Discrepancias por la presunta utilización del policía local de Limpias del vehículo municipal para fines personales
Un grupo de vecinos registró una denuncia en la Plataforma de la Autoridad Independiente de la Protección del Informante y el alcalde aseguró que carece de información o notificación sobre este asunto
Las discrepancias por la presunta utilización del policía local de Limpias del vehículo municipal para fines personales han surgido entre el alcalde Ignacio Sainz (PP) y un grupo de vecinos que ha presentado una denuncia en el canal externo de la Plataforma de la Autoridad Independiente de la Protección del Informante.
Los implicados, debido a que prefieren reservar su identidad ante posibles represalias, han optado por esta iniciativa y consideran que esta situación se viene dando desde hace años y en diferentes legislaturas.
A los pocos días, los vecinos implicados han recibido una contestación de la Plataforma en la que se dice que no son competentes en esta materia.
De hecho, hacen referencia a varias situaciones, y uno de los últimos acontecimientos hace referencia a que el policía local lleva, posiblemente, a su hijo a la Universidad a Santander. Para corroborar la acusación, ponen como ejemplo como el pasado miércoles, día 25 de febrero, llegó a la puerta del centro a las 7.50 cuando el estudiante entra al centro a las 8.00 horas. “Por lo tanto, no llegó a regularizar el tráfico al colegio de Limpias ese día”, señaló.
En otro de los casos, el policía local supuestamente utiliza el coche para trasladar a su domicilio a un administrativo, el finalizar la jornada laboral, a la parte del alta de Limpias donde reside.
Por su ni fuera poco, el agente, en horario de trabajo, ha aprovechado el coche para cortarse el pelo, aseguran, guarda el vehículo en el garaje de su domicilio, en Ampuero, y se traslada, ida y vuelta, hasta Limpias, su lugar de trabajo, lo que conlleva que no utiliza su coche particular.
A partir de este caso, los ciudadanos decidieron registrar la denuncia en la Plataforma y publicar la situación en los perfiles de Facebook de Limpias, donde sólo dio su consentimiento ‘Yo no soy de Limpias, pero me gusta el pueblo’, aunque luego se ha borrado.
De igual forma, los implicados recordaron que en su día el concejal Germán Alquegui Cano, se interesó por esta situación en un Pleno en la pasada legislatura.
Aun así, los vecinos también han realizado otras gestiones. Por un lado, informarron de lo sucedido al gabinete jurídico de la Delegación del Gobierno y ha pedido una reunión al delegado Pedro Casares (PSOE), para explicar unos acontecimientos sobre los que asegura tiene pruebas y fotografías que lo demuestran. Y por otro lado, se han dirigido a la Oficina de la Atención al Ciudadano del Gobierno de Cantabria.
Versión municipal
El regidor municipal Ignacio Sainz (PP), declaró que actualmente el Ayuntamiento carece de información o de notificación oficial sobre este asunto. “Por tanto, a falta de saber los términos exactos en los que está planteada dicha queja, desde el Ayuntamiento consideramos que lo prudente es esperar a tener suficientes datos antes de pronunciarnos”, indicó.
Hasta ahora, el alcalde comentó en el Ayuntamiento consta que el uso dado a todos los medios municipales es el adecuado a los servicios y funciones para los que están destinados. Y por lo tanto, en el momento en que existan indicios y pruebas materiales, desde el Ayuntamiento se tomarán las medidas necesarias, adelantó.
En cualquier caso, añadió, las quejas sobre el funcionamiento de cualquier servicio municipal son recibidas, atendidas y tratan de ser resueltas por parte de este equipo de Gobierno, siempre que se cumpla una premisa: el respeto en el planteamiento y hacia las personas a las que van dirigidas.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante, (AIPI), es un organismo público creado en España en 2023 a raíz de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Su función principal es proteger a las personas que denuncian irregularidades, fraudes, delitos o prácticas corruptas dentro de empresas privadas o Administraciones públicas para garantizar que no sufran represalias (despidos, sanciones, acoso, entre otros) por el hecho de informar.