La AMA reclama justicia al Gobierno cántabro (PP) después de sufrir 25 años las sentencias de derribo de sus viviendas

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) reclama justicia al Gobierno cántabro (PP) después de sufrir durante 25 años las sentencias de derribo de sus viviendas.

Así, se desprende tras la reunión mantenida entre el colectivo y la presidente de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), y el consejero de Urbanismo, Roberto Media (PP) en la sede del Gobierno de Cantabria,  “después de décadas de injusticias, administraciones condenadas y familias inocentes sufren las duras consecuencias con daños irreparables en su vida, en su salud”.

Su presidente Antonio Vilela considera que llevan años y años de espera para que se repare el daño causado y nunca llega ese día. “Una pesadilla sin fin, una condena que nunca acaba, un secuestro del patrimonio totalmente injustificable”, calificó su situación.

No se olvidó, Vilela de los cerca de 300 afectados fallecidos, “para los que nunca habrá justicia.  La avanzada edad de los afectados que está situación está pesando como una losa y, que sólo aspiran a no dejar este grave problema a sus hijos y nietos”.

A su juicio, este es el relato de cientos de promesas frente a humo, multitud de resoluciones que siguen siendo papel mojado, un engaño institucional de forma reiterada, cuyo reconocimiento queda patente en la siguiente cronología de los acuerdos parlamentarios.

Propuestas

Es por ello que la AMA, en representación de las familias afectadas por sentencias firmes de derribo dictadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y ante la persistencia durante décadas de una situación de grave inseguridad jurídica, social y personal, trasladó al Gobierno de Cantabria una serie de peticiones dirigidas a garantizar el efectivo cumplimiento de los compromisos institucionales asumidos y la resolución definitiva de esta problemática.

En consecuencia, vuelven a insistir en la formalización de convenios individuales e instan a la Administración a garantizar que todos los afectados por sentencias firmes de derribo, con independencia de cuál sea la Administración condenada por los Tribunales, que así lo soliciten en el que se recojan los derechos, garantías, plazos y compromisos asumidos por las partes, con el fin de dotar de plena seguridad jurídica a cada familia afectada.

Por otro lado, solicitan la ejecución de la resolución del Parlamento de Cantabria y requieren la aplicación efectiva de los citados convenios conforme a lo aprobado por el Parlamento de Cantabria en la Resolución derivada del Debate sobre el Estado de la Región de 2025, con entrada en vigor efectiva a partir del 1 de julio de 2025.

Además, piden la aprobación de un plan integral de actuación y exigen que el Gobierno de Cantabria apruebe y haga público un plan integral de actuación, con determinación expresa de calendario, fases de ejecución y dotación presupuestaria vinculante, destinado a resolver de forma definitiva la problemática derivada de las sentencias de derribo existentes en Cantabria.

De igual forman, apuestan por la determinación de plazos administrativos y urbanísticos con el fin de establecer plazos concretos y verificables para las actuaciones necesarias para la ejecución de las soluciones habitacionales previstas, incluyendo la adquisición de terrenos, redacción y aprobación de proyectos, licitación, ejecución de las obras y la entrega efectiva de las viviendas a los afectados.

Para este colectivo es importante también la determinación de fechas ciertas para la entrega de llaves y la puesta a disposición efectiva de las viviendas y finalizadas o actualmente en construcción que están destinadas a los afectados por las sentencias de derribo.

Otra petición hace referencia al establecimiento de garantías y planes de contingencia por el Gobierno de Cantabria ante la dependencia de la solución de planes urbanísticos municipales (PGOU), así como medidas alternativas previstas para blindar los derechos de los afectados en caso de eventuales retrasos, contingencias jurídicas o pronunciamientos judiciales adversos que afecten a los PGOU en tramitación, garantizando así que la solución no quede supeditada indefinidamente a dichos procesos.

La creación de comisiones mixtas de seguimiento, integradas por representantes de la Administración y de los afectados, con funciones de información, supervisión y evaluación periódica del grado de cumplimiento de las actuaciones previstas, asegurando la transparencia del proceso, junto con solicitar información oficial detallada sobre las previsiones temporales para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, así como sobre las medidas alternativas contempladas en caso de eventuales retrasos.

