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El Juzgado de Instrucción número tres de Santander ha admitido a trámite la querella crimina presentada por el Partido Animalista Pacma contra la Consejería de Desarrollo Rural (PP) en la primera causa penal por la caza del lobo ibérico en España.
Así, lo ha anunciado el partido político, de tal forma que la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos (PP), y el director General de Montes y Biodiversidad deberán acudir a declarar por presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte.
El Juzgado ha emitido un auto a raíz de lo solicitado por Pacma, en el que acuerda incoar diligencias previas y citar a ambos altos cargos del Ejecutivo cántabro a declarar como investigados el próximo día 12 de noviembre, de tal forma que les convierte en los primeros responsables políticos que deberán rendir cuentas penalmente por el cupo de caza del lobo ibérico aprobado por el Gobierno de Cantabria para la temporada 2025/2026.
Autorización para cazar
Desde el Partido Animalista explican que el auto judicial representa un "avance sin precedentes" en la defensa del lobo ibérico, ya que hasta ahora las resoluciones judiciales sobre este asunto se habían limitado al ámbito contencioso-administrativo, sin llegar a investigar responsabilidades penales.
Pacma acusa a los querellados de haber autorizado la muerte de ejemplares de lobo pese a conocer que su estado de conservación es “desfavorable e inadecuado” según los informes oficiales remitidos por España a la Comisión Europea, lo que podría convertir en ilegal cualquier autorización de caza o extracción. El partido denuncia además presunta falsificación y manipulación de informes técnicos para justificar dichas batidas, vulnerando el Derecho comunitario.
El auto judicial ordena acceder a la solicitud de pruebas del Partido Animalista, requiriendo al Gobierno de Cantabria el expediente administrativo completo relativo a la resolución del día 2 de abril de 2025, mediante la cual se estableció el cupo de extracción de lobos, así como un informe acerca de los peritos autores de cada uno de los documentos técnicos que consten en dicho expediente.
Por otro lado, la formación política subrayó la gravedad de que los tribunales del orden Contencioso-Administrativo estén denegando medidas cautelares basándose en informes elaborados por la propia Administración denunciada, sin que exista un control judicial efectivo sobre su legalidad o veracidad. Esta práctica, advierten, “consolida decisiones administrativas potencialmente delictivas y deja indefenso al patrimonio natural y a las especies protegidas”.
Desde Pacma esperan que la resolución establezca jurisprudencia para el resto de comunidades autónomas que, tras la legalización de la caza de esta especie, han comenzado a autorizar batidas alegando motivos económicos y relativos a los intereses de la ganadería y la caza.
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