La restauración ambiental de los terrenos en Torres y Cartes de las antiguas minas de Reocín costará 2,8 millones de euros

La restauración ambiental de los terrenos en Torres y Cartes de las antiguas minas de Reocín costará 2,8 millones de euros. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta actuación, donde el Ejecutivo autonómico invertirá 1,6 millones de euros en la restauración del dique 27 en Torres y 1,1 millones de euros en la recuperación en el lago de La Peña y los diques de la Barquera en Cartes.

Ambos proyectos contarán con la financiación de los fondos europeos Next Generation y prevén actuaciones de eliminación de especies invasoras, plumero y bambú japonés; mejora del suelo, con la extensión de una capa de tierra de unos 40 centímetros para cubrir los suelos con nula o baja cobertura vegetal en los depósitos mineros, y actuaciones de revegetación y mejora silvícola para la calidad de las masas arbóreas existentes, siembras e hidrosiembras sobre las nuevas coberturas de tierra y la plantación de especies que favorezcan el incremento de la absorción de CO2 y permitan reducir los niveles de contaminación de la zona.

Además, en el proyecto que actuará sobre el dique 27 en Torres se mejorará la vía verde existente, se ejecutarán caminos de servicio para el mantenimiento y la prevención de incendios forestales, y se realizará el cierre perimetral. Para la mejora de la biodiversidad se instalarán cajas nido para aves y murciélagos y se crearán hibernaculums y otros elementos para favorecer la presencia de abejas y otros polinizadores.

En la regeneración en el lago La Peña y el dique de San Vicente en Cartes también se ejecutará un camino para el mantenimiento y prevención de incendios, y se mejorará la zona de descanso existente mediante la revegetación de la zona.

El plazo previsto para la ejecución de la regeneración de los terrenos de Torres es de 10 meses y en el caso de Cartes se limita a ocho meses.

Además, se está ultimando la aprobación del proyecto de casi seis millones de euros de inversión para la recuperación de los diques de Mijarrojos, también en Cartes.

Además de la recuperación de los terrenos de la antigua mina de Reocin, el Gobierno de Cantabria cuenta con cuatro proyectos de recuperación ambiental en terrenos degradados, con la financiación de los fondos europeos, tres de ellos ya concluidos (La Picota, el monte de la Sierra en Ruesga y Ramales, y la ladera de Suances) y el que se está ejecutando para la recuperación de la cantera de Cuchía.

El Consejo ha acordado encargar a la empresa Tragsa la ejecución material de sendos proyectos de recuperación y restauración ambiental en el Dique 27 en Torres, en Torrelavega, y, por otro, en el Lago de la Peña y los Diques de la Barquera, en Cartes, en el marco del componente cuatro del Plan Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos Europeos Next Generation.

Educación

También, se ha aprobado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Castañeda para la financiación de las obras de mejora del instituto Santa Cruz. La inversión de 30.000 euros se dirigirá a asfaltar una parcela destinada a aparcamiento de profesores, alumnos y visitantes y que sirve también al pabellón polideportivo y al propio Ayuntamiento. Esta actuación supondrá una mejora sustancial para las instalaciones escolares localizadas en esta zona donde además del centro Santa Cruz, se encuentra el colegio El Haya.

Al mismo tiempo, el Consejo ha aprobado el decreto por el que se regula el Consejo Cántabro de Comercio. Con el nuevo reglamento, el Gobierno de Cantabria crea este consejo asesor y consultivo, con el fin de promover las actuaciones e iniciativas que reactiven el comercio minorista de la comunidad autónoma, fortaleciendo su competitividad mediante estrategias que permitan responder a las necesidades concretas del sector.

De esta forma, tendrá como función principal la de estudiar y analizar el comportamiento y las necesidades del sector comercial para obtener una planificación regional que permita la dinamización de la actividad económico comercial de la comunidad, fomentando la participación de las entidades, organizaciones empresariales, sindicales y asociaciones relacionadas.

El nuevo decreto regula la composición, designación, funciones, régimen de funcionamiento y régimen jurídico del nuevo órgano, que estará presidido por la persona competente en materia de comercio del Gobierno de Cantabria.

Además de los miembros del Gobierno de Cantabria, tendrá una amplia representación formada por las organizaciones empresariales más representativas del sector, miembros de las cámaras oficiales de comercio, asociaciones de consumidores y usuarios, junto a entidades o federaciones de comerciantes de mayor implantación en la comunidad.

Igualmente, formarán parte del Consejo, miembros de los ayuntamientos de Santander y Torrelavega, junto a otro representante propuesto por la Federación de Municipios; miembros de los colegios profesionales, de la Universidad de Cantabria y de las organizaciones sindicales. También participarán personas de reconocido prestigio en materia de comercio y consumo, propuestas por la consejería competente en materia de comercio, junto a representantes de las grandes empresas de distribución y de los centros comerciales de Cantabria.

El Consejo Cántabro de Comercio se reunirá con carácter ordinario una vez al año, pero también podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición de la presidencia o de la mayoría absoluta de sus miembros.