La nueva Ley de Vivienda de Cantabria será un “revulsivo” para incrementar la oferta y generar seguridad jurídica frente a la ocupación, según el PP

La nueva Ley de Vivienda de Cantabria será un “revulsivo” para incrementar la oferta y generar seguridad jurídica frente a la ocupación.

Así, lo anunció la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), en su presentación y para quien supondrá un “revulsivo” para incrementar la oferta en la Comunidad Autónoma, tanto de compra como de alquiler, y generará mayor seguridad jurídica para los propietarios y los operadores del sector.

Buruaga ha añadido que se trata de una “Ley integral, moderna y garantista” que busca “ser eficaz y útil” para atajar el “enorme problema” de la vivienda que existe en Cantabria y que pone el foco en “lo importante”: más oferta para la compra y el alquiler, mejor acceso para los colectivos vulnerables y profesionales de servicios esenciales, más regeneración urbana y rural, y más seguridad jurídica y protección frente a la ocupación.

Es, además, una norma que nace con la solvencia y el respaldo de asociaciones y entidades que han “enriquecido” el texto con sus alegaciones” en el periodo de información pública.

La presidenta, junto con el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha comparecido en rueda de prensa para informar del contenido de un proyecto normativo que esta misma mañana ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, en reunión extraordinaria, y remitido al Parlamento para su tramitación.

Entre otros aspectos, Buruaga ha destacado que esta Ley movilizará el parque de viviendas vacías, cerca de 50.000, el 14 por ciento del parque residencial edificado- con programas de incentivos, ayudas y garantías públicas para los propietarios.

Asimismo, es una norma que fomenta la vivienda protegida, la rehabilitación y la regeneración urbana, apuesta por la colaboración con la iniciativa privada para facilitar a los cántabros una vivienda digna y asequible, y promueve la simplificación administrativa, avanzando en la declaración responsable para agilizar trámites en la calificación de viviendas protegidas.

En materia de seguridad jurídica, la presidenta ha avanzado que la norma establece medidas de prevención, protocolos de desalojo inmediato, asistencia gratuita por medio de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, y otras de protección social para dar soluciones habitacionales alternativas ante situaciones de vulnerabilidad real.

“Esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés”, ha sentenciado.

Políticas que funcionan

La nueva Ley de Vivienda forma parte de medidas que el Ejecutivo de Buruaga viene adoptando desde el comienzo de la legislatura con el objetivo contrarrestar los “efectos nocivos” de la, a su juicio, “absolutamente errática” política estatal de vivienda, que “acosa a los pequeños propietarios, favorece la ocupación y genera una enorme inseguridad jurídica que desincentiva el mercado de alquiler”.

“En Cantabria no nos resignamos. Este Gobierno no se resigna y nos negamos a dar por bueno que este problema no tenga solución”, ha asegurado la presidenta, que ha presentado a Cantabria como “la alternativa” a la gestión del Gobierno de España con políticas que “funcionan”, tal y como se ha demostrado en estos últimos dos años.

Entre ellas, ha subrayado la modificación de la Ley del Suelo para favorecer la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico “en muchas ocasiones, la mejor vivienda social”, y la rebaja de los impuestos que gravan la vivienda tanto en venta como alquiler, con un tipo reducido del cuatro por ciento para menores de 36 años, familias numerosas, personas con discapacidad, viviendas de protección social y en los municipios con riesgo de despoblamiento de en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), eliminando el tope de renta para arrendatarios menores de 36 años y ayudando a fomentar el alquiler con ventajas para los arrendadores con viviendas vacías durante el año anterior

La presidenta ha sumado el plan de vivienda pública en régimen de alquiler “el más ambicioso de la historia”, que ha permitido duplicar el parque público en esta legislatura y cuenta con 285 viviendas en marcha en nueve municipios de Cantabria.

El Ejecutivo de Buruaga también ha actuado en el plano de la iniciativa privada con la actualización en dos ocasiones del precio de referencia para viviendas de protección oficial, que llevaba diez años sin actualizarse, y la fórmula del Pan Singular de Interés Regional (PSIR), incluida en la Ley de Simplificación Administrativa, que permitirá multiplicar la construcción de viviendas asociadas a un gran equipamiento público, con un mínimo del 30 por ciento de protección oficial.

Para facilitar la financiación de los particulares a la hora de acceder a la vivienda, la presidenta ha recordado la mejora y la ampliación de las ayudas directas a la compra y el alquiler, y los avales públicos de hasta el 20 por ciento del precio de la vivienda destinados a personas de hasta 45 años para facilitar el acceso a una hipoteca que estarán operativos desde 2026.

“Como ven, nadie ha hecho más en menos tiempo. Y esto no ha hecho más que empezar”, ha resaltado.

