Rechazada la moción de Vox para realizar un estudio sobre la instalación de reactores modulares en Cantabria

El Pleno del Parlamento de Cantabria rechazó hoy la moción del Grupo parlamentario de Vox para realizar un estudio sobre la instalación de reactores modulares en Cantabria, una iniciativa que contó con el voto contrario del PP, PRC, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

La defensora de la puesta fue la diputada regional, Natividad Pérez, quien aseguró que Cantabria padece vulnerabilidad energética, el 60 por ciento se importa, y es una situación que ha dejado patente el proyecto Altamira ante la falta de suministro eléctrico.

Por ese motivo, sólo pedimos datos para apostar por una energía que reducirá costes por medio de la colaboración con la Universidad de Cantabria o el clúster de la energía industrial”, declaró. De igual forma, avanzó la conveniencia de solicitar la unión a la Alianza Europea de la energía industrial.

Por el PSOE intervino Ana Belén Álvarez, quien calificó la moción de demagógica y sin precisión sobre cuándo, cómo y dónde se deben instalar, mientras los proyectos industriales siguen esperando conexión eléctrica.

Por su parte, el PRC, por medio de Francisco Javier López Marcano, apostó por la reindustrialización sostenible con 74 medidas y un eje que se fundamenta en la eficiencia energética y la descarbonización.

Para concluir subió al estrado el diputado regional del PP, Alejandro Liz, quien definió la moción como teórica y superficial, ya que no recoge dónde se deben instalar esas plantas de energía nuclear. Además, explicó que es inviable, ya que las competencias dependen del Estado y no se permiten acorde a la legislación vigente. Y en este sentido, pregunto a Vox si su partido tomó alguna iniciativa en Castilla y Léon con el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

PSOE

El PSOE ha reclamado la puesta en marcha de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que dé respuesta a las necesidades de los barrios de Peñacastillo, Nueva Montaña y Campogiro, una de las zonas de Santander que más ha crecido en población en las últimas décadas sin que los servicios públicos, especialmente los sanitarios, lo hayan hecho al mismo ritmo.

Así lo han trasladado el portavoz del Grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias, han anunciado una iniciativa política coordinada para garantizar el acceso a la atención sanitaria urgente de todos los vecinos y vecinas de la capital.

Fernández ha recordado que Peñacastillo ha duplicado su población desde el año 2000 y supera actualmente los 20.000 habitantes, y que este crecimiento continúa en la actualidad. “Según datos publicados recientemente en medios de comunicación, Peñacastillo y Nueva Montaña van a incorporar cerca de 400 nuevas viviendas en los próximos meses, muchas de ellas ya vendidas y a punto de ser habitadas. Esto supone la llegada de cientos de nuevos vecinos y vecinas en muy poco tiempo, sin que los servicios públicos básicos se hayan reforzado en la misma proporción”, ha señalado.

Carretera

Cantabristas ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas “el timo” de la carretera Suances-Requejada. El partido considera que el proyecto impulsado por el consejero Media compromete los criterios de eficiencia, economía y sostenibilidad del gasto público mediante un falso modelo concesional que en realidad es financiación pública encubierta que asegura sobrecostes millonarios para la empresa concesionaria.

El proyecto para el desarrollo del tramo Suances-Requejada del Eje A-67, tal y como describe su Estudio de Viabilidad Económico-Financiera, garantiza de forma absoluta un retorno directo de grandes beneficios económicos. Por eso mismo, el partido cantabrista ha cuestionado el motivo de realizarlo a través de una colaboración público-privada y ha solicitado iniciar una actuación fiscalizadora por parte del Tribunal de Cuentas. La respuesta, en su opinión, se encuentra en los sobrecostes millonarios de más de 130 millones de euros que percibiría la empresa concesionaria sin ningún tipo de riesgo.

“No vamos a permitir que el PP siga con los chanchullos en el sector de Carreteras que parece haber heredado de gobiernos anteriores”, han declarado. Por ello, Cantabristas ha solicitado la intervención del Tribunal de Cuentas para que realice el análisis del modelo económico-financiero y del compromiso de fondos públicos, y se supervise la acción de un Gobierno que “parece sospechoso por priorizar intereses privados particulares sobre el interés general”, han sentenciado desde la formación política.

Participación

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia (PP), ha destacado que la Comunidad Autónoma ha dado “un paso más” en la mejora de la calidad democrática, el buen gobierno y en la eficiencia de la Administración pública con la nueva Ley de Participación Ciudadana, que ha aprobado hoy el Parlamento.

Durante su intervención en la sesión plenaria, la consejera de Presidencia ha puesto de manifiesto que, junto a la Ley de Simplificación Administrativa, la nueva norma consolida el compromiso del Ejecutivo con la transparencia, la colaboración ciudadana y la modernización de la Administración como pilares del desarrollo económico y social de la región.

La nueva ley “ampara, regula y desarrolla los instrumentos necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones públicas como herramienta fundamental para la mejora de la calidad democrática y la eficiencia de la administración pública”, ha valorado la consejera

De esta forma, se establecen cinco instrumentos de participación: los procesos de deliberación participativa, la iniciativa ciudadana para proponer políticas y servicios públicos, los presupuestos participativos, las consultas ciudadanas, junto al seguimiento y la evaluación de las políticas y servicios públicos.

Portal

El ámbito de aplicación de la nueva Ley se circunscribe al diseño, planificación, propuesta, ejecución y evaluación de las políticas y servicios públicos del Gobierno cántabro y su sector público institucional. Este derecho podrán ejercerlo tanto las personas físicas como las entidades (asociaciones, federaciones, entidades sin ánimo de lucro, plataformas o foros ciudadanos sin personalidad jurídica, sindicatos, organizaciones empresariales, colegios profesionales, entre otros).

Además de la promoción e impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos que son competencia del Ejecutivo regional, la norma tiene como finalidad implantar el gobierno abierto en los planes de acción de la Administración para optimizar la toma de decisiones, mejorar la comunicación con los ciudadanos, facilitar la presentación de propuestas de políticas públicas y establecer instrumentos de rendición de cuentas en la prestación de los servicios públicos.

Igualmente, pretende extender una cultura participativa con estrategias de formación y sensibilización desde la infancia, fortalecer la vertebración de la sociedad civil y la colaboración entre administraciones locales en este ámbito.

Los principios rectores de la participación ciudadana se basan en la universalidad y diversidad, transversalidad, accesibilidad universal, no discriminación por cuestiones de género, trasparencia, facilitad y comprensión, gratuidad y buena fe.

Establece una serie de obligaciones a la Administración autonómica como integrar la participación ciudadana en su actuación, realizar acciones de comunicación y difusión, medidas de fomento del asociacionismo y la promoción del derecho de participación a través de las tecnologías de la información, entre otras.

Como límites a este derecho, los procesos de participación no podrán promocionar intereses individuales y otras materias que no sean competencia del Gobierno y no se realizarán en tiempos o circunstancias que pudieran interferir en la actividad del Parlamento de Cantabria, así como durante los periodos electorales, la tramitación de mociones de censura o cuestiones de confianza.

Además, se recoge la organización en esta materia en el ámbito de la Administración autonómica con un órgano directivo y unidades responsables en cada una de las consejerías.

Para fomentar la participación, se detallan una serie de medidas como programas de formación para los ciudadanos y la edición de guías didácticas para divulgar el alcance de esta norma, la difusión de los procesos participativos a través del Portal y campañas de sensibilización, formación de los empleados públicos y la promoción de la participación ciudadana desde el ámbito educativo.