lunes. 20.05.2024
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AVI insta al alcalde Rodríguez Uzquiza (PSOE) a dimitir tras perder los 3,5 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana del Mar

El PRC pide al PP la entrega de los 13,5 millones de euros a Castro Urdiales, Medio Cudeyo, Valderredible, la Mancomunidad de Campoo Los Valles y Santillana del Mar

Santillana 27
Casco Histórico de Santillana del Mar. R.A.
AVI insta al alcalde Rodríguez Uzquiza (PSOE) a dimitir tras perder los 3,5 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana del Mar

La polémica por fondos europeos que debe recibir el Ayuntamiento de Santillana del Mar para invertir en actuaciones de sostenibilidad turística continúa.

 El Grupo municipal Alternativa Vecinal Independiente insta al alcalde Ángel Rodríguez (PSOE) a dimitir tras perder los 3,5 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística en este municipio.

 “En Santillana todo se hizo mal”. Son las palabras de la titular de la Consejería de Turismo, Eva Guillermina Fernández, referidas a la gestión de este Ayuntamiento respecto al Plan de Sostenibilidad Turística que, como ya avisaron los integrantes de la agrupación política AVI (Alternativa Vecinal Independiente), cuenta con graves irregularidades que finalmente han desencadenado en la pérdida de los 3,5 millones.

Todo se debe a la pésima administración de este Consistorio liderado por el socialista Ángel Rodríguez Uzquiza, que utilizó sin autorización varios bocetos redactados por una empresa de ingeniería, vulnerando los derechos intelectuales del material. El Ayuntamiento incluyó las propuestas pese a que la promotora denegó expresamente su uso al no haberles abonado sus honorarios que ascendían a poco más de 3.500 euros. Además, al no poder salvar este escollo, modificó la candidatura a sabiendas de que no lo podía hacer.

Por este motivo, AVI cree que Rodríguez Uzquiza debería dimitir como alcalde, dado que sus acciones o su inacción y dejadez va en detrimento de los intereses de los vecinos, como en numerosas ocasiones previnieron los independientes desde la oposición recibiendo duros ataques del Ejecutivo.

Mientras los planes de localidades como Castro Urdiales, Valderredible, Medio Cudeyo y Campoo los Valles están correctamente tramitados, el nuestro se ha ido al traste por la incapacidad del Gobierno municipal que ha provocado la pérdida de tres millones de euros por elaborar un plan que no es apto por violar derechos de autor y no tener en cuenta otras cuestiones técnicas, como ya alertaron desde AVI hace un año.

En concreto, los de Agustín García dieron la voz de alarma el pasado día 20 de mayo de 2023 y en aquel entonces, el alcalde aseguró que “no había motivo de preocupación y que todo estaba correcto”, cargando duramente contra el Grupo municipal AVI. Ahora queda patente que los independientes tenían razón.

El grupo lamenta la pérdida de esta gran inyección económica y el perjuicio causado a los vecinos por parte del Ayuntamiento de Rodríguez Uzquiza, quien durante este tiempo “ha ocultado información a la oposición sobre este importante tema que, finalmente, se ha convertido en una nueva muestra de la necedad e incapacidad de un regidor que cuesta al erario público 3.500 euros al mes”.

PRC

El diputado y portavoz del PRC en materia turística, Javier López Marcano, ha pedido públicamente hoy a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que "ponga orden" en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y entregue a los ayuntamientos de Santillana del Mar, Castro Urdiales, Medio Cudeyo y Valderredible y a la Mancomunidad de Campoo Los Valles "los 13,5 millones de euros que son legítimamente suyos" para la ejecución de los planes de sostenibilidad turística "aprobados y desembolsados" por el Gobierno de España el pasado mes de agosto.

López Marcano ha apelado a la presidenta como "máxima responsable de todas las decisiones del Ejecutivo", incluidos "los desaciertos y los atropellos que cometen sus consejeros", como el cometido por la titular de Turismo, Eva Guillermina Fernández (PP), al denegar a Santillana del Mar los fondos correspondientes a su Plan de Sostenibilidad, cuando, ha recalcado, "no tiene ni la autoridad, ni la competencia para hacerlo", dado que la Consejería es "un mero intermediario" entre el Gobierno central, "que ya ha dado el visto bueno al plan e ingresado los fondos" y los municipios.

