El Parlamento de Cantabria, con los votos del PP, Vox y no adscrito, mostró su compromiso con el Proyecto Altamira de 3.600 millones de euros de inversión

El Parlamento de Cantabria, con los votos de los Grupos del PP y Vox, mostró su compromiso con el Proyecto Altamira de 3.600 millones de euros de inversión privada y la creación de 1.450 puestos de trabajo.

La propuesta, defendida por el diputado regional Alejandro Liz, contó con dos enmiendas del PSOE y PRC que fueron rechazadas, de ahí que estos Grupos parlamentario optasen por la abstención.

En el caso de los regionalistas Pedro Hernando reclamó información a los diputados para poder apoyar esta iniciativa, ya que existen dudas sobre el clima y un informe de la Universidad de Cantabria hace referencia a que se deberán generar varias fuentes de energía. Además, exige más información sobre los puestos de trabajo que generará, los datos del consumo de agua y los gastos de energía.

Para el PP las enmiendas se deben a que no quieren apoyar la moción, ya que es una iniciativa madura, solvente, con suelo disponible y comprado, sostenible, eficiente y con conectividad, cuyas obras pueden empezar en 2026. “Ahora el Gobierno de España (PSOE-Sumar) tiene que hacer su papel y su competencia conlleva dotar de energía al proyecto, a pesar de que existe compromiso”, indicó.

En el debate, Vox, por medio de Natividad Pérez, apoyo la petición popular con el fin de reforzar la reindustrialización de Cantabria, lo cual no supone concede run cheque en blanco. “Somos prudentes con los proyectos ilusionantes que quedaron en nada y sólo fueron propaganda”, remarco.

La sesión plenaria siguió con otros referentes al sector industrial. Así, Vox presentó una moción, enmendada y aceptada por el PP, que salió adelante. Natividad Pérez solicitó presentar, en el periodo de alegaciones, un plan de choque para repotenciar, digitalizar y ampliar la red de distribución de las áreas industriales estratégicas, Besaya, Asón, Santander y Campoo.

Subestación

De igual forma, insta al Gobierno regional a que pida al Ejecutivo central una modificación del borrador de la Planificación Eléctrica de España para para repotenciar la subestación de Piélagos, necesario para atender a la Pasiega, el entorno del Besaya y el Puerto de Santander, así como las ampliaciones necesarias de la subestación de Penagos para garantizar la viabilidad del Proyecto Altamira.

No se olvidaron Vox y PP de la conveniencia de abandonar la ideología climática y de paralizar el calendario del cierre de las centrales nucleares previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ya que es una fuente esencial y de bajas emisiones.

En este punto en el orden del día también tomó la palabra Alejandro Liz por el PP quien destacó la apuesta del Gobierno regional por el sector industrial y como prueba señaló los cinco proyectos existentes con una inversión de 6.000 millones de euros. “Esto debe ir acompañado con la dotación de energía suficiente por el Gobierno central”, subrayó. Por ello, incidió Liz se debe reforzar Piélagos y Penagos para atender la Pasiega, Besaya y el Puerto de Santander.

Para los socialistas las iniciativas industriales no tienen que ver con la ideología climática y por lo tanto es un cumplimiento irrisorio, mientras que el PRC, por medio del diputado Francisco Javier López Marcano, está aclaro que el PP se entrega al negacionismo climático con esta votación, donde Vox, PP y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio apoyaron la propuesta y el PRC y PSOE lo hicieron en contra.

La sesión plenaria, sin embargo, aprobó, por consenso, la moción regionalista para corregir el estancamiento del sistema público de atención a la dependencia y el deterioro en su capacidad de respuesta a las personas más vulnerables.

Plazas concertadas

La diputada Rosa Díaz sólo subir al estrado recordó que en Cantabria han fallecido 243 personas en lista de espera y el envejecimiento poblacional va a más. Ante este panorama, reclamó ampliar las plazas concertadas en los centros residenciales de 24 horas al día y en los centros de día y elevar al 90 por ciento las plazas existentes en 2026, sin dejar de lado aplicar medidas administrativas.

En las intervenciones, Armando Blanco (Vox) consideró que falta una estrategia y cumplir con las iniciativas planteadas por su Grupo y aprobadas en las que se pidió resolver la situación de la dependencia, donde el cuatro por ciento de la población de Cantabria tiene un grado. “Han pasado siete meses y nada, no se ha diseñado el estudio de las necesidades ni el plan 2025-20240”, remarcó.

Por el PSOE, Norak Cruz, se apuesta por aumentar las plazas concertadas sin definir en que centros, y para el PP, Alejandro Liz, no hay Gobierno regional que haya hecho más por la dependencia que el PP, a pesar de que somos conscientes de que queda por hacer.

Al mismo tiempo, aclaró que los fallecimientos fueron 93 cuando se encontraron en el plazo y por lo tanto no se debió a la desatención de la Administración, mientras que matizó que las plazas deben ser reclamadas por los centros residenciales para determinar el tanto por ciento.

Para terminar, Alejandro Liz explicó que el Gobierno de Cantabria asume el 75 por ciento de los gastos frente al 25 por ciento del Gobierno central que debería cubrir el 50 por ciento, al tiempo que subrayó que Cantabria está por debajo de la media nacional con 180 días ante los más de 300 días en resolver las listas de espera.

El PRC finalizó el debate argumentando que nada sirve apoyar esta moción si luego no se aplica por los gobernantes.

Por otro lado, decayó la Proposición No de Ley presentada por los socialistas para reforzar y actualizar la educación afectivo-sexual de los jóvenes ante el aumento de las infecciones de trasmisión sexual y el acceso cada vez más temprano a la pornografía tras el voto en contra del PP y Vox.

En otro ámbito, los Grupos parlamentario del PRC, PSOE y Vox acordaron el incremento de un 25 por ciento el Fondo de Cooperación Municipal en el presupuesto de la Comunidad de 2026. Los populares argumentaron que ya han aceptado incluir en las cuentas la subida exigida tanto la Asamblea de la Federación de Municipios como la Comisión de Administración Local.

El PRC ha presentado esta iniciativa con el objetivo de sufragar "el alto coste de los servicios públicos", y al considerar que la ley que regula actualmente el Fondo de Cooperación Municipal, que entró en vigor en 2020 y obliga a subirlo conforme a la actualización anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), "ha quedado obsoleta".