Preocupación en Justicia por el déficit de jueces y la falta de previsión del Ministerio al que exige un plan de empleo para garantizar el número de plazas
La consejera Isabel Urrutia (PP) alertó del riesgo de entrar en una fase de deterioro del servicio público y rechaza la reforma para acceder a la carrera judicial: “no caben atajos ni experimentos como los que pretende el Ministerio”
El Gobierno autonómico ha alertado del problema “estructural” que supone la falta de jueces en España y ha mostrado su preocupación por el tiempo en el que el Ministerio tardará en cubrir las 500 plazas anunciadas recientemente, cuatro de ellas en Cantabria.
En opinión de la consejera Isabel Urrutia (PP) “tampoco solucionan la actual sobrecarga de trabajo y las necesidades históricas de la Comunidad”, tras lo que ha exigido un plan de empleo para cubrir las actuales demandas de nuevas plazas.
Así lo ha señalado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, tras celebrarse ayer el acto de entrega de los despachos a los 126 integrantes de la nueva promoción de la judicatura, celebrado en Barcelona, y en la que estuvieron presentes representantes del Gobierno cántabro como miembros del Consejo Rector de la Escuela Judicial, una vez finalizada la formación práctica. Entre los nuevos jueces se encuentra la próxima responsable de la plaza número dos del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo.
La consejera de Justicia se ha sumado así a la preocupación expresada en este acto por la propia la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en la que ha hablado de un “grave” déficit de jueces.
En este punto, la consejera de Justicia del Gobierno de Cantabria ha recordado la petición de ampliación de planta judicial realizada por todos los firmantes del Pacto para la Justicia de Cantabria, al considerar insuficiente el número de plazas de juez prevista por el Ministerio para Cantabria, cuatro plazas, una de ellas suprimida a comienzos de año, y la comunidad exige otras tres adicionales, y ha advertido del riesgo de entrar en una fase de deterioro del servicio público.
A esto se suma, según ha insistido, el tiempo en el que tardará el Ministerio en cubrir las nuevas plazas, por lo que ha exigido un plan de empleo que garantice una previsibilidad de un número de plazas amplio en los próximos años y garantice la idónea preparación de los nuevos jueces a través de los actuales sistemas de acceso.
“Debería haberse planteado hace años un plan de empleo a cinco o más años vista con sucesivas ofertas de empleo con un elevado número de plazas, de manera que se presente un escenario de predictibilidad y un efecto de llamada para que los jóvenes licenciados preparen esta difícil oposición, que lleva consigo unos cuatro años de media y una formación posterior en la Escuela Judicial de unos dos años más”, ha explicado la consejera.
Carrera judicial
En este punto, al hilo de las reformas impulsadas por el Ministerio para acceder a la carrera judicial, Isabel Urrutia ha señalado que “no caben atajos ni experimentos, como los que pretende el Ministerio”.
“Necesitamos jueces formados y el sistema actual de acceso, como viene declarando insistentemente la propia presidenta del CGPJ, da perfecto cumplimento a los principios de mérito y capacidad, permitiendo plena igualdad de oportunidades para la preparación de la oposición mediante la concesión de becas”, ha subrayado.
Además, ha rechazado que en el sistema actual solo tengan acceso las clases favorecidas económicamente o castas de juristas, como acreditan los propios datos, estudios y estadísticas de la Escuela Judicial.
Por último, Urrutia ha defendido que el acceso a la carrera judicial debe hacerse con tiempo y de forma organizada, dado el papel principal del juez como garante del Estado de Derecho.
“En sus decisiones se encuentra la defensa de los derechos personales y patrimoniales de todos los ciudadanos y el control a la actividad de las administraciones públicas, funciones que han de recaer en manos muy preparadas y que han de ejercerse con objetividad y sujetas solo al imperio de la ley, por lo que no todos los sistemas de acceso valen para estos fines y la improvisación de métodos nuevos no es el mejor camino para lograrlos”, ha opinado la consejera, quien ha concluido que también “este es el sentir mayoritario de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales”.