Finalmente, la presidenta ha felicitado el “excelente trabajo” del consejero de Vivienda y de su equipo, en colaboración con la Universidad de Cantabria, y confía en que los grupos parlamentarios analicen el proyecto de ley “con ánimo constructivo y pensando solo en el interés general de los cántabros”.

Novedades de la Ley

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha detallado las principales novedades de esta ley que constituye una “solución legislativa para reforzar la seguridad jurídica, aumentar la oferta de vivienda y atender adecuadamente a la demanda”.

El fomento del alquiler asequible es uno de los grandes objetivos de la norma, que se articulará por medio de la colaboración público privada, siguiendo la fórmula ya aplicada en 212 de las 285 nuevas viviendas que el Ejecutivo de Buruaga está promoviendo en seis municipios. 

Además, se recupera el régimen de vivienda a precio tasado que permitirá acceder a vivienda protegida a sectores de población que superan los límites de renta establecidos, pero “tienen serias dificultades para acceder al mercado libre”. También se impulsarán modalidades de acceso alternativo como el coliving o cohousing.

Del mismo modo, la ley actuará para movilizar viviendas vacías dando incentivos y garantías a los propietarios como la fijación de la renta de alquiler según precio de mercado en vez del índice de referencia del Ministerio de Vivienda, que “está completamente desfasado”, según el consejero, y estableciendo ayudas al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de los gastos de comunidad.

Una de las novedades más importantes radica en el reconocimiento de situación de emergencia habitacional y, por tanto, con derecho a todos los programas de ayuda, a aquellos colectivos que hayan perdido sus viviendas o no puedan usarlas por motivos de incendios o catástrofes naturales,  y se habilita como personas usuarias de vivienda protegida en alquiler a aquellos profesionales de servicios básicos que no cumplen los requisitos para acceder a este tipo de viviendas, pero tienen dificultades para acceder en el mercado libre, como es el caso de médicos para reforzar hospitales o centros de salud, guardas forestales, profesores, veterinarios y farmacéuticos entre otros.

La nueva Ley de Vivienda se refiere también al Parque Público de Vivienda, donde se regularán “con precisión” los procedimientos de adjudicación, los precios máximos de venta y alquiler, la duración del régimen de protección y las limitaciones a la transmisión, además de reforzar la condiciones de habitabilidad, eficiencia energética y accesibilidad de todas las viviendas y, en aplicación de Ley de Simplificación Administrativa, se extiende la figura de la declaración responsable basada en “la confianza, la eficacia y la rendición de cuentas”. También se reforzará el servicio de inspección y supervisión.

Otra de las innovaciones más significativas es la incorporación del medio rural como eje vertebrador de la estrategia de vivienda, con la creación de la figura de la vivienda rural protegida y del Plan de Vivienda Rural, fomentando el acceso a la vivienda mediante incentivos económicos, cesión de suelo, fiscalidad favorable y promoción de rehabilitación y regeneración de los núcleos rurales.

Todo ello encaminado a dinamizar los núcleos con problemas de despoblamiento y envejecimiento de la población.

La lucha contra la ocupación es una de las áreas de actuación de esta norma con medidas de prevención, protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrancia, asistencia jurídica a propietarios afectados y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.

Para ello, el Ejecutivo pondrá en marcha de manera inmediata la Oficina de Apoyo a Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, porque, según ha apuntado Media, el Gobierno “está al lado de miles de cántabros que poseen una segunda vivienda y que son parte de la solución al problema de la escasez de vivienda en alquiler”.

“La mejor medida social en materia de vivienda consiste en dotar de seguridad jurídica a los propietarios”, ha afirmado el consejero, que ha anunciado que las personas contra las que se haya dictado resolución judicial o administrativa por ocupación ilegal de inmueble en los últimos cinco años no podrán acceder a ninguna de las ayudas que recoge la Ley, sin incluir las medidas de asistencia social.

Además, se incluye también en la nueva norma la creación del Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo para “tener una visión global de quien demanda, cuántas viviendas protegidas existen y cuánto suelo está disponible en Cantabria para construir vivienda protegida”, y el Registro de Agentes Inmobiliarios de carácter voluntario.

Finalmente, la Ley de Vivienda de Cantabria incluye un régimen sancionador “riguroso” con medidas como multas de hasta 90.000 euros para quienes detienen una vivienda protegida a alquiler turístico.

Podemos

Podemos Cantabria ha denunciado hoy que el Gobierno autonómico ha rechazado de forma sistemática las más de 150 alegaciones presentadas por la formación en el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley de Vivienda, así como la propuesta alternativa de ley registrada por el partido. “Todas han sido descartadas con la simple coletilla de que se trataban de planteamientos alejados de un punto de vista liberal”, critica la formación.

