentó.

Mientras tanto, para Juan José Revuelta, del PSOE, los gastos no son urgentes, aunque son deseables, motivo por el que se deben incluir en diferentes partidas en el presupuesto de 2026. “Sólo quedará un remante de tesorería de tres millones de euros y no son suficientes para las obligaciones de la sentencia de Tenis, aunque se puede acudir a la venta de patrimonio y pedir un crédito bancario”, remarcó.

Después tomó la palabra Ramón Arenas, de Unidos por Laredo, quien hizo hincapié en que no se puede gastar alegremente el dinero cuando existen otras necesidades y esta pendiente la sentencia del Tenis.

Sin embargo, el PP cerró el debate alegando que cumple con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto y no existe la obligación de dotar fondos para hacer frente a la sentencia del Tenis, mientras el alcalde Miguel González (PP), considera que existe necesidad de cambiar la maquinaria del gimnasio por el gran número de usuarios que tiene, es una demanda mejorar el campo de fútbol, así como las pasarelas y el mobiliario urbano, junto con resolver el argayo de la Atalaya.

Por estos motivos, reclamó la aprobación o la abstención de Hacemos Laredo para sacar adelante los proyectos y seguir avanzando en el municipio.

La iniciativa incluía la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial, dos pistas de pádel cubiertas en el Estadio Javier Cortezón, la renovación integral de la maquinaria del gimnasio municipal, la rehabilitación de las Casas Amarillas y de Piedra, la incorporación de nuevo mobiliario urbano en todo el municipio, de nuevas torres de vigilancia y la ampliación de las pasarelas de la Playa Salvé. A ello se une el arreglo del desprendimiento de la Atalaya para poder abrir El Túnel cuanto antes, la reparación de la Radio Municipal y la rehabilitación de nuevos espacios en el Centro de Ocio Costa Esmeralda.

En la sesión plenaria, también se desestimaron los recursos de Unidos por Laredo y el edil Juan Carlos Vada (IU) contra el acuerdo plenario en el que se declara la ineficacia del convenio urbanístico para adquirir el edificio Villa Mercedes, hoy en día derribado.

Mientras que para David Palacio estos recursos nacen muertos, al mismo tiempo, junto con el alcalde achacó a Ramón Arenas que, en su día, siendo primer Teniente de Alcalde, y tras la firma del convenio entre el Consistorio y los propietarios, firmase un contrato de compra-venta con la inmobiliaria con la que es socio al 50 por ciento, con el cual se pudo llevar un beneficio de 120.000 euros. Además, le criticaron por llevar la gestión de este asunto de forma personal.

Ante estas acusaciones, Ramón Arenas aclaró que defendió el convenio por los intereses favorables que suponía para los vecinos, aunque lo firmó el alcalde en aquel momento.

Al mismo tiempo, recalcó que existen irregularidades, ya que no hay registro de los verdaderos titulares de la propiedad, y la edificabilidad de la finca ha pasado de 2.900 metros cuadrados a 8.600, lo que puede explicar la resolución del convenio, dado que aumenta el valor de la finca.

No se ha olvidado Arenas de recordar que la licencia de derribo de un tema tan importante se aprobó en una Junta de Gobierno que no estuvo presidida por el alcalde, sino por la edil de Turismo, Laura Recio, OlaCantabria, junto con los concejales de Urbanismo, Benito Ortiz, y Medio Ambiente, Alberto Alvarado. Para finalizar, puntualizó que se ha contratado a un abogado externo, con un coste de 3.000 euros, para emitir un informe, cuando existen trabajadores municipales.

El Pleno siguió con la intervención de los regionalistas que recordaron que Villa Mercedes no se ha protegido, se ha derrumbado, y el convenio podía continuar en vigor y no tener seguridad jurídica.

En este punto en el orden del día, Hacemos Laredo matizó que el convenio no tiene vigencia y abogó por redactar un PGOU para dar cobertura a los convenios, además de cubrir las plazas de la falta de personal, como la plaza de letrada.

Asimismo, el regidor municipal se dirigió a Ramón Arenas para declarar que se dedica a lanzar mensajes sobre la edificabilidad cuando participó en el convenio y en la compra-venta. “Se debió ausentar, ya que tuvo información privilegiada”, remarcó.