Cantabria cuenta con siete partidos judiciales en su nueva estructura de tribunales de instancia

Cantabria cuenta con siete partidos judiciales en su nueva estructura de tribunales de instancia. La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa cumplirá con los plazos marcados por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia con la implantación desde mañana, día 1 de julio, de la nueva estructura de tribunales de instancia y la reorganización de las oficinas judiciales en siete partidos judiciales de Cantabria.

A partir de mañana, los juzgados de los partidos judiciales de Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Torrelavega y San Vicente de la Barquera dejarán de ser tales y se convertirán en los nuevos tribunales de instancia, uno por partido judicial, que estarán asistidos por una única oficina judicial que prestará servicio a cualquiera de los jueces titulares.

Sólo el partido judicial de Santander mantendrá su estructura actual hasta el día 31 de diciembre, fecha a partir de la cual deberá estar implantada también la nueva organización judicial en la capital, según lo establecido por la reforma nacional para los grandes partidos judiciales.

La consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno cántabro, Isabel Urrutia, ha valorado los trabajos realizados en estos seis meses por su departamento, en colaboración con todos los colectivos judiciales, y que han permitido el cumplimiento de los “exigentes plazos impuestos” por la ley orgánica.

En este objetivo, ha destacado la “buena sintonía y coordinación” con la que se ha desarrollado este proceso de transición con el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), jueces y magistrados, y con la Secretaria de Gobierno y los letrados de la Administración de Justicia, así como con el resto de colectivos judiciales de la región.

Frente a esto, Urrutia ha criticado la “dejación de funciones” del Ministerio de Justicia en este proceso de implementación, dado que se ha limitado “a actuar como si fuera una comunidad más”, dedicada a implantar los cambios en su zona de competencia, “sin realizar una verdadera función de apoyo, impulso y coordinación” a las autonomías con competencias de medios personales y materiales en la materia.

Además, la consejera de Justicia ha resaltado el esfuerzo económico realizado por Cantabria para la puesta en marcha de la Ley, que ha salido “en su totalidad de presupuesto autonómico” y supondrá una inversión total superior a los dos millones de euros. “Es una prueba más del absoluto abandono en el que el Ministerio ha dejado a las comunidades autónomas”, ha subrayado Urrutia, que ha reprochado al Gobierno nacional la falta de ayudas para la remodelación de espacios y adaptación de sedes y para otros aspectos. Además, ha denunciado que los cántabros “pagarán por una doble vía” esta reforma: por la parte correspondiente a Cantabria y la parte proporcional de las comunidades que son de competencia del Ministerio.

“Cantabria cumple y ha conseguido llegar a tiempo pese a la falta de colaboración del Ministerio”, ha opinado Urrutia, quien ha valorado, al mismo tiempo, que la comunidad no haya tenido que hacer uso de la posibilidad de prorrogar la puesta en marcha de la primera fase de implantación frente a lo planteado por otras autonomías españolas.

Oficinas de justicia municipales

Otra de las novedades son las oficinas de justicia municipales, que sustituyen a los actuales juzgados de paz, y que tendrán un importante impacto en los municipios con menor población como “instrumentos clave”, en palabras de Urrutia, para “acercar los servicios de la justicia” al ciudadano residente en las zonas rurales.

Así, además de las anteriores competencias de registro civil, comunicaciones judiciales y asistencia al juez de paz que se desarrollarán en su totalidad por medios digitales, desde las nuevas oficinas de justicia municipales se realizarán actuaciones procesales mediante videoconferencia, como en el caso de la toma de declaración como testigo e interrogatorio de parte en procedimientos judiciales.

Igualmente, desde estos servicios se gestionarán las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, las peticiones de la ciudadana dirigidas a las gerencias territoriales del Ministerio, certificados de últimas voluntades, antecedentes penales, entre otros,  y se colaborará con las unidades de solución de controversias en actos de conciliación impulsados por los jueces de paz, entre otros.

Así, los ciudadanos ya no tendrán que desplazarse hasta los diferentes organismos judiciales para realizar este tipo de actuaciones, acercando los servicios de justicia a todos los municipios de Cantabria.