Desde Podemos subrayan que el Ejecutivo regional “ha optado por una visión puramente mercantilista de la vivienda, tratándola como un bien de negocio y no como un derecho fundamental reconocido en la Constitución”. En este sentido, alertan de que el anteproyecto ignora medidas esenciales como el control de los precios del alquiler, la ampliación urgente del parque público de vivienda o la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, dejando “desprotegidas a miles de familias cántabras que hoy sufren la crisis de acceso a la vivienda”.

La coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha afirmado que “esta Ley demuestra que el Gobierno de Cantabria no quiere garantizar un derecho, sino blindar el negocio inmobiliario. Rechazan regular los alquileres, proteger a las familias frente a los desahucios y ampliar el parque público. Están legislando para los especuladores y no para la gente trabajadora”.

Podemos recuerda que presentó alegaciones a la práctica totalidad de los artículos de la ley, llegando incluso a registrar una propuesta alternativa de Ley de Vivienda. Sin embargo, todas sus aportaciones fueron rechazadas, a excepción de la aceptación parcial de la figura del alquiler colaborativo y la corrección de una referencia legislativa obsoleta.

Para la formación, este balance evidencia “la absoluta falta de ambición social del anteproyecto” y confirma que el texto impulsado por el Gobierno “ se olvida de que la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución y la reduce a una mercancía sometida a la lógica del mercado”.

Entre las propuestas rechazadas por el Ejecutivo estaban también el uso social permanente de la vivienda protegida para evitar su desnaturalización, así como la limitación de los usos turísticos y terciarios en viviendas residenciales con el fin de proteger el acceso frente a la presión del turismo. “Todas fueron rechazadas bajo una misma justificación ideológica”, lamenta la formación morada.

El secretario de Mundo Rural de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, ha recordado que “la vivienda no es un lujo, es un derecho. Y mientras en nuestros pueblos y ciudades hay casas vacías, las familias jóvenes tienen que endeudarse de por vida o marcharse fuera porque no pueden pagar un alquiler. La política del Gobierno es una rendición total a los intereses del mercado”.

Podemos denuncia además que el anteproyecto mantiene una visión punitiva en materia de inspecciones y aborda la cuestión de la ocupación únicamente desde una perspectiva sancionadora, sin tener en cuenta su vínculo con la emergencia habitacional. “El Gobierno prefiere blindar la especulación inmobiliaria en lugar de garantizar un techo digno a quienes lo necesitan”, concluyen desde la formación.

PSOE

Por otro lado, el PSOE, por medio de Ainoa Quiñonés, ha criticado que el Gobierno del PP haya presentado un proyecto de Ley de Vivienda “sin presupuesto” para “desarrollar soluciones que garanticen viviendas a precio asequible para los cántabros”.

“Carece de sentido mientras el Gobierno de Buruaga no se sume al Plan Estatal de Vivienda y a las inversiones previstas”, ha dicho, y ha recordado que el Ejecutivo regional ha rechazado triplicar la inversión en vivienda pública en Cantabria, pasando de los 35 a los 121 millones de euros.

Además, ha considerado que Buruaga “se ha equivocado en el fondo y las formas” con este proyecto, porque lo ha presentado “sin diálogo y acuerdo previo” y porque su proyecto “no entiende la urgencia y las prioridades” de los cántabros.

De igual forma, ha apuntado que las mayores necesidades son vivienda pública en régimen de alquiler o venta a precio asequible, la construcción de un parque público de vivienda y la declaración de zonas tensionadas porque, ha defendido, sí hay que “topar los precios”.

“Hoy una familia o unos jóvenes que quieren emanciparse están viendo como los pisos de alquiler en Santander o en Torrelavega están en muchas zonas por encima de los 800 o 900 euros cuando sus sueldos son de 1.500 euros. Es un abuso”, ha añadido.

Por otro lado, la portavoz socialista se ha mostrado sorprendida por la “extraña estrategia del PRC” de “vincular al PSOE con el PP” y con que, además, lo haya hecho esta semana cuando se ha podido comprobar el avance de las obras del Desfiladero de la Hermida o el Consejo de Ministros ha aprobado la licitación por 41,5 millones de las primeras actuaciones de la integración ferroviaria de Santander.

“Quizás la falta de propuestas propias y un liderazgo débil obligan a estar en permanente y constante crispación”, ha opinado Quiñones, que ha instado a los regionalistas “diferenciar entre quienes trabajamos, cumplimos e invertimos en Cantabria y quienes nunca cumplieron como el PP”.

También ha pedido al PRC “explicar para qué se va a reunir con el PP este viernes”, al considerar que ese encuentro no es para analizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones para aprobar el presupuesto de este 2025 sino “para decir por lo bajo lo que van a decir en alto en unas semanas”.

Quiñones ha augurado que los regionalistas “van a volver a ser la muleta” del PP para aprobar los presupuestos de Cantabria para 2026 “a pesar de todos los incumplimientos en estos dos años”. “Mucho juego de palabras y poca oposición. Ese es el resumen de la relación del PRC con el PP”, ha finalizado.