Condenado el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera a pagar más de 6.000 euros a un policía local en prácticas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Santander ha estimado de manera favorable la reclamación de un funcionario de policía local que, en su periodo de prácticas en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, fue retribuido sólo con el sueldo base y al que no se abonó las retribuciones complementarias, el complemento destino y el complemento específico.

De esta manera, la Justicia ha dado la razón a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria.

La sentencia, que ya es firme, obliga al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera a abonar al trabajador más de 6.000 euros, sin contar con los gastos generados por la defensa jurídica y las costas judiciales, y especifica expresamente el derecho a ser retribuidos por los mismos conceptos que los restantes miembros del Cuerpo durante el periodo de prácticas como funcionario de nuevo ingreso, es decir, el demandante tenía derecho a percibir la retribución íntegra correspondiente a su grupo, sueldo base complemento de destino y específico.

“De nuevo vemos cómo una administración malgasta el dinero público acudiendo a los tribunales con casos que se podrían resolver mucho antes. Un funcionario público que vela por la seguridad y la protección de los vecinos de la villa ha visto cómo no se ha valorado su dedicación profesional e injustamente no se le ha pagado lo que legalmente le corresponde”, han señalado fuentes de la FSC-CCOO.

Para la federación, “la sentencia es extensible a otros Ayuntamientos donde se están produciendo situaciones idénticas o similares, como es el caso del Ayuntamiento de Santander. La sentencia deja claro que el Ayuntamiento demandado ha aplicado una normativa que no es la que se encontraba en vigor”.

La FSC-CCOO una vez más ha lamentado que la historia se repita y que los alcaldes y alcaldesas prefieran acudir a los tribunales antes que atender las justas reclamaciones en material salarial de su personal, atascando de forma innecesaria los juzgados de lo social y del contencioso administrativo con casos que son perfectamente evitables y manteniendo la dinámica de malgastar el dinero público en cuestiones que podrían resolverse de forma más ágil y sin dilación porque saben que en los tribunales las van a perder.

“En el caso de San Vicente, desde CCOO ya se lo trasladamos a la alcaldesa Charo Urquiza (PSOE) en la mesa de negociación del mes de diciembre y, al rechazar nuestro planteamiento y no ver forma alguna de que atendiera nuestra reclamación, no nos quedó otra vía que acudir a la justicia, que ahora, como se ve, nos ha dado la razón”, ha apuntado.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía ha exigido al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera que deje de pisotear los derechos de las personas trabajadoras del Consistorio y escuche y atienda las peticiones en materia salarial de quienes como en este caso, se encargan de ofrecer un servicio público esencial, que siempre tiene que ser de calidad, y que merecen el máximo respeto, y esto incluye pagar íntegramente el salario correspondiente.

Alcaldesa

La alcaldesa Charo Urquiza ha aclarado que se basó en los informes de Intervención, contrarios a abanar las cantidades reclamadas por un policía local en prácticas, ya que no se correspondían con la actividad que desempeño. Por estos motivos, indicó que no puede ir en contra de los consejos de los funcionarios, aunque después la Justicia ha dado la razón al trabajador. "Se pagará, no se ha cometido ningún delito, ya que sólo se siguió el consejo de los funcionarios municipales", reseñó.

De hecho, la regidora municipal pidió asistencia jurídica al Gobierno de Cantabria que se pronunció en el mismo sentido.

El equipo de Gobierno recordó que el agente reclamó mientras estuvo en prácticas el pago de complementos de destino y específicos y aunque la legislación establece que si no hay trabajo efectivo no hay trabajo específico ni hay complementos, la jueza ha dado la razón en base a que la Ley no establece limitación.

Urquiza acata y respeta la sentencia judicial, aunque rechaza la valoración de CCOO sobre que se malgasta el dinero público acudiendo a los tribunales, ya que los informes avalan la decisión del Ayuntamiento.