El Gobierno regional licitará de nuevo los 11 contratos, por 32,5 millones de euros, investigados en la trama de Obras Públicas
La decisión del Ejecutivo se lleva a cabo después de que la Audiencia Provincial ratificó la denegación de la medida cautelar solicitada de exclusión de los expedientes de contratación en marcha de las empresas investigadas
El Gobierno de Cantabria ha desistido de los procedimientos administrativos en los que se encuentran 11 contratos, con un presupuesto de 32,5 millones de euros, que están siendo investigados en la trama de Obras Públicas y comenzar su tramitación nuevamente.
Esta decisión se toma tras el auto de la Audiencia Provincial de Cantabria que permite al Ejecutivo cántabro iniciar los procesos en los que estaban implicadas las empresas Cannor-La Encina, Rucecan, Imesapi y API Movilidad, actualmente en investigación.
En concreto, se trata de la conservación del puente sobre la ría de Cubas, en Ribamontán al Monte, por 3,3 millones de euros; reparaciones puntuales de la capa de rodadura, por 3,8 millones de euros; senda peatonal de la CA-171 Reinosa-Corconte, de más de 865.000 euros; camino peatonal entre Matamorosa y Villaescusa, de cerca de 500.000 euros; ejecución de senda ciclable en la CA-131 Barreda-La Revilla, de 3,4 millones de euros euros); la nueva instalación, reposición y mantenimiento de las mallas de triple torsió, cifrado en 3,6 millones de euros, así como la limpieza y eliminación de sedimentos y otros materiales, por un importe de 1,6 millones de euros.
A ellos se suman la conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos e interurbanos, por 4,8 millones de euros; mantenimiento, conservación y limpieza de cunetas y cauces, de 6,1 millones de euros; proyecto de conservación, mantenimiento y nueva implantación de barreas de seguridad, por 2,8 millones de euros, y senda peatonal en las CA-728 y CA-171 Reinosa-Monegro, por un coste de 1,3 millones de euros.
Tal y como ha explicado el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), esta decisión “busca transparencia, control y celeridad”, por lo que en parte de esos 11 contratos, los relativos a la conservación y el mantenimiento de carreteras autonómicas, se van a adoptar todas las medidas necesarias para “garantizar el buen funcionamiento de nuestras vías y que sigan teniendo unos niveles de excelencia”.
“Tenemos que resolver lo más inmediato ya que estamos hablando de un servicio básico y esencial y nuestra obligación es garantizar la seguridad de los usuarios”, ha subrayado Media, quien ha insistido en “ésta es la fórmula más rápida y eficiente para asegurar el mantenimiento de las vías y que estén en buen estado durante los próximos meses”.
Pliegos
Además, ha recalcado que “estamos trabajando para readaptar los pliegos y hacer la licitación ordinaria de los próximos cuatro años, un proceso que no estará resuelto hasta el verano que viene” y ha querido dejar claro que “no estamos parados, estamos trabajando al 100 por cien para poner en marcha todos estos proyectos que suponen una inversión muy importante por toda la región. Queremos recuperar cuanto antes la normalidad en la Consejería”.
En el resto de contratos, los relativos a obras generales y concretas, ha precisado que ya se están rehaciendo los pliegos y comprobando los precios unitarios de las unidades de los proyectos, así como sus mediciones.
En concreto, ha dicho, se trata de cuatro sendas ciclables y peatonales y el proyecto de conservación del puente sobre la Ría de Cubas que une Somo, en Ribamontán al Mar, y Pedreña, en Marina de Cudeyo.
Una serie de trabajos que, según ha detallado, se encuentran ya en manos de la Dirección General de Obras Públicas para que los proyectos puedan licitarse “lo antes posible”.
El titular de Fomento ha asegurado que el Gobierno de Cantabria ya cuenta con herramientas de “mayor control” en materia de contratación para el conjunto de las consejerías y los organismos del sector publico autonómico, y ha asegurado que serán de aplicación a la Administración General, a los organismos autónomos y a todas las entidades del sector público institucional.
Una serie de medidas que, tal y como ha explicado, están agrupadas en cuatro objetivos fundamentales: incrementar la transparencia tanto desde la perspectiva de favorecer la concurrencia como la rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización y formación de los funcionarios en este ámbito, mejorar los mecanismos de control y perfeccionar la legislación vigente.
