Detenidas ocho personas en la operación de la UDEF y la Agencia Tributaria en la Consejería de Obras Públicas

La operación que está llevando a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia Tributaria en Cantabria con registros en la Consejería de Obras Públicas, varias empresas y domicilios particulares por presuntas irregularidades que podrían tener que ver con adjudicaciones de contratos públicos ya ha dado lugar a ocho detenciones y no se descarta que puedan ser más a lo largo del día.

Así lo han confirmado fuentes vinculadas a la investigación de estos hechos, aunque por ahora no ha precisado el número de detenidos que ha habido ni tampoco sus identidades ya que se ha decretado el secreto de sumario por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander y aún continúan los registros.

Al parecer la investigación partió de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria, a la que luego se han incorporado personal de Madrid y de la UDEF.

Por otra parte, una comisión judicial ha llegado a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria para iniciar el registro de las dependencias que había precintado desde primera hora de la mañana la Policía Nacional para proceder al registro e inventariar todo el material.

Según ha precisado el consejero de Obras Públicas, el regionalista José Luis Gochicoa (PRC), lo que se han acordonado son "dos o tres" despachos del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Carreteras.

Sin embargo, Gochicoa ha asegurado que, por ahora, no se les ha aportado ningún detalle de qué es lo que se investiga ni a quién y ha ofrecido "transparencia" y colaboración por parte del Ejecutivo regional, que no descarta personarse tampoco en la causa si se tienen conocimiento de irregularidades por algún funcionario o personal de la Consejería.

Sí ha revelado que hay un funcionario del Servicio de Carreteras que hoy por la mañana ha avisado que no podía acudir a trabajar por "motivos personales", aunque, a preguntas de los periodistas, no ha querido confirmar si se trataba del jefe de Conservación de Carreteras.

Consejero

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), con sede en Madrid, y la Agencia Tributaria accedieran a la sede de la Consejería y específicamente al servicio de conservación y mantenimiento de carreteras, en la quinta planta, donde han acordonado "dos o tres despachos de funcionarios", a la espera de que llegara la comisión judicial para hacer un registro, que no se había personado a la hora de la comparecencia del consejero.

Asimismo, tampoco le constan otros registros en oficinas del Gobierno de Cantabria, ni tampoco en empresas o de particulares, tal como anunció esta mañana la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones. En concreto, sobre posibles investigaciones a empresas que trabajan habitualmente con el servicio de mantenimiento de carreteras, la Consejería no tiene "ninguna constancia", ha dicho su responsable, que ha explicado que la mayoría de las empresas son de Cantabria, aunque hay alguna de carácter nacional.

Gochicoa ha manifestado que se han puesto a disposición policial "para ofrecerles un informático o cualquier tipo de documentación" porque "nuestra transparencia es máxima y todo lo que sea ayudar a la justicia a desentrañar los hechos que se están investigando es positivo para la sociedad".

De hecho, ha asegurado que si hubiera "cualquier tipo de irregularidad en algún contrato o funcionamiento de cualquier funcionario nosotros propondríamos personarnos como perjudicados", pero al haber secreto de sumario, actualmente "no sabemos lo que se está investigando".

El consejero ha afirmado que en el resto del edificio de Obras Públicas "se sigue trabajando con absoluta normalidad; es decir, solo hay una pequeña zona de una planta afectada".

Gochicoa ha reconocido que ha sido "un día de disgusto", sobre todo porque "no habíamos tenido ningún tipo de conocimiento previo de ningún tipo de denuncia, investigación ni nada que pudiera estar en marcha con respecto a ningún servicio o funcionario de la Consejería".

En este sentido, a preguntas de la prensa, ha explicado que su departamento no llevaba a cabo ningún tipo de investigación interna porque no había recibido denuncias ni tenía sospechas "de nada" sobre este servicio que "viene funcionado de forma eficaz". "Antes de las 7.30 horas no hemos tenido ningún tipo de información, no nos consta ninguna denuncia ni información al respecto" sobre este servicio, que tiene más de un centenar de trabajadores, algunos de ellos desde hace "muchos años, con diferentes partidos políticos gobernando".

Al hilo, preguntado sobre la presunta implicación del jefe de servicio de Conservación de Carreteras, Gochicoa ha explicado que hoy un funcionario "con dilata experiencia", cuyo despacho se encuentra en la zona acordonada, que tenía una presentación, y ha pedido el día "por motivos personales". Se trata de un funcionario que "lleva muchos años trabajando para la Administración pública, con gobiernos de todo tipo, y que ha trabajado siempre en el ámbito de las carreteras", pero no ha confirmado que se trate del citado jefe de Conservación.

