Movilización del sector apícola de COAC para reclamar ayudas ante la crítica situación

Cantabria, al igual que otras Comunidades Autónomas, ha vivido hoy la movilización del sector apícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) para reclamar una serie de medidas de apoyo ante la crítica situación que padecen.

“La industria se abastece de miel de baja calidad de terceros países y triangulada a través de países europeos, hunde nuestros precios y los sitúa en niveles por debajo de los costes de producción”, aseguran.

 “Y a la vez, el Ministerio de Agricultura nos deja fuera de las ayudas directas por el impacto de la guerra de Ucrania y de los 20 céntimos de descuento en el gasóleo. Todo ello, en un año en el que la sequía ha reducido a la mitad la cosecha de miel”, ha lamentado el nuevo responsable estatal del Sector Apícola de COAG, Pedro Loscertales.

En su opinión, España tiene un récord de importaciones de miel de baja calidad y bloqueo del mercado interno. Entre enero y noviembre de 2022 se han importado por parte de las industrias españolas envasadoras 35.260 toneladas de miel. Esta cantidad ya supone 3.633 toneladas más que lo importado en todo el año 2021 y 3.009 toneladas más que en todo el año 2017, año récord de importaciones en España hasta ahora.

Debido a esta situación, el sindicato reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ayudas directas por colmena al sector apícola profesional para poder superar este grave momento de crisis, al igual que se han otorgado a otros sectores para paliar los efectos de la guerra de Ucrania.

 Desde COAG se demanda un importe de ayuda de 10 euros por colmena para el total de colmenas censadas en REGA a fecha 1 de enero del 2022 y gestionadas por ATP, con un límite de ayuda por explotación de 1.000 colmenas.

Desde su punto de vista, estas ayudas directas ayudarían a compensar parcialmente el sobrecoste de mantenimiento de las colonias de abejas y la pérdida de producción, en un contexto de grave crisis de mercado.

También hacen hincapié en que debe incluirse al sector apícola profesional entre los sectores a los que se prorroga en 2023 la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo. “En las explotaciones apícolas profesionales, tanto estantes como trashumantes, el combustible es uno de los costes de producción que condicionan más la cuenta de resultados”, señalaron.

Por otro lado, rechazan las nuevas exigencias burocráticas que quieren imponerse a las explotaciones apícolas españolas. El MAPA debe atender con flexibilidad a las particularidades del sector en la futura aplicación de los reales decretos de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies animales, así como de veterinario de explotación y plan sanitario integral. Estas exigencias que, sin duda, pretenden únicamente facilitar el trabajo de la Administración, no aportarán ninguna mejora a las explotaciones apícolas y las personas consumidoras, mientras que perjudicarán enormemente a las explotaciones apícolas familiares y profesionales.

En otro aspecto, exigen promover la autorización de nuevos medicamentos eficaces contra la varroosis para que apicultores puedan seguir haciendo frente a esta enfermedad parasitaria endémica y sortear la cada vez mayor resistencia de este parásito a los acaricidas existentes.

En cuanto a la comercialización y el mercado de la miel, el MAPA debe aprovechar la próxima Presidencia española del Consejo de la Unión Europea para liderar a nivel europeo la modificación de la Directiva de la Miel y del Código Aduanero de la Unión, con el objetivo de que el verdadero origen de las mieles comercializadas en España se refleje correctamente en su etiquetado.

En el momento de mayor nivel de importaciones de mala calidad de la serie histórica es imprescindible que el MAPA muestre su determinación de cara a facilitar información transparente a consumidores y consumidoras sobre el origen de los productos apícolas que consumen, reseñan.

Al mismo tiempo, reclaman un mayor control de la calidad de las mieles importadas, así como de las posibles adulteraciones y de la miel envasada en el mercado interior en España.

A su juicio, la situación actual de paralización y bloqueo de la miel producida en origen en España, que soportan injustamente los apicultores con el objetivo, por parte de la industria y la distribución, de obligarnos a vender a bajos precios, es una práctica desleal inaceptable que no puede convertirse de facto en una amenaza estructural en cada campaña apícola.