A su juicio, la actuación "impropia e injustificable" de la consejera "en un asunto en el que no es competente" debe ser "enmendada de inmediato", tal como ha pedido ya la Administración central al exigir el pago a Santillana del Mar de los tres millones que le corresponden. En consecuencia, "los regionalistas confiamos en el buen juicio y la responsabilidad de la presidenta para poner fin a un conflicto institucional que nunca debió producirse".

El diputado regionalista ha considerado además que el Gobierno de Cantabria "tendrá que asumir los perjuicios económicos" que se deriven del retraso del pago de las cantidades correspondientes, ya que los cuatro ayuntamientos y la mancomunidad afectadas tienen que cumplir plazos tasados para la ejecución de las actuaciones previstas en los planes con cargo a esos fondos.

"Si no reciben en los tiempos previstos un dinero que se encuentra en la caja del Ejecutivo cántabro desde el día 31 de agosto, parece evidente que no van a poder cumplir los plazos", ha recalcado López Marcano, quien ha advertido que la responsabilidad de cualquier posible incumplimiento "recaerá de lleno en la Consejería de Turismo, que deberá asumir las consecuencias, incluidas las económicas".

Asimismo, ha apuntado la posibilidad de que los ayuntamientos y la mancomunidad reclamen intereses de demora, una vez cumplidos nueve meses desde que el Gobierno ingresó el dinero que les corresponde.

Por todo ello, ha anunciado que el Grupo Regionalista promoverá un nuevo debate en el Parlamento de Cantabria, donde el Gobierno tendrá que comparecer para responder a sus preguntas sobre los posibles perjuicios económicos y el pago de intereses de demora.

Presidenta

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha rechazado este miércoles que la declaración de "no apto" del Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana del Mar, que contemplaba una subvención de 3,5 millones de euros de fondos europeos, no es una cuestión política, como ha señalado la oposición regional, sino "técnico-jurídica".

A preguntas de la prensa, Buruaga ha recalcado que se trata de una cuestión "puramente de carácter técnico, puramente de carácter jurídico", como en su opinión prueba que sí hayan salido adelante los PST Castro Urdiales, donde gobierna el Partido Socialista, o de Valderedible y Medio Cudello, donde lo hace el Partido Regionalista.

"Yo creo que hay cosas que se contestan por sí solas. Nadie puede acusar a este Gobierno regional de actuar con sectarismo, ni este ni en ningún otro asunto", ha subrayado Buruaga, para quien es el PSOE "el que está retorciendo la realidad" y haciendo de este asunto "una causa partidista para tratar de tapar su responsabilidad en la gestión" del plan de Santillana, que el Ejecutivo ha declarado no apto por "incidencias" y "cuestiones técnicas" del proyecto, presentado por el Ayuntamiento en la convocatoria extraordinaria de 2023.

Al respecto, la presidenta ha remarcado que "las cosas se han hecho rematadamente mal" y en este sentido ha afirmado que la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, que fue quien anunció la decisión del Ejecutivo este lunes en rueda de prensa, "dijo una verdad como la copa de un pino".

"El Plan de Sostenibilidad de Santillana del Mar está plagado de chapuzas. Y no lo digo yo, la consejera, el Gobierno de Cantabria. Lo ha dicho también la concejala de Turismo, que es del PRC, en el propio Ayuntamiento de Santillana del Mar. Ha dicho que reconoce que la gestión del Plan por parte del Ayuntamiento ha sido nefasta", indicó.

Para Buruga, lo que "está fuera de toda duda" es que el Ayuntamiento "utilizó indebidamente los trabajos de una empresa privada sin su autorización", lo que ha generado "constantes denuncias" y además un conflicto sobre la propiedad intelectual de esos trabajos que aún no está resuelto.

Igualmente "está fuera de toda duda" para la presidenta que en Santillana no se ha seguido el procedimiento establecido en la Estrategia de Sostenibilidad Turística, y que sí han seguido otros PST y otros ayuntamientos.

Como también "está fuera de toda duda" en su opinión que el anterior Gobierno de Cantabria, "del que formaba parte el Partido Socialista de Pablo Zuluaga", no apoyó "expresamente" el PST de Santillana y se abstuvo contraviniendo el reglamento. En este sentido, se ha preguntado por qué no votó a favor la Consejería de Turismo "si todo estaba impecable como dice el alcalde de Santillana; si el plan era riguroso, si era excepcional. Esa es la gran pregunta. Algo habría mal. Es que hay muchas cosas que están rematadamente mal", ha reiterado.

