El Gobierno regional (PP) interpondrá un recurso Contencioso Administrativo contra la resolución de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE)

El Consejo de Gobierno ha ratificado hoy, jueves, la decisión adoptada de urgencia por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), por la que autorizó al Servicio Jurídico a interponer un recurso Contencioso Administrativo contra la resolución de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), para ordenar la paralización de la actividad del Centro de Acogida.

Los Servicios Jurídicos emitieron ayer el informe que solicitó la Consejería de Inclusión Social, tras recibir la resolución de la regidora el pasado día 3 de febrero, en el que proponen la interposición de un recurso Contencioso Administrativo al considerar que la resolución del Ayuntamiento de Cartes no es conforme a derecho.

Ante la necesidad de tomar medidas de manera urgente, para la “mejor defensa de la Administración autonómica” y “el superior interés del menor”, la consejera de Presidencia autorizó en la jornada de ayer la interposición de este recurso que hoy ha ratificado el Consejo de Gobierno.

Auto

La magistrada de la plaza número dos de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha estimado la petición del Gobierno de Cantabria de suspender cautelarmente la decisión de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE) que ordenaba la adopción de medidas para restablecer la legalidad urbanística y al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) la paralización inmediata del centro de acogida para menores.

El Gobierno de Cantabria presentó ayer a las 15.00 horas un recurso Contencioso Administrativo contra la resolución de la alcaldía de Cartes y junto al mismo solicitó suspender la resolución municipal como medida cautelarísima, esto es, sin que la magistrada tenga que escuchar a la otra parte, el Ayuntamiento de Cartes.

Atendida esta medida cautelarísima, que suspende la resolución municipal, la magistrada en su auto da tres días al Ayuntamiento de Cartes para que alegue, con el fin de confirmar o modificar la decisión que ahora ha adoptado de manera urgente.

Todo esto procedimiento responde a la necesidad de adoptar una medida cautelar en tanto se tramita y resuelve el recurso Contencioso-Administrativo ayer presentado. Por ello, en los argumentos para adoptar esta decisión la magistrada no entra en ningún caso a valorar el fondo del asunto, esto es, si la decisión del Ayuntamiento de Cartes es conforme o no a derecho.

En un auto hoy dictado y dado a conocer a mediodía, la magistrada explica que a la hora de tomar esta decisión “el aspecto que más se tiene en cuenta es la incidencia de la inminente paralización de la actividad de la residencia”.

Razona que concurren las circunstancias que permiten “resolver in audita parte pues se trata de una paralización inmediata de la actividad de un centro de acogida de emergencia”.

Y añade que “sin efectuar un juicio preliminar sobre el fondo”, “se constata la necesidad de suspender cautelarmente la resolución para impedir que la duración del procedimiento de tramitación de estas medidas haga ineficaz la resolución”.

“La adopción de esta medida cautelar in audita parte mantiene la situación jurídica del centro durante el corto y breve periodo de alegaciones que se concederá a la parte demandada y hasta su resolución”, concluye.

Podemos

Podemos Cantabria ha registrado un escrito ante la Fiscalía de Menores de Cantabria para solicitar la apertura de diligencias de investigación para aclarar si determinadas actuaciones del Ayuntamiento de Cartes en relación con la puesta en funcionamiento de un recurso de primera acogida para menores tutelados se ajustaron a la legalidad y al principio del interés superior del menor.

Entre los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía se encuentran, en primer lugar, la publicación en redes sociales de información que permitía identificar la localización del recurso, lo que podría haber comprometido la confidencialidad y seguridad de los menores. Asimismo, el escrito recoge la emisión de una resolución municipal que ordenaba la paralización inmediata de la actividad del centro, una medida que afectaba directamente al funcionamiento de un recurso de primera acogida.