Al mismo tiempo, requieren que el Gobierno de Cantabria informe sobre las previsiones existentes y las medidas de garantía que se adoptarían ante un eventual pronunciamiento judicial relativo al PGOU de Argoños, para salvaguardar en todo caso la seguridad jurídica y los derechos de los afectados. Así como el compromiso de no alargar, gratuitamente, los procesos judiciales con recursos innecesarios

Para finalizar inciden en la convocatoria de manera inmediata de una reunión institucional entre el Gobierno de Cantabria y los representantes del colectivo de afectados, y que, con carácter permanente, se proceda a la designación de interlocutores institucionales estables, con capacidad de decisión y conocimiento de la materia, que permitan mantener una comunicación fluida y directa, atendiendo a la especial trascendencia social y humana de esta problemática.

Consideración final

La AMA considera ineludible que el Gobierno de Cantabria adopte, de una vez por todas, las medidas urgentes para dar cumplimiento efectivo a los compromisos institucionales adquiridos.

“No se trata solo de ejecutar una serie de acuerdos, sino de poner fin a una situación que durante décadas ha generado una profunda incertidumbre jurídica y un daño personal irreparable para numerosas familias”, comentó Antonio Vilela.

A su entender, “la resolución definitiva de esta problemática no constituye únicamente una cuestión administrativa o urbanística, sino un deber institucional de justicia, una obligación de responsabilidad patrimonial y una reparación debida a ciudadanos que actuaron siempre de buena fe. El Parlamento de Cantabria ha hablado con claridad y unanimidad en múltiples ocasiones; ha llegado el momento de que el Gobierno actúe en consecuencia, saldando una deuda democrática con estos ciudadanos tal y cómo ha manifestado la Presidenta del Gobierno de Cantabria”.

En este sentido, la Asociación reitera su voluntad de colaboración institucional y participación activa en todas aquellas actuaciones encaminadas a alcanzar una solución definitiva y justa, pero advierte que la paciencia de las familias se ha acabado y que el tiempo de las promesas debe dar paso al de las realidades.

Todo lo dicho anteriormente se resume en dar una solución definitiva, a todos los afectados, antes de que termine la presente legislatura.

Recuerdos

El colectivo recordó los acuerdos tomados en el Parlamento de Cantabria en estos años, como una Proposición No de Ley para 2025 con el fin de garantizar una solución definitiva para los afectados por sentencias de derribo, sin pérdida de patrimonio y en el plazo de la legislatura, a lo que se suma una declaración institucional del día 3 de mayo de 2017 para reconocer la grave injusticia sufrida por los afectados. Insta al Gobierno y a los ayuntamientos a buscar una solución definitiva.

Otra Proposición No de Ley del día 18 de marzo de 2019, aprobada por unanimidad. Para buscar una solución definitiva al problema, sin pérdida de patrimonio de los afectados y con dotación de fondos públicos para asumir responsabilidades.

Una nueva Proposición No de Ley del día 10 de octubre de 2019, donde se volvió a aprobar, por unanimidad, resolver el problema antes del final del año y garantizar compensaciones o soluciones urbanísticas.

A ello añade la resolución del día 3 de mayo de 2021 que instó a cumplir la declaración institucional de 2017 y las PNL de 2019, dando una solución definitiva sin pérdida patrimonial y cumpliendo los convenios firmados con los afectados.

Y Para finalizar la Proposición No de Ley aprobada, por unanimidad, en 2024, donde la Cámara volvió a exigir terminar definitivamente con el problema, establecer plazos para evitar que el perjuicio se eternice y cumplir las resoluciones previas de la Cámara.

Mientras tanto, el Parlamento ha afirmado que los afectados son terceros de buena fe, el problema se debe a fallos de la Administración, se debe garantizarse una solución sin pérdida de patrimonio y deben cumplirse los convenios firmados con los afectados.

Sin dejar de lado que la solución urge al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos, se deben darse las soluciones y reparar el grave daño causado ya y que no se puede, ni debe esperar más, para hacer efectiva las soluciones aprobadas, reiteradamente, por el Parlamento de Cantabria.

Avances

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha avanzado hoy que el Ejecutivo regional ha pagado 12,7 millones de euros hasta el pasado mes de diciembre en certificaciones de obra e indemnizaciones a propietarios de viviendas con sentencias de derribo. Además, para este año el Ejecutivo tiene previsto destinar otros 7,8 millones de euros más para hacer frente a “un problema que nunca debió serlo”.

“Son cifras que expresan una voluntad política inequívoca y se traducen en un progreso sin precedentes”, ha asegurado la presidenta, quien mantiene un “compromiso tan firme como el primer día” con las casi 500 familias de la región que “sin merecerlo” llevan décadas padeciendo la situación derivada de la declaración de derribo sobre sus viviendas.