Al respecto y al igual que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha señalado que si es un funcionario quien ha cometido alguna irregularidad, espera que "caiga todo el peso que corresponde" sobre él porque no se puede "empañar la labor de una consejería tan importante".

En este sentido, Gochicoa ha destacado que el servicio de mantenimiento de carreteras "ha trabajado siempre bien" pero "si hay algún tipo de aprovechamiento de cualquier persona, todo el peso de la Ley tiene que caer sobre esa persona". Si bien ha insistido en que desconoce los motivos --"puede haber cualquier tipo de motivos"-- de la actuación policial porque "no nos han dicho nada de forma oficial".

A la pregunta de si piensa poner su cargo a disposición del presidente, Miguel Ángel Revilla, Gochicoa, que ha informado de estos al Gobierno de Cantabria, ha considerado que hacerlo ahora sería "una irresponsabilidad" porque "lo que hay que hacer es saber lo que ha pasado y facilitar la mayor información" sobre este hecho, "que a lo mejor tiene que ver con empresas, que no lo sabemos".

La Consejería de Obras Públicas tiene una plantilla de más de 400 personas de las que más de un centenar están en conservación. El presupuesto de mantenimiento de carreteras de este año asciende a 16 millones de euros para atender limpieza de cunetas, vialidad invernal,

Valoraciones

El portavoz de Ciudadanos (CS) Félix Álvarez, ha registrado en el Parlamento de Cantabria la solicitud de comparecencia del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, para que explique cuáles han sido los motivos que han llevado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional y a la Agencia Tributaria, a efectuar un registro en las oficinas de la consejería, así como en ciertos domicilios y empresas.

Álvarez ha denunciado que, aunque se sabe de momento poco sobre este asunto, “todo apesta desde hace mucho tiempo en la región, tanto en la forma en que los distintos gobiernos manejan el dinero público, como en algunas adjudicaciones y contrataciones”.

“Sabemos que la investigación ha sido impulsada por un juzgado de Madrid, que afecta al Servicio de Mantenimiento de Carreteras y que se investiga a algún funcionario y ciertas empresas. Cantabria, desgraciadamente, sigue siendo noticia por presuntos casos de corrupción”, ha subrayado Álvarez, que añade que el Gobierno, como siempre, no sabe nada.

“Yo no sé nada, dice el Gobierno de Revilla. Como siempre. ¿Han vuelto a fallar los órganos de control? ¿Han vuelto a mirar para otro lado? ¿Se ha vuelto a favorecer a los de siempre?”, pregunta Álvarez, que insiste en que el consejero ha de dar explicaciones urgentemente de lo que está ocurriendo, y recuerda que finaliza esta legislatura salpicada de numerosos casos, “raros, extraños y turbios”.

El PP ha exigido explicaciones "inmediatas" del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), o del titular de Obras Públicas, el también regionalista José Luis Gochicoa, sobre la investigación.

Así se ha pronunciado la secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, quien ha reclamado que alguno de estos dos responsables políticos aclaren "qué es lo que se busca y por qué se está buscando esa documentación". Y es que, aunque el PP ha afirmado que quiere ser "muy cauto", ha señalado que, "de primeras", esto "le suena mal".

"Como diría Revilla, la orina del enfermo huele mal", ha aseverado González Revuelta, quien espera que el Gobierno "no se escude en ningún técnico o parvulito para dar explicaciones", como según ha dicho, "hace siempre" y sean Revilla o Gochicoa quienes aclaren lo que está sucediendo pues es un "motivo más de alarma y preocupación".

El portavoz de Vox en la Cámara, Cristóbal Palacio, ha registrado dichas solicitudes de comparecencia con el fin de que “el máximo responsable del Gobierno de Cantabria explique a los ciudadanos de forma detallada el por qué de los registros en una sede de su Ejecutivo”.

Vox resalta que, de confirmarse los datos conocidos hasta ahora, “los mecanismos de control del propio Gobierno han fallado” y, por ello, su “máximo responsable” es el que debe comparecer para explicar lo sucedido. “Los montañeses merecen transparencia en asuntos de este calado”, declara el portavoz.

Palacio ha defendido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se cuestiona si “esta situación” se ha podido “repetir” en otros departamentos del Gobierno, algo normal que la UDEF entre a registrar una Consejería del Gobierno de Revilla "por presuntas irregularidades" y ha lamentado, en lo que respecta al Gobierno regional, que "no salimos de un escándalo y estamos entrando ya en otro".