Trabajos previos

Para llegar hasta aquí, el Gobierno cántabro en colaboración con todos los colectivos judiciales, ha desarrollado durante estos meses de transición una serie de trabajos previos y reuniones de preparación y coordinación para implementar la nueva estructura judicial y cumplir con los plazos exigidos.

En este objetivo, se han aprobado nuevas resoluciones sobre la estructura orgánica de los ocho partidos judiciales, así como las relaciones de puestos de trabajo de los siete partidos judiciales de la primera fase, previa negociación sindical, de modo que se homogeniza la organización del personal existente en la Administración General autonómica.

Igualmente, se han establecido los criterios para proceder al acoplamiento del personal en cada uno de los puestos adaptados al nuevo modelo de oficina judicial, registro civil y de la totalidad de las oficinas de justicia en el municipio.

El proceso de implantación también ha requerido otras actuaciones de carácter logístico y material, como el cambio de denominación de los edificios judiciales, modificación de todos los correos electrónicos vinculados a los órganos judiciales, la adaptación del sistema de gestión procesal Vereda a la nueva estructura de los órganos judiciales y cambios de la señalética interior de los edificios.

Por último, se está realizando una nueva redistribución del personal al servicio de la Administración de Justicia allí donde ha sido requerido por el juez decano o el director del servicio común de tramitación, como es el caso de los partidos judiciales de Torrelavega, Laredo y Castro Urdiales.

Justicia

“Intervenir la justicia por parte del Gobierno de Sánchez es demoledor para el funcionamiento de las instituciones democráticas”, ha afirmado hoy el diputado regional y senador autonómico, Íñigo Fernández (PP), quien ha señalado que “esta serie de cambios que está haciendo el Estado es la respuesta del Gobierno de España a las investigaciones judiciales abiertas para depurar los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE)”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el diputado autonómico, acompañado también por el diputado nacional, Javier Noriega, y el senador, Severiano Cuesta, ha advertido que no podemos permitir que “lo que prevalezca en España sea la impunidad” y consentir una agresión tan grande al funcionamiento normal de las instituciones democráticas en cualquier país donde rige la separación de poderes. Por ello, ha anunciado que Grupo Popular defenderá en el primer pleno del mes de septiembre una Proposición no de Ley para rechazar la agenda de reformas en el ámbito de la justicia que está promoviendo el Gobierno de España, “porque consideramos que es profundamente perversa, nociva para el funcionamiento de las instituciones, pero sobre todo muy peligrosa”, ha advertido.

En su opinión, son muy peligrosas las iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Estatuto del Ministerio Fiscal porque implican modificar el acceso a la carrera judicial para que sea el Gobierno quien pueda nombrar a los jueces, sustraer a los jueces su competencia de instruir las causas penales o eliminar la posibilidad de ejercer la acusación popular, entre otros. “Estamos ante una estrategia del Gobierno socialista para intervenir las instituciones democráticas, para doblegarlas y para manejarlas”, ha señalado.

“El Gobierno de España pretende utilizar estas reformas de la justicia con el fin de hacer descarrilar las investigaciones judiciales que ayer, por ejemplo, han dado lugar a la entrada en prisión de la mano derecha de Pedro Sánchez durante estos últimos años.  Es decir, hay una carrera del Gobierno por desactivar todos estos procedimientos antes de que consigan sentar en el banquillo a los corruptos que se han enriquecido estos años a la sombra del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha señalado.

Para el senador, es enormemente grave que permitimos como sociedad que en este país a los jueces los nombres del Gobierno, las instrucciones de causas penales las dirijan los fiscales, teniendo en cuenta que la Fiscalía depende del Gobierno del PSOE, y que se suprima la el derecho a ejercer la acusación popular.

“Si permitimos todo esto, en España habremos dado un paso definitivo para que el poder político intervenga la justicia, para que el Gobierno de turno maneje la justicia y en definitiva para que sean los gobernantes quienes digan a quién se juzga y a quién no”, ha concluido.