Tras la reunión con los representantes de AMA, Buruaga asegurado que “la solución vendrá sí o sí esta legislatura”. “En esto he empeñado mi palabra y en eso voy a estar hasta el último minuto y hasta el último afectado”, ha afirmado rotundamente la presidenta que ha garantizado “trabajo, comprensión y compromisos cumplidos”.

“No estamos quietos, no hay una sola decisión esperando ni un solo papel durmiendo en un cajón. Todo está en marcha y avanzando”, ha asegurado.

En este sentido, ha presentado un balance de los pasos que hasta ahora ha dado su Gobierno en la ‘hoja de ruta’ para intentar regularizar las viviendas afectadas y, en los casos en los que no es posible esta opción, compensar a los propietarios, poniendo a su disposición una vivienda de sustitución o una indemnización, cumpliendo los convenios firmados con la mayoría de los afectados

Ha asegurado que la situación de estos propietarios la produce una mezcla de “coraje, tristeza y frustración” y, por eso, ha sido una de sus prioridades desde que comenzó la legislatura y que a ello se está entregando el Ejecutivo autonómico con “un esfuerzo de gestión extraordinario” para dar soluciones y “aportar luz a tanta oscuridad”.

Además, ha reconocido que los plazos de la justicia y la administración “a veces pueden resultar extenuantes”, pero ha defendido que debe primar la seguridad jurídica. “No podemos olvidar que ese cello es el que nos ofrece garantías jurídicas que otros pasaron por alto y nos han traído hasta aquí”, ha recordado.

La presidenta también ha reconocido el trabajo de los ayuntamientos y del propio presidente de la asociación AMA al que ha agradecido “su integridad, valentía, trabajo e infinita paciencia”. 

La presidenta ha detallado la situación en cada uno de los municipios afectados y ha explicado que en Arnuero, con 144 viviendas con sentencia de derribo, se han construido 62 viviendas de sustitución, en Bocarrero, que serán entregadas a los propietarios “lo antes posible”, una vez que ya ha sido presentada en el ayuntamiento la declaración responsable de primera ocupación. Además, se ha indemnizado a otros 24 propietarios y el resto está en trámite.

En el caso de Escalante, con orden de derribo en las 32 viviendas del edificio Las Torres de responsabilidad compartida entre el Gobierno y el ayuntamiento, el actual Ejecutivo ha partido ‘de cero’ y ha tenido que sortear “no pocas dificultades”, pero en el mes de diciembre ya estarán terminadas 15 viviendas de sustitución, otros 14 propietarios ya han sido indemnizados y quedan 3 pendientes de la firma del convenio.

La presidenta ha detallado también la situación en el municipio de Piélagos, donde se está trabajando junto al ayuntamiento en la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana que permitirá la regularización de 63 viviendas con sentencia de derribo. En el caso de las 17 viviendas de Cerrias I y Cerrias II, que es imposible legalizar por estar dentro de la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre, ya se ha firmado y pagado los convenios de indemnización patrimonial con los siete propietarios de Cerrias I y los otros 11 propietarios de Cerrias II también han recibido ya sus indemnizaciones.

“Estamos hablando de cerca de 256 viviendas con sentencias de derribo repartidas en tres municipios a los que este Gobierno aporta, en poco más de dos años, una solución real y definitiva”, ha explicado la presidenta.

Además, ha precisado que la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Argoños ha echado por tierra definitivamente el intento de regularizar 120 viviendas sobre las que se está trabajando “a contrarreloj junto a los afectados para avanzar en una solución”.

Además, ha señalado que los seis propietarios de La Llana II, los 63 propietarios de La Llana I y los 13 de Pueblo de Mar han optado por viviendas de sustitución y, en consecuencia, el Gobierno está gestionando la adquisición de suelo para su construcción. De hecho, el Gobierno regional ha adquirido una parcela en concurso público con capacidad para 18 viviendas y está esperando una segunda licitación para seguir adquiriendo suelo en el municipio.

Por otro lado, ha añadido que el ayuntamiento ha cedido terreno para construir otras seis viviendas que irán destinadas íntegramente a los propietarios de la urbanización La Llana II y en breve se entregarán otras tres viviendas de sustitución en Cerecedas mientras los otros ocho propietarios ya fueron indemnizados.