Buruaga ha asegurado que la Consejería de Turismo ha actuado "en todo momento con arreglo a los principios de transparencia, de buena gestión y de cautela", de conformidad siempre con la legalidad y con las indicaciones de los técnicos, "que es lo que tiene que hacer la Administración ante las constantes denuncias de irregularidades que se han recibido y que ningún gobierno serio puede ignorar o puede tapar".

"¿Porque estamos hablando de un ayuntamiento del PSOE no hay que seguir el procedimiento establecido o no hay que dar cauce a las denuncias?. ¿Qué había que hacer? ¿Meterlas en un cajón y no dar las trámites para que nadie se sintiera perseguido? Pues no", ha sentenciado la presidenta, que ha asegurado que el Gobierno no está haciendo otra cosa que "dar garantías y ofrecer seguridad jurídica" a la hora de distribuir unos fondos "que no son del PSOE, ni del Gobierno de Sánchez ni del Ministerio. Son de todos los ciudadanos".

"Estamos asegurándonos de que el procedimiento es impecable, que es lo que tenemos que hacer, y tratando de corregir lo que creo que ha sido una chapuza de gestión y protegiendo a los ciudadanos de Santillana del Mar, para garantizar que en un futuro su Ayuntamiento no tenga que devolver unos fondos que igual nunca tuvo que haber recibido. Eso es lo que estamos tratando de evitar", ha sentenciado.

Por otra parte, la presidenta ha matizado que el Ejecutivo de Cantabria no ha suspendido el Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana ni ha retirado los fondos de manera unilateral "porque le corresponde al Gobierno hacerlo", además de que este asunto "no está zanjado" sino "abierto a expensas de la decisión que tome el Ministerio".

Al hilo, ha precisado que lo que ha hecho el Gobierno es actuar de acuerdo con los informes técnicos de la Consejería "que dicen que hay que repetir el procedimiento desde el momento de la valoración", lo que ha llevado a declararlo no apto "porque incluye indebidamente las actuaciones de un particular".

Además, ha asegurado que todas las incidencias y decisiones se han comunicado tanto al Ayuntamiento de Santillana del Mar como a la Secretaría de Estado de Turismo y al Ministerio, que desde el mes de enero conocen el asunto, el posicionamiento de la Consejería y la intención de volver a valorar el plan.

Además, ha censurado que Ministerio todavía no ha respondido oficialmente al Gobierno de Cantabria sobre esta cuestión, aunque sí a través de los medios, "para permanecer indiferente a las irregularidades que se han denunciado y para decir que su decisión es inamovible".

Ante esta "discrepancia de criterio" en un procedimiento que todavía no ha terminado y que no está cerrado, el Gobierno de Cantabria ha encargado un informe a la Dirección General del Servicio Jurídico para saber cómo tiene que proceder con arreglo a derecho, de modo que tomará la decisión correspondiente "con ese informe en la mano".

Finalmente, la presidenta ha expresado su "respaldo" a las actuaciones de la Consejería de Turismo y de su titular, que se ha conducido "de una manera absolutamente escrupulosa, siguiendo en todo momento las indicaciones de los técnicos para corregir una situación irregular que no es imputable al Gobierno de Cantabria".

"Aquí no hay ninguna teoría de la conspiración, aquí no hay ningún enemigo exterior", ha remarcado Buruaga, que ha pedido no utilizar "como arma arrojadiza" un asunto "muy serio, porque están en juego tres millones de euros absolutamente necesarios para Santillana del Mar y para Cantabria".

La presidenta ha asegurado que el Gobierno "va a poner todo en su parte para recobrar la vía del diálogo institucional con el Ayuntamiento y con el Ministerio para recuperar la vía de la corrección de las formas y en las formas y para encontrar la mejor solución".

"Vamos a rebajar el tono, como he escuchado con satisfacción que decía hoy el alcalde de Santillana del Mar y a eliminar la confrontación política de un asunto que no tiene ninguna lectura política, y se lo digo muy especialmente al Partido Socialista de Cantabria y a su responsable, Pablo Zuluaga", ha declarado.