También, se informa a la Fiscalía de la advertencia remitida a diversas empresas suministradoras, en la que se planteaba la posibilidad de interrumpir servicios esenciales como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones. Por último, se señala la apertura de un expediente urbanístico, incoado en un contexto de fuerte polémica pública generada por la llegada de los menores al municipio.

Desde Podemos Cantabria señalan que el señalamiento público de menores “no tiene cabida ni justificación alguna”, recordando que la protección de la infancia es un principio básico que debe situarse siempre por encima de cualquier controversia política o administrativa.

La formación insiste en que ninguna institución puede exponer, directa o indirectamente, a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y subraya que la divulgación de datos que permitan identificar su ubicación constituye una práctica incompatible con los estándares legales y éticos que rigen la protección de menores, sea cual sea su situación y en cualquier punto de Cantabria.

Desde Podemos Cantabria afirman que “los últimos días han sido muy tristes, viendo cómo un pueblo de Cantabria ha sido noticia no por su convivencia o su solidaridad, sino por una polémica que nunca debería haberse producido”.

La formación lamenta que la atención mediática haya nacido de decisiones institucionales que han generado tensión social y preocupación innecesaria, en lugar de centrarse en la protección de los menores y en la responsabilidad compartida de garantizar su bienestar. “Cantabria siempre ha sido tierra de acogida y comunidad”, señalan, “y lo ocurrido estos días no refleja los valores reales de nuestros municipios ni de su gente”.

Subvenciones

Junto a este asunto, el Ejecutivo en su reunión ha aprobado la convocatoria de 2026 de subvenciones del programa del Servicio Cántabro de Empleo destinadas a entidades locales para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social por valor de 25 millones de euros.

De este modo, el Ejecutivo da luz verde a estas ayudas contempladas en la prórroga presupuestaria de este año.

A través de este programa, se pretende facilitar la adquisición de experiencia laboral, requerida por la mayoría de las empresas que ofertan empleo, a aquellas personas desempleadas que se encuentren con mayores dificultades para conseguirlo.

Dentro de las políticas activas de empleo, los llamados programas experienciales suponen uno de los instrumentos fundamentales y un pilar básico para el posicionamiento de las personas desempleadas en el mercado laboral.

Esta convocatoria tendrá un crédito específico para las solicitudes que se presenten por los municipios integrados en antigua Mesa Especial del Besaya, y otro para los 54 municipios con una población inferior a 2.000 habitantes, con el objetivo de paliar las dificultades que estos núcleos tienen para generar y consolidar empleo debido a la progresiva pérdida de población.

Por otra parte, el Gobierno ha autorizado dos modificados de obras dependientes de la Consejería de Fomento. Por una parte, se ha dado luz verde a la modificación del contrato de obra de mejora del acceso al Parque Empresarial del Besaya desde Puente San Miguel, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y, por otro lado, se ha aprobado la modificación del contrato de obra de sustitución de tuberías para mejorar la eficiencia del Plan Hidrológico Liébana.

Acceso

El Gobierno ha aprobado la modificación del contrato de la obra de mejora del acceso al parque empresarial del Besaya desde Puente San Miguel.

Teniendo en cuenta la explotación de la vía y el comportamiento del tráfico pesado, se ha decidido proyectar una nueva intersección en forma de T con el objetivo de evitar invasiones de carriles, afecciones y situaciones de riesgo para la seguridad vial. Este cambio implicará una variación en el presupuesto de adjudicación inferior al 20 por ciento.

De igual forma, ha autorizado la modificación del contrato de la obra de sustitución de tuberías para la mejora de la eficiencia del Plan Hidráulico de Liébana.

Para la sustitución de tubería colgada, se ha optado por emplear trabajos verticales con apoyo de medios de elevación de cargas suficientemente estrechos para permitir el paso alternativo de vehículos ya que hasta ahora el emplazamiento de la maquinaria implicaba la utilización de ambos carriles y, por tanto, el corte de la carretera. Este modificado supondrá un incremento en cerca de 225.000 euros el presupuesto de adjudicación.