El Parlamento se une para tomar medidas y revertir la situación económica en Cantabria

El Parlamento de Cantabria se unió hoy, lunes, para aprobar la moción del PRC y tomar medidas  con el fin de revertir la situación económica.

La iniciativa, defendida por la diputada regional, Paula Fernández, pide reducir el pago medio a proveedores para no perjudicar a los autónomos y las empresas y activar la contratación pública en infraestructuras al menos en un 80 por ciento ante la falta de inversión en el mantenimiento en los centros educativos y la sanidad. De igual forma, exige impulsar los proyectos industriales en Campoo y Besaya y reorientar el plan de ayuda a los autónomos.

En su opinión, la situación económica de la Comunidad está estancada respecto a la media nacional con un aumento en el plazo de pago a los proveedores con 33 días, el incremento del precio de la vivienda un 3,3 por ciento, mayor que la media nacional; con una inflación  de las más altas de España, descenso en la cifra de autónomos y en la producción industrial, así como el incremento de un 16 por ciento en la disolución de empresas y la subida imparable del riesgo de pobreza.

Los populares, por medio de Alejandro Liz, presentaron una enmienda, que fue admitida para exigir al presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), que convoque las subastas de cogeneración. Aun así, indicó que el plan de autónomos funciona con 22,5 millones de euros en 2024, se han creado 5.000 puestos de trabajo, Cantabria tiene el mejor dato de paro y el pago a proveedores se sitúa en 26 días. Junto a esta situación se han reducido los impuestos, se ha simplificado la burocracia y se ha tramitado la creación de suelo industrial.

Para la diputada de Vox, Natividad Pérez Salazar, el paro subió un 14 por ciento en Cantabria, mientras que en la media nacional se redujo un nueve por ciento; la inflación se sitúa en el 2,9 por ciento, mientras baja la emancipación juvenil y se incrementa el precio de la vivienda y las ayudas a los autónomos no funciona.

Los socialistas coincidieron con la exposición de Vox en los datos y señalaron que no se ha ejecutado al 100 por cien la inversión, ya que de los siete millones de euros previstos sólo de destinaron 4,4. Al mismo tiempo, ha empeorado el pago a proveedores, se han perdido autónomos y Cantabria está a la cola del crecimiento en España. No se olvidó el PSOE de recordar que está en trámite de información pública la convocatoria para regular la cogeneración por el Gobierno central (PSOE-Sumar).

En otro punto en el orden del día, Vox sacó adelante su moción para fortalecer la inversión empresarial, con el voto en contra del PRC y el apoyo del PP, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

La diputada regional de Vox, Natividad Pérez, indicó que Cantabria, entre los años 2015-2023 creció 1,8, tres puntos por debajo de la media nacional, y en su opinión se deben tomar medidas como la subasta de la cogeneración de 1.200 megavatios, algo en lo que coincidió el PP, ya que fue una iniciativa anunciada por el Gobierno central en 2021. “La cogeneración reduce en un 40 por ciento los costes de las empresas”, incidió.

Para Alejandro Liz, que defendió una enmienda del PP, no se puede crear una línea específica de ayudas, ya que se han destinado a la modernización de las empresas y el Gobierno de Buruaga ha aumentado en un 11,4 por ciento esta partida.

Mientras que el PSOE, por medio de Ana Belén Álvarez, remarcó que se están tramitando tres subastas para la cogeneración, el PRC, en la figura de Francisco Javier López Marcano, rememoró que Vox ha sido el único Grupo que votó en contra de la hoja de ruta para la reindustrialización sostenible con 74 actuaciones, seis línea de trabajo y dotado con más de 100 millones de euros. Al mismo tiempo, insistió en que está en trámite de audiencia hasta el día 7 de marzo el concurso de cogeneración que incluye gas natural, biomasa e hidrógeno verde.

Además, la Cámara dio el visto bueno a pedir al Gobierno central que garantice la financiación de las universidades públicas mediante su participación "de manera decidida" en la financiación del sistema público universitario.

La Proposición No de Ley (PNL) del PP hizo frente a los "atropellos constantes" del Gobierno de Pedro Sánchez a la universidad, la investigación y la innovación, que ha contado con el apoyo del PRC y del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, el rechazado del PSOE y la abstención de Vox.

En la iniciativa se solicita que se convoque con carácter urgente la Conferencia General de Política Universitaria para detallar su aportación económica, plazos, cuantía y fórmula por la que se transferirá esa financiación a las universidades del país.

Universidad

Asimismo, se apuesta por abrir una negociación sobre la aportación del Estado a la financiación del sistema público universitario "en igualdad de condiciones"; e iniciar un programa de fortalecimiento de la investigación.

Además, recoge que el Gobierno asuma el coste adicional del programa Margarita Salas y la renovación del programa María Zambrano, restituya con carácter urgente el procedimiento de ayudas para la investigación en la inteligencia artificial, anulado por el Ministerio; y cree un Perte universitario.

El diputado 'popular' Álvaro Aguirre ha sostenido que tras la aprobación de la LOSU han dejado a las Comunidades Autónomas "con la soga al cuello" en materia de financiación universitaria, y ha criticado que el Estado "no cumple" con la norma de destinar al menos un uno por ciento del Producto Interior bruto (PIB) al gasto en materia de financiación de la universidad pública.

Frente a ello, ha destacado que en la actualidad la Universidad de Cantabria (UC) tiene "el mayor contrato-programa de la historia", con 300 millones de euros plurianual, "poniendo fin a más de 15 años de precariedad y cortoplacismo financiero".

También se ha referido a la "falta de continuidad y estabilización" de los contratos María Zambrano y Margarita Salas, así como la "infrafinanciación" de la UNED, que "ha llegado a provocar un boquete de más de 19 millones de euros en las cuentas públicas de la entidad" porque "el Ministerio se niega, por ejemplo, a hacerse cargo de las subidas salariales".

Y ha asegurado que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) también "atraviesa problemas extraordinariamente graves desde el punto de vista económico", que "ponen en riesgo" la propia viabilidad de la entidad.

Los regionalistas se han mostrado partidarios de la iniciativa, al tiempo que han exigido al Gobierno nacional "que cumpla todos sus compromisos de la LOSU".

Sin embargo, a juicio del PSOE, el PP tiene la necesidad de traer esta PNL al Parlamento porque es "la única forma que se hable bien de la gestión del consejero de Educación" y, además, "tiene un tufillo a oportunismo político".

Por su parte, desde Vox han señalado que parte de estos problemas de financiación "surgen directamente de la lucha competencial entre las diferentes Administraciones", por lo que, aunque comparte el motivo de la iniciativa, se han abstenido.

Deporte

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario, Leticia Díaz, ha defendido la proposición no de ley, también aprobada por mayoría, para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las mujeres en la competición deportiva.

“La Ley Trans permite el cambio de sexo registral sin más requisitos que la voluntad, lo que en la práctica supone el borrado de la mujer deportista”, denunció Díaz. “El rendimiento físico del hombre es, en general, superior al de la mujer, y eso es algo que los políticos no quieren admitir, pese a la evidencia científica y a los casos que ya hemos visto en diferentes competiciones”.

Desde Vox han advertido que una sociedad que realmente defienda la presencia de la mujer en el deporte no puede permitir que deportistas biológicamente hombres compitan en categorías femeninas, desplazando a las mujeres y minando su moral. “Permitir, en nombre de una inclusión mal entendida, que un hombre biológico excluya a una mujer de una competición, clasificación, podio, premio, beca, patrocinio o récord es absolutamente vergonzoso”, concluyó la portavoz.

Alega

La Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (Alega) rechaza la reciente aprobación en el Parlamento de Cantabria de una Proposición No de Ley que insta al Gobierno de España a derogar la legislación estatal que permite la participación de deportistas trans en categorías de deporte femenino de competición.

Dicha proposición, realizada por Vox, y apoyada en sede parlamentaria por el Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria, ha salido adelante incluyendo una enmienda del PP para precisar que esta distinción se haga únicamente en el deporte de élite y no en niveles inferiores.

El presidente de Alega, Víctor Pérez, afirma “rechazamos firmemente cualquier intento de limitar los derechos de las mujeres trans en el deporte y en cualquier ámbito de la vida”. Además, declara que desde la asociación “no permitirá que la agenda de odio de Trump y Milei se imponga en nuestras calles, buscando dividir a nuestra sociedad y vulnerar derechos”.

 Respecto a los informes presentados por Vox y el Partido Popular, el presidente de la entidad afirma que son “informes sesgados que solo reflejan la narrativa que les interesa, ignorando que los numerosos estudios que demuestran que las personas trans que llevan entre uno y dos años en tratamiento hormonal se encuentran en las mismas condiciones físicas que sus compañeras cisgénero”.

La asociación LGTBI+ cántabra, existente desde 1994, en el marco del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, que se celebra hoy, defiende “un deporte inclusivo y respetuoso, donde todas las personas, independientemente de su identidad de género, puedan participar con igualdad y dignidad. Donde no tengamos a niñas como Lola o Elena que no puedan jugar al baloncesto con sus amigas en el equipo del barrio porque una Ley las discrimina solo por ser diversas, atentando directamente contra los derechos a la salud y a la infancia”.

La ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, contempla que “la práctica deportiva por parte de menores de edad, sus derechos y necesidades, serán objeto de especial protección por parte de los poderes públicos”. Con el fin de mostrar el rechazo de la sociedad cántabra a la LGTBIfobia en el deporte, Alega ha convocado una concentración en el Parlamento de Cantabria este viernes, día 21 de febrero, a las 18.30 horas.