Podemos denuncia el cierre de centros públicos en Piélagos, Liérganes, Bareyo, Cartes, Castañeda, Alfoz de Lloredo, El Astillero y Castro Urdiales

El partido político Podemos Cantabria denuncia el cierre de centros públicos, una medida que califican de injusta que afecta a los municipios de Liérganes, Bareyo, Castro-Urdiales, Piélagos, Cartes, Castañeda, Alfoz de Lloredo y El Astillero, tal y como recogía el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

A su juicio, “mientras estas localidades sufren el desmantelamiento de los servicios educativos esenciales, el Gobierno regional incrementa la financiación de centros privados concertados con dinero público”.

Los centros suprimidos hacen referencia a las escuelas infantiles de Garruchines y La Jilguera, en Piélagos; Alberto de la Cantolla, en Liérganes; Cabo de Ajo, en Bareyo; El Chopo, en Cartes, Los Pequeños Hayas, en Castañeda; San Roque en Alfoz de Lloredo, y Cors, en El Astillero, a lo que se añade el colegio público de Educación Infantil y Primaria El Pedregal, en Castro Urdiales.

“El cierre de colegios públicos no es una decisión técnica, es una decisión ideológica. Se trata de una estrategia consciente para debilitar la escuela pública y allanar el camino a la privatización”, ha denunciado el secretario de Educación de Podemos Cantabria, Pablo González.

“Están condenando a muchas familias a tener que desplazarse kilómetros para escolarizar a sus hijos, mientras se siguen financiando con dinero de todos centros que seleccionan al alumnado y no garantizan la igualdad de oportunidades.”

Esta política, impulsada por el Gobierno del Partido Popular en Cantabria y su consejero de Educación, Sergio Silva (PP), supone un ataque frontal a la educación pública y al derecho de acceso igualitario a una enseñanza de calidad, especialmente en las zonas rurales y periurbanas donde la escuela pública es un eje de cohesión social.

Desde Podemos advierten que Cantabria está copiando con preocupante fidelidad la hoja de ruta de Isabel Díaz Ayuso en Madrid: recortes, desprecio por lo público y privilegios para unos pocos. Un modelo autoritario, prepotente y chulesco que destruye los derechos más básicos en nombre de la rentabilidad.

“El consejero Silva y la presidenta Buruaga están dinamitando un pilar esencial de la democracia. No es eficiencia, es ideología. No es ahorro, es desprecio por lo público. Y no lo vamos a permitir”, ha añadido González.

Ante esta situación, Podemos rechazó esta deriva que pone en peligro el futuro de la educación y exigen la paralización inmediata del cierre de centros públicos y la reversión de cualquier medida que favorezca a la enseñanza concertada en detrimento de la pública. “La educación debe ser un derecho garantizado por el Estado, no un negocio sostenido con recursos públicos